AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
La criminalización de la protesta social avanza en México, a pesar de que vulnera los derechos esenciales. Manifestarse en Quintana Roo, San Luis, Jalisco o el DF es ahora de alto riesgo
Que un activista, defensor o ciudadano ejerza acciones de resistencia civil o denuncie violaciones contra los derechos humanos es casi un deporte extremo.
Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos refirieron su preocupación por las iniciativas legislativas que se han presentado a nivel local y federal con las que se busca inhibir y limitar derechos básicos de los ciudadanos.
Derechos a la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación pretenden ser cercados con las iniciativas presentadas tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el DF.
En el informe “Control sobre el espacio público” presentado ayer, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Artículo 19, la RedTDT, Propuesta Cívica y, entre otros, denunciaron que se busca inhibir la protesta social fijando horarios y lugares para manifestarse.
O, también, prohibiendo usar ciertas vialidades, estableciendo la “responsabilidad solidaria” en actos ilícitos cometidos durante manifestaciones públicas y prohibiendo el uso de ciertas expresiones verbales o escritas.
En el informe “Control sobre el espacio público” se recomienda a las administraciones federal y estatales abstenerse de emitir medidas administrativas relacionadas con el espacio público “que no estén apegadas a los criterios internacionales de derechos humanos sobre la materia tanto del sistema ONU como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Protestas restringidas
Analizando el marco normativo sobre la legislación que criminaliza la protesta social y la libertad de expresión, el informe de 34 hojas toma en cuenta los criterios de la criminalización directa e indirecta.
Menciona la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas presentada por las bancadas del PRI, PAN y PVEM en el Senado el pasado 20 de noviembre, la cual “tendría aplicación concurrente en la Federación, las entidades federativas y los municipios”, pues pretende regular derechos fundamentales como el de manifestación, asociación, reunión y tránsito contenidos en los artículos 6, 9 y 11 de la Constitución.
Otra ley que se menciona es la de Manifestaciones Públicas para el DF, presentada por el diputado panista Jorge Sotomayor en octubre pasado.
La denominada “Ley Sotomayor”, indica el informe, rebasa las previsiones constitucionales e internacionales sobre restricciones legítimas a los derechos de libertad expresión.
Protestas criminalizadas
2013
> 8 diciembre
Frenan a 60 personas que protestaban de manera pacífica contra el incremento a la tarifa del metro; dos días después, aprueban iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal
> 1 diciembre
En la protesta 1Dmx vs. el 1er año de gobierno de EPN detiene a un grupo de 14 personas incuída una periodista plenamente identificada y varios menores de edad
2 octubre
En la tradicional marcha 102 personas son detenidas y 32 lesionadas; policías atacan a ciudadanos, defensores y periodistas que documentaban violaciones a derechos humanos
1 septiembre
Remiten a diversos Ministerios Públicos a ciudadanos detenidos arbitrariamente que protestaban en el marco del 1er. Informe de Gobierno
2012
> 1 diciembre
En el “1Dmx2012” se registran enfrentamientos entre policías y manifestantes afuera de San Lázaro. La CDHDF concluye en la Recomendación 07/2013 que las 99 detenciones (12 menores) realizadas ese día son arbitrarias e ilegales.
Otras iniciativas de control
> Ley de Movilidad del DF
> Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos
> La Ley de Quintana Roo
> Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí
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