AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Los resultados de la ASF son claros respecto a daños patrimoniales causados a Pemex por Oceanografía, pero la paraestatal ni los vio, ni los ha sancionado.
Sumada a una subcomisión para revisar el caso Oceanografía desde la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) volverá a andar sobre sus pasos, ya que el procedimiento se ha hecho antes, y con resultados que inculpan a la empresa ahora en cuestión.
La revisión que ha solicitado el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, sobre los contratos adjudicados a la empresa de Amado Yáñez, pasa por las auditorías que se hicieron durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo los resultados de entonces no frenaron la ola de adjudicaciones a favor de la naviera.
Ahora, ante la evidente polémica y las irregularidades, la ASF anuncia que revisará los contratos minuciosamente.
Los diarios Excélsior y El Universal hicieron inspecciones de documentos públicos acerca de las fallas detectadas en su momento en los contratos; de los ajustes que tuvieron los montos y las características de la licitación para privilegiar a Oceanografía.
Se ha comprobado también insistentemente en medios que esos privilegios venían por gestiones de los hijos de Marta Sahagún de Fox desde el sexenio de su esposo Vicente Fox y continuaron durante la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, Lozoya Austin, en entrevista con Mario Vázquez Raña para El Sol de México, dice que estas atribuciones solo son “rumores”.
Los antecedentes registrados por la ASF, revisados por Reporte Indigo, muestran que ese organismo veía a la empresa de Yáñez como un ente negativo, sobre el cual tenía reservas.
Los informes pintan a Pemex como un agente activo en la protección a Oceanografía, no solo desde la adjudicación sino desde el Órgano Interno de Control.
Ninguna de las solicitudes de sanción ni de daño patrimonial formuladas por el organismo auditor fue considerada por el Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex.
Aún ahora, tras el escándalo, la paraestatal guarda silencio sobre las fianzas que quedan por cobrar, las multas que nunca se fincaron y los funcionarios sobre los que no pesaron responsabilidades administrativas ni penales.
Pagos sin informes
La auditoría de cumplimiento a servicios generales realizada en 2005 sobre varios de los contratos firmados por Pemex Exploración y Producción, mostraba ya irregularidades por parte de Oceanografía.
La compañía de Yáñez atravesaba por una crisis financiera, que la llevó a aceptar a Martín Díaz Álvarez como uno de sus accionistas, en pago por haber reestructurado sus pasivos y haber inyectado dinero a la empresa.
En medio de este escenario, en 2005 la Dirección de Servicios Marinos de PEP le otorgó por adjudicación directa un contrato por 969.4 millones de pesos para rehabilitar y mantener plataformas con ayuda de un barco.
El contrato era transexenal, el barco debía dar servicio hasta diciembre de 2007.
El pliego de observaciones de Pemex sobre este contrato incluye una presunción de daño patrimonial por 662 mil pesos. La compañía emitió a Pemex una factura sobre los contratos, pero no detalló el IVA.
Otra auditoría también determinó que la empresa de Yáñez no entregó ningún informe final sobre los trabajos realizados, ya en el sexenio de Felipe Calderón.
El dictamen fue negativo. Pemex había hecho pagos a la compañía de Yáñez sin ningún documento que lo justificara.
Ese mismo año fiscal la ASF vio anomalías como parte de una auditoría solicitada explícitamente para revisar los nueve contratos firmados por Pemex con Oceanografía, que ya estaba siendo cuestionada por la cercanía de Amado Yáñez con los hijos de Marta Sahagún, la cual siempre fue negada por él.
Esta auditoría determinó que dos de las obras otorgadas a Oceanografía devinieron en que los finiquitos de los trabajos “no se elaboraron dentro de los plazos establecidos en los contratos”.
Esto sucedió en una adjudicación directa por 27.4 millones de pesos firmada en enero de 2005 y en una licitación pública internacional por 241.7 millones.
De acuerdo con un reportaje publicado en 2008 por la revista Contralínea, uno de los funcionarios claves en estos contratos fue Héctor Leyva Torres, subdirector de Pemex en la región Sur, quien ya no aparece como funcionario.
La naviera no presentó estimaciones de precio para un contrato que ganó por licitación internacional en mayo de 2005 por 385 millones de pesos, y tampoco del de 969.4 millones para plataformas marinas.
En septiembre de ese año ganó otra licitación por 241.7 millones de pesos. Presentó retrasos en la terminación, por los que Pemex debió multarlos con 405 mil 800 pesos. No lo hizo.
Al año siguiente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación nuevamente pidió que se revisaran los contratos otorgados a Oceanografía.
