AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad y promovida como la más segura del mundo para el turismo, San Miguel de Allende –lugar de residencia de miles de extranjeros, especialmente jubilados estadunidenses– ya perdió el encanto de la vida tranquila y pacífica. A lo largo de los últimos dos años el número de asaltos, extorsiones y violaciones se disparó. Los afectados han empezado a organizarse, pero las autoridades no les brindan el apoyo necesario.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO: Los habitantes de esta ciudad, promovida como “la mejor del mundo” en materia turística, no se han salvado de las acometidas del crimen organizado. Gran parte de la comunidad extranjera –unos 10 mil residentes, estadunidenses en su mayoría– ha sido víctima en los últimos dos años de delitos como robos violentos, extorsión y abusos sexuales.
La situación descrita se corrobora con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual a su vez reproduce el reporte de delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, instancia que se negó a proporcionar las estadísticas solicitadas por Proceso.
“Esto para mí es como una plaga”, dice Ruth Kear, residente de esta ciudad y cuyas propiedades han sido asaltadas cuatro veces en los últimos dos años.
Una de esas ocasiones, tres hombres encapuchados y armados irrumpieron en su estudio. Uno de ellos le encañonó la cabeza durante un largo tiempo. “¿Quieres la bala? ¿La quieres?”, le dijo el asaltante repetidas veces hasta que los tres ladrones huyeron con su botín: una computadora, dinero y un celular.
“Ese hombre que me apuntaba estaba tan cerca que podía olerlo… había mucho viento y algo se movió, una puerta. Creí que sería lo último que escucharía en mi vida”, cuenta Kear a la corresponsal.
En otra, dos hombres –uno con máscara de payaso– entraron a su casa mientras ella tomaba un baño. Su esposo fingió sufrir un infarto y posiblemente eso los salvó, aunque no se libraron de que los ladrones hicieran destrozos y se llevaran objetos de valor.
El sábado 15 Ruth Kear (de 60 años) estaba lavándose el pelo cuando escuchó la alarma que tiene instalada en su casa. Corrió a una ventana y desde ahí vio a dos encapuchados correr hacia la bodega del invernadero. Activó el botón de pánico, aunque unos vecinos llegaron antes en su auxilio. Dos policías municipales se presentaron minutos después, le pidieron algunos datos, dieron un vistazo alrededor de la propiedad y se retiraron.
Enamorada del campo sanmiguelense, Kear vivió varios años entre esta comunidad y su casa en San José de Gracia con toda tranquilidad. Pero en los últimos meses, sus vecinos y ella han sufrido estas irrupciones.
“Mi vecino tiene casi 15 años viviendo también en paz. Pero en los últimos dos años, cuatro veces han entrado en mi casa; con mi vecino dos veces y a la de otro vecino dos veces. ¡Es una plaga! Yo no puedo estar sin el botón de pánico colgado, necesito ponérmelo todas las mañanas, tengo sueños horribles…”
Índices ascendentes
Para esta comunidad que se precia de haber estado literalmente “en ceros” en varios renglones de la estadística delictiva años atrás, salta el incremento de casi 80% en violaciones sexuales entre 2012 y 2013. En 2011 fueron presentadas 29 denuncias por violación; al año siguiente bajaron a 23, pero en 2013 subieron a 41. En enero de este año ya iban cinco denuncias.
Las víctimas de extorsión también son más: pasaron de siete en 2011 a 19 en 2013 y 31 el año pasado.
Los datos del SNSP reflejan un incremento que en números no parecería significativo en comparación con otras regiones del país, pero sí en porcentaje: 40% más robos con violencia a vehículos, transeúntes y domicilios.
Entre 2012 y 2013 el número de delitos denunciados ante las agencias del Ministerio Público del Fuero Común aumentaron casi 28%, al pasar de 2 mil 271 a 2 mil 901.
La situación llevó a la creación del movimiento Sanmiguelenses Unidos (SU). En los últimos meses ésta se ha acercado a diversas instancias municipales y estatales con la idea de que se atienda adecuadamente a las víctimas de los delitos y para ofrecer colaboración directa en materia de prevención. Sus resultados han sido desalentadores.
En noviembre del año pasado representantes del grupo se reunieron con el alcalde Mauricio Trejo Pureco (PRI-PVEM), a quien le ofrecieron colaborar en lo necesario para frenar el aumento de actividades delictivas.
“Nos pidió que lo ayudáramos para que el Ministerio Público y los jueces no soltaran a los delincuentes que capturaba la policía y nosotros estuvimos de acuerdo en eso”, dice a Proceso David Bossman, otro extranjero residente de San Miguel.
Pero a medida que creció la agrupación se detectó una realidad: las comunidades rurales –donde vive gran parte de los extranjeros– y varias colonias de la periferia carecen de vigilancia, mientras la mayor parte de los recursos de la Policía Municipal se concentran en el Centro Histórico y las zonas turísticas.
“En el campo, San José de Gracia, La Cieneguita, El Paraíso, no hay ninguna vigilancia por parte de la Policía Municipal. Ninguna de las víctimas con las que hemos hablado ha visto un policía rondando, más que a veces alguna patrulla que pasa con las luces encendidas y ya”, señaló el vocero de SU, Javier Aguilar.
A finales del pasado febrero la agrupación solicitó formalmente una reunión con el subprocurador de Justicia, René Urrutia de la Vega; el secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, y el propio Trejo Pureco.
“Es nuestro deseo escuchar de su parte recomendaciones acerca de lo que nosotros como ciudadanos podemos aportar a la comunidad para devolverle la tranquilidad y seguridad que todos anhelamos… Sanmiguelenses Unidos es una organización preocupada por la inseguridad y ocupada en trabajar conjuntamente con las autoridades de la mejor manera”, dice el oficio que en esa ocasión dirigieron al subprocurador Urrutia.
El encuentro fue acordado para el viernes 7. La convocatoria de la agrupación se hizo abierta a través de su página en Facebook, pero el encuentro con los tres funcionarios fue a puerta cerrada.
Los requerimientos de SU fueron: más policías, más vigilancia y eficacia para procesar a los detenidos. El presidente municipal les informó que al menos este año no podría contratar a más preventivos y luego responsabilizó a los jueces de dejar en libertad a los delincuentes.
“La policía agarra a los rateros, los entregamos al Ministerio Público, éste empieza a levantar todo un expediente para llevarlo a un juez y ya luego ese juez es el que decide si ese ratero sale o no sale, que es lo que nos tiene indignados a todos los sanmiguelenses. El problema que hay es que la Policía Municipal sí está atrapando a los rateros y están saliendo por cuestiones de la ley. Entendemos que así es la ley, sin embargo creemos que los jueces pudieran hacer aquí en San Miguel un poquito más, un poquito más de análisis, ver reincidencias”, señaló el alcalde en entrevista con algunos medios al salir de la reunión.
Trejo pidió a los ciudadanos colaborar en la seguridad a través del esquema de Vecino Vigilante.
Insatisfacción
Una semana después del encuentro, en entrevista un grupo de representantes de la organización manifestó su frustración: “Estamos satisfechos con la atención que tuvieron con nosotros, pero no con el desempeño de la institución en general. No estamos para nada satisfechos con los resultados. El subprocurador no se quiso comprometer a nada, sólo a trabajar lo más que podía con los recursos con los que cuenta”, dice Aguilar.
Para Bossman la negativa del alcalde a la contratación de más policías es inaceptable: “Cuando hablamos por primera vez (con él), nos pidió que le ayudáramos a presionar al Ministerio Público para que mantuviera en la cárcel a los delincuentes que la policía detuviera. Nosotros estuvimos de acuerdo, le dijimos: ‘Está bien, pensamos que es necesario tener más colaboración en el Ministerio Público porque esta situación de la actuación de los jueces no es buena’. Pero le dijimos que necesitábamos su colaboración también con más policías en la calle.
“Nos dijo: ‘No este año’. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de dinero? Encontró dinero para la remodelación del teatro Ángela Peralta, encontró dinero para construir un nuevo aeropuerto. Sólo nos dan como opción entrar al programa Vecino Vigilante, pero éste no va a funcionar sin la policía”, añade.
En las reuniones del grupo y a través de su página de Facebook (a la cual se han adherido cerca de 2 mil 800 personas), SU ha llamado a sus integrantes y a otros ciudadanos víctimas del delito a presentar sus denuncias y acercarse a la organización a fin de que ésta los apoye y haya un registro de los crímenes “para poder exigir más y mejor protección a la policía”.
Pero algunas de las respuestas no han sido muestras de simpatía o solidaridad, sino amenazas. Por una de ellas, escrita en el propio muro de Facebook del grupo y contra tres de sus integrantes, se presentó una denuncia penal el jueves 20, la número 26078. Además se dio aviso al consulado estadunidense en San Miguel de Allende para enterarlo de la intimidación.
“Es importante lo que quiero decir: nadie va a intimidar a nuestra organización; al contrario, crece más y más”, advierte Bossman, quien dejó en claro que el propósito no es confrontarse con la autoridad, sino colaborar, incluso en gestiones ante el gobernador, Miguel Márquez Márquez.
Por su parte el mandatario panista declaró brevemente sobre el intento de amedrentar al movimiento de sanmiguelenses: “Que se siga con la averiguación, que se investigue y tienen todo el respaldo para que la paz y la tranquilidad de San Miguel de Allende no se pierdan”.
Tras los mensajes amenazantes, SU publicó este pronunciamiento el jueves 27:
“Anoche había decenas de personas en nuestra reunión, tanto mexicanos como extranjeros, para trabajar juntos y encontrar soluciones verdaderas. Otra vez le estrechamos la mano al gobierno municipal para decir claramente: Vamos a trabajar con ustedes para poner más policías en las calles de San Miguel. Decir que no, ¡simplemente no es una opción!
“Le agradecimos a la Policía Preventiva todo el buen trabajo que están haciendo. Entendemos que no es fácil, que no ganan mucho, que trabajan largas horas y que corren riesgos todos los días. ¡Nosotros los apoyamos a ustedes! También estamos trabajando para que tengan mejor sueldo y más apoyo (…) por favor, no malinterpreten nuestro mensaje. Vamos a trabajar juntos de manera pacífica para lograr soluciones constructivas. Pero, como grupo de residentes que representa a casi 2 mil 800 mexicanos y extranjeros que residen aquí en San Miguel, nos merecemos ser parte del proceso!
“Cuando ustedes consideran decisiones que tienen que tomar relacionadas con la seguridad, debemos… no, tenemos que ser considerados. Nuestras vidas, casas, familias, todos nuestros futuros son afectados directamente por la inseguridad aquí. El turismo sí es importante en San Miguel, pero ya estamos hartos de sentir que importa más el confort de los turistas que los derechos y la seguridad de nosotros que vivimos aquí… Hemos ayudado a hacer de San Miguel lo que es hoy en día. Protéjannos como protegerían cualquier otra inversión en el futuro. No podemos aceptar menos, cuando se trata de nuestra seguridad.”
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