AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL.).
Durante los foros celebrados en el Senado a lo largo de la semana anterior para analizar la iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones (la Ley Peña-Televisa) se alzaron varias voces de advertencia sobre muchos puntos del ordenamiento que violan la Constitución. La lista de ilegalidades va desde la censura en medios electrónicos (incluida internet) hasta las prerrogativas que irregularmente se adjudica el Ejecutivo federal para dominar algunas áreas que no deberían ser de su competencia. En los foros, una voz buscó ser omnipresente y descalificar toda crítica, viniera de donde viniera: la del senador Javier Lozano Alarcón.
La Mesa Directiva le respondió a Lozano que “en antecedentes recientes (sic), el órgano de gobierno ha negado este tipo de solicitudes”.
La gestión económica de Lozano a favor de uno de los 49 representantes de consorcios y organismos civiles que participaron en tres días de maratónicos foros, contrastó con la vehemencia con la que él mismo se opuso a que los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el nuevo órgano regulador del sector, comparecieran ante el Senado, a pesar de las reiteradas peticiones de legisladores del PAN y del PRD.
En clara alianza con los priistas, en especial con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y con la perredista Alejandra Barrales, criticada en su propio partido por su sometimiento a la iniciativa del Ejecutivo federal, Lozano bloqueó la posibilidad de que los integrantes del IFT respondieran a las numerosas dudas existentes sobre las violaciones a la autonomía del organismo expresadas en la llamada Ley Peña-Televisa.
De los 49 participantes en los foros –con escasa presencia de los senadores–, 66% fueron representantes de los gigantes del sector: desde Televisa y TV Azteca hasta América Móvil, Telmex y Grupo MVS, así como las cámaras que representan los intereses de las empresas dominantes como la CIRT, la Canitec y la Asociación Internacional de la Radio, entre otras.
El último intento para que el Senado llamara a comparecer a los integrantes del IFT se escenificó en la sesión del pleno el jueves 3. Javier Corral, también del PAN, propuso un punto de acuerdo de “urgente resolución” para que acudieran los comisionados de “uno de los órganos de Estado más poderosos que se hayan construido en los últimos años”.
Corral argumentó que los legisladores no sólo quieren recibir “un escrito” con las observaciones de los comisionados. “Queremos el intercambio, la interlocución que merece esta legislatura que los votó con amplias facultades para regular a este sector poderoso económica y políticamente”, dijo en tribuna.
Con 40 votos adversos y 30 a favor, se desechó el punto de acuerdo y se turnó a comisiones. “Esta votación marca de alguna manera lo que vendrá”, sentenció Corral.
“El PRI tendrá votos tanto del PAN como del PRD para darle un barniz de pluralidad a la imposición. Hace ocho años, cuando se discutió la Ley Televisa, la bancada de senadores del PAN se partió en dos”, dice a Proceso.
También comenzó a observarse entre los perredistas una operación para modificar el rechazo original de la iniciativa del Ejecutivo a otra posición más moderada, que acepte cambios cosméticos. Los mismos integrantes del PRD señalan a Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como la operadora de esta estrategia.
Televisa-Carso, pleito de gigantes
Como se pronosticaba, la participación de los representantes jurídicos de Grupo Televisa y de América Móvil y Telcel, ambas de Carlos Slim, provocó un choque en la sesión matutina del jueves 3.
“Telmex nos ha visto la cara por más de 15 años”, sostuvo Luis Mancera Arrigunaga, vicepresidente jurídico de Regulación de Televisa, mientras que Joaquín Balcárcel, también representante legal del consorcio televisivo, negó que la iniciativa del Ejecutivo beneficiara a la empresa de Azcárraga Jean.
A la posición de Grupo Televisa contra Telmex se sumó Francisco Borrego, vicedirector jurídico de TV Azteca, quien confía, dijo, en que el IFT le ponga límites al monopolio telefónico.
Alejandro Cantú, de América Móvil, y Javier Mondragón, director jurídico de Telmex, criticaron la iniciativa presidencial por desincentivar la inversión de ambas compañías al obligarlas a “regalar” su red con los competidores.
Cantú reprochó a los senadores que “ciertamente en televisión de paga no hay condiciones de competencia y no las hay porque hay una barrera de entrada a que otros competidores podamos prestar esos servicios”.
En la iniciativa de Peña Nieto se le da plazo hasta 2017 a las compañías telefónicas de Slim para dar servicio de televisión restringida, dominado por Grupo Televisa, comentó el representante jurídico de MVS, Peter Bauer.