Les habían dado cuatro por licitación pública nacional en los meses previos. Fueron firmados en noviembre, sumaron 180.4 millones de pesos y versaron sobre la renta de varias embarcaciones para el transporte de materiales y personal.
Privilegios desde dentro
Auditorías desde 2004 encontraron anomalías en los contratos, los cumplimientos y multas no pagadas por la naviera ahora intervenida por Hacienda
El mantenimiento a las monoboyas de exportación de petróleo en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, le representó a Yáñez 27.4 millones de pesos en enero de 2005.
Su compañía pidió a Pemex que modificara “las características técnicas de velocidad de la embarcación y la fecha de inicio de los trabajos”.
La petrolera aceptó.
Con esto incumplió una condición “no negociable” que ellos mismos habían puesto en el contrato.
La Auditoría pidió que la instancia de control de la paraestatal fincara responsabilidades, pero el caso no afectó a la naviera.
Otra auditoría de 2006 halló que en el contrato de marzo de 2003 por 202.8 millones de pesos, sobre la renta del barco Millissa Candies, “funcionarios públicos de Pemex en su gestión limitaron la participación de proveedores de otros países para la adjudicación del contrato”.
En septiembre de 2004, PEP le otorgó un contrato de procura de tres gasoductos a Oceanografía. Si bien el monto inicial fue por 137.7 millones de pesos y 55.4 millones de dólares, con un plazo de ejecución 238 días, al final se pagaron 138 millones de pesos y 58.3 millones de dólares.
Este acuerdo fue irregular desde su firma. Se consideraron sus pagos por medio de un fideicomiso maestro de Pemex para unidades productivas, mientras este contrato no lo era, ya que no iba a generar ingresos extras a la paraestatal.
Mucho antes, en julio de 2004, Oceanografía había perdido una licitación de inspección costa afuera de la región marina de Pemex.
La compañía Diavaz ganó la licitación, pero luego de inconformarse ante varias instancias y hacer que se volviera a licitar, el contrato quedó dividido y le tocaron a la empresa de Yáñez 764.1 millones de pesos y 5.8 millones de dólares.
Mañas y mentiras
En enero de 2008 nuevamente la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados pidió que se revisaran los contratos relativos a Oceanografía durante el sexenio de Calderón.
Auditaron uno de 510.4 millones de pesos, adjudicado en febrero de 2007 para construir obras complementarias en plataformas marinas y otro de septiembre de 2007 por 4 mil 902 millones de pesos para hacer adecuaciones estructurales en instalaciones petroleras.
Este segundo fue pospuesto en dos ocasiones, la primera por 67 días y la segunda por 56 días, justificándose en las condiciones meteorológicas.
La Auditoría, sin embargo, determinó que en los meses que alegaron no hubo condiciones meteorológicas adversas. Tanto la empresa como Pemex habían mentido.
También lo hizo Yáñez en Texas. Presentó una demanda en Houston contra el proveedor Goodcrane Corporation, porque éste no entregó en el plazo acordado la grúa adquirida para la ejecución del contrato.
Alegó ante la corte estadounidense que Pemex lo había multado por los retrasos en el contrato. También era falso.
La ASF solicitó que se iniciara un proceso de responsabilidad administrativa contra los funcionarios responsables. La paraestatal no ha divulgado si esto sucedió.
Más aún, la Auditoría concluyó que Pemex desde 2008 debió rescindir el contrato y cobrar las fianzas por 64.6 millones de pesos.
Este contrato acarreó un posible daño patrimonial por 100.8 millones de pesos. Seis años después, apenas en 2014, la compañía fue multada con apenas 24 millones de pesos antes de que se descubriera el fraude a Banamex.
‘El caso Oceanografía es ajeno a Pemex’
El director de Pemex, Emilio Lozoya Austin respondió a Mario Vázquez Raña, del periódico El Sol de México. La primera parte de esta entrevista fue publicada este lunes. Hablaron sobre Oceanografía y aunque respondió todas las pregunta de Vázquez Raña, su actitud fue evasiva e incluso defensiva en cuanto al daño patrimonial que la empresa ligada con los hijos de Marta Sahagún, pudo haber causado a Pemex.
Reproducimos un extracto de la entrevista concedida a Vázquez Raña.
MVR: La corrupción es uno de los males endémicos de México y, por lo visto, también de Pemex. ¿Cómo es posible que el Comité de Auditoría, creado apenas en 2008, no alertara sobre la asignación de contratos a Oceanografía?
ELA: El conflicto que condujo a la intervención de Oceanografía por parte de las autoridades es un conflicto entre particulares, entre una empresa y un banco, y es, por tanto, ajeno a Petróleos Mexicanos. (…)
MVR: ¿De qué forma pudo Oceanografía traspasar tantos candