AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa del Ejecutivo federal en telecomunicaciones y radiodifusión es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental ejercicio de anticonstitucionalidad de sus artículos.
Especialistas de diversos sectores –menos los más vinculados a los monopolios, a los concesionarios y al gobierno– coinciden en algo fundamental: la Ley Peña-Televisa es anticonstitucional. Va en contra de la reforma aprobada en 2013.
Han detectado, por lo menos, 23 violaciones a la Constitución en el cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México, que es un retroceso a los tiempos oscuros del estalinismo-priista para controlar los medios dependientes del erario público.
Es anticonstitucional por las siguientes razones:
1. Viola la noción de telecomunicaciones y radiodifusión como “servicios públicos” para concebirlos como “servicios de interés público”. Con ese simple cambio se cae toda la noción jurídica definida en la Constitución.
2. Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones– que se convierte en una instancia tutelada por el Ejecutivo federal y sus principales brazos ejecutores: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Hacienda.
3. Viola la liberta de expresión y de información establecidas en el artículo sexto constitucional al incorporar medidas de censura previa, de persecución e intrusión en las redes cibernéticas.
4. Viola la noción de “agentes económicos preponderantes” y los criterios antimonopólicos del artículo 28 constitucional. En la Ley Peña-Televisa todo lo relacionado con este punto está sesgado para proteger a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en su sector de mayor crecimiento: la televisión restringida.
5. Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la Ley Televisa de 2006 al reincorporar nociones como la subasta ascendente como criterio fundamental para otorgar las concesiones.
6. Viola los derechos de las audiencias al reducirlos a nociones vagas, generales, sin indicar cómo se defenderán y quiénes las defenderán claramente.
7. Viola los principios del artículo primero de la Constitución al marginar e ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
8. Viola el principio de neutralidad de la red establecido en la reforma constitucional de 2013 al convertir a los concesionarios en servicios de Internet en guardianes y extensiones policiacas del CISEN o de otras dependencias de seguridad nacional y seguridad pública.
9. Viola la esencia misma de la ley: no es un ordenamiento jurídico convergente. Al contrario, es divergente. Separa en dos grandes “sectores” o cárteles (telecomunicaciones y radiodifusión) al no concebirlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio, de Internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil). Impide el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital.
10. Viola el ordenamiento constitucional para que el “apagón analógico” se dé en diciembre de 2015. En el artículo 16 transitorio establece una prórroga hasta diciembre de 2017, “casualmente” en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018.
Estos son tan sólo algunos puntos.
La traición fundamental radica en el carácter claramente electorero de esta ley. En su mirada corta y en su evidente intención de engaño a los ciudadanos.
Al gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del Congreso en las elecciones del 2015. Si para ese objetivo deben rehacer su acuerdo y pacto con Televisa, con TV Azteca y con sus anexos que garantizan el control de la opinión pública, lo harán.
Por eso, esta ley busca fortalecer esa misma alianza que llevó a Peña Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa expandirse sin límites en el mercado de televisión restringida.
A América Móvil y al gigante monopolista de Carlos Slim, el gobierno federal pretende “compensarle” en otras áreas de los múltiples intereses de Grupo Carso, como son los energéticos y la construcción. No se dan cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra Televisa-Telmex.
Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común: los ciudadanos de las redes sociales. Es clara la animadversión hacia Televisa y al PRI en la mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se deformaron con Televisa. El PRI calcula que este sector les costó, por lo menos, 5 millones de votos en 2012.
No quieren repetir este fenómeno en 2015.
Por eso van contra el ciberactivismo y por constreñir al máximo el periodismo digital. Han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a escala nacional.
Ahí está la alta traición.
No se trata de democratizar el régimen de medios de comunicación y las telecomunicaciones ni darle acceso a la población a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa que esta ley acabe en la Suprema Corte de Justicia. Al menos, les permitirá que en 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la Cámara de Diputados y del Senado.
Y todo esto con la colaboración de varios políticos panistas y perredistas que ya se volvieron los “paraestatales” de la restauración priista.
Lo veremos en la discusión y en la aprobación del Congreso.
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