Irónico, Mondragón alabó la gratuidad para utilizar ahora las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por cable (must offer-must carry), “nomás que lo estuvieron cobrando 30 años, ¡eh!, cobrándolo tres veces. Entonces, no se entiende por qué las empresas de televisión por cable le pagaban a Televisa o a TV Azteca para que después esas empresas de televisión por cable aumentaran sus costos y se lo hubieran reflejado en los usuarios”.
También recordó que desde 2006 no se le ha permitido a Telmex ingresar al mercado del triple play, “y como no nos han permitido dar servicios no se justifica mucho la inversión adicional, para adecuar la red a las nuevas necesidades”.
Admitió que Telmex tiene una participación de 70% en el mercado de telefonía fija, pero advirtió: “todos somos de memoria corta”; “se nos olvidan muchas cosas, como el hecho de que se han invertido 30 mil millones de dólares en Teléfonos de México”.
En esa sesión del foro, una de las más concurridas, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya afirmó que los artículos 264 y 265 de la iniciativa presidencial “imponen medidas mucho más benévolas y accesibles para los agentes preponderantes en radiodifusión que en el sector de telecomunicaciones”.
En contraste con la posición de América Móvil y Telmex, Miguel Calderón Lelo de Larrea, vicepresidente regulatorio de Telefónica Movistar, afirmó que la iniciativa presidencial propiciará la inversión, beneficiará al usuario y promoverá mayor competencia.
Mientras en el Senado las empresas de Slim reiteraban sus quejas y advertencias de que la ley de Peña Nieto desmotivaría la inversión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, justificó el plazo de dos años para que Telmex y América Móvil accedan al mercado de televisión de paga.
Peralta negó que la iniciativa viole la autonomía constitucional y las facultades del IFT, y reiteró que se busca en la legislación secundaria “incrementar la efectividad del Estado como rector del sector de telecomunicaciones y radiodifusión”.
El protagonista
En los foros hubo varias voces críticas que coincidieron en los aspectos anticonstitucionales de la iniciativa: la censura previa en internet, el control de los medios públicos que se le confiere a la Secretaría de Gobernación y la orden a los proveedores de bloquear o inhibir comunicaciones en una determinada región.
Clara Luz Álvarez, especialista en telecomunicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, identificó 12 violaciones a derechos humanos y a la Constitución en la iniciativa.
El presidente del comité de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez, calificó la iniciativa como “un despojo a los derechos fundamentales” porque “pervierte la finalidad de la reforma constitucional”, debilita al órgano regulador, desfigura el principio de neutralidad de la red, ignora los derechos de las audiencias y a los medios públicos y de uso social.
Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, subrayó que la ley “confirma el deliberado propósito por neutralizar internet como herramienta para el ejercicio de las libertades y convertirla en un instrumento de control político”. En específico, señaló el artículo 145 que establece un mecanismo de censura previa.
La participación de los grupos más críticos no evitó que Javier Lozano, quien presidió todas las sesiones, regañara a los senadores y chocara con el dirigente sindical de Telmex, Francisco Hernández Juárez, a quien le reprochó: “Qué fácil es llegar a criticar todo. Tiene 30 años de líder y viene a criticar todo y no responde una sola pregunta”.
A los activistas vinculados al movimiento #YoSoy132 y a otras voces críticas, Lozano les dijo en tono admonitorio: “Está bien criticar, pero hay que proponer; no solamente criticar, descalificar todo, pararse e irse”.
En el mismo tono de regaño, la senadora Graciela Orozco, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, le respondió a Hernández Juárez: los priistas “no vamos a permitir que en nuestra tarea se interponga lo que es un conflicto entre empresas, que evidentemente el Estado mexicano debe regular para evitar que este conflicto de intereses afecte a los mexicanos todavía más de lo que me parece han sido afectados”.
Hernández Juárez acudió al foro un día después de que integrantes del sindicato de telefonistas organizaron un acto de protesta en el interior del Senado en contra de la ley del Ejecutivo. “Quieren obligar a la empresa a regalar sus servicios” y esto afectará las fuentes de trabajo, indicó.
Al concluir tres días de foros exprés, con versiones estenográficas incompletas en la página de internet del Senado –en el sitio de la Comisión de Comunicación– no quedó claro si los dictaminadores modificaron algo de la iniciativa presidencial o todo quedó para el desahogo de los grandes consorcios y el lucimiento del senador Lozano.
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