AUTOR: ÉRIKA PAZ.
A decir de algunos especialistas, los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la ciudadanía, para garantizar la libertad de expresión y asegurar el derecho a la información, así como para fomentar la cultura, el desarrollo de la tolerancia, la promoción de actividades artístico culturales nacionales, entendiendo por ellas no sólo aquellos eventos financiados por los grandes consorcios de entretenimiento, sino también todas las formas de expresión que hasta ahora no encuentran foros de difusión.
Para varios estudiosos de la comunicación, los medios públicos tienen incluso mayor importancia para la construcción democrática que los medios privados. Estos últimos se definen en función del rating y su fin es el lucro y la mercantilización, objetivos que benefician exclusivamente a un reducido grupo de empresarios y a elementos de la clase política, mientras que los primeros debieran orientarse en función de los intereses de la sociedad.
Sin embargo, los llamados medios públicos existentes en México, son concebidos y confundidos con medios estatales, a los que, aunado a esto, se les priva de dos características fundamentales para lograr sus objetivos sociales: la independencia editorial y la autonomía de gestión administrativa.
Características, que de no ser defendidas impide el efectivo desarrollo de su papel democrático. Pese a que en la Ley general de Telecomunicaciones aprobada en junio de 2013, se contempló la creación y autogestión de medios públicos, la iniciativa de legislación secundaria de la misma propuesta por Enrique Peña Nieto, no sólo limita la autonomía de gestión y la independencia editorial de los medios sociales y comunitarios, sino que niega su viabilidad financiera al ceñirlos al presupuesto que la federación destine para su operación.
El debate por la democratización de los medios entre los principales actores políticos y en los medios de comunicación ha dirigido su atención a la competencia mercantil entre los medios privados y, sobre todo, respecto a la preponderancia de los concesionarios, Televisa y Telmex.
En tanto que a los medios privados se les permitiría comercializar más del 40% por hora de transmisión, a los medios públicos sólo se les “concedería” –únicamente mediante patrocinio– un máximo de cinco segundos. Además de que la redacción de la iniciativa no precisa el concepto de medios públicos. Tal ambigüedad perpetúa la confusión entre medios públicos y medios al servicio del gobierno.
Además, se siguen considerando los medios públicos como medios gubernamentales. Por ejemplo en los casos de Canal 22 o Canal 11, considerados medios públicos, su línea editorial se encuentra comprometida con la voluntad del gobierno en turno, pues es el poder Ejecutivo quien designa a sus directores.
En esta propuesta tampoco se definen expresamente los conceptos de uso social, comercial, privado y social, estableciendo el lucro como el “principal diferenciador”, dado que a los medios públicos se les impide obtener recursos y se les limita al presupuesto de la federación.
Por un lado la Secretaría de Gobernación tendría la facultad de ejercer todo el control, incluido el del internet, permitiéndosele así intervenir las comunicaciones privadas sin orden judicial de por medio y, por otro, podría ordenar a los concesionarios suspender operaciones en caso de que así lo disponga; lo que significa la legitimación de la censura a todas las formas de expresión por cualquier medio y dispositivo de comunicación vulnerando los derechos humanos de las personas.
En tanto que una gran parte de la población se encuentra en vacaciones de Semana Santa y Pascua, al Ejecutivo, en contubernio con los senadores de su bancada y una buena parte de las otras fracciones políticas con presencia en el congreso (PAN, PRD, PVEM), le interesa aprobar fast track esta legislación que contraviene la Reforma Constitucional de 2013.
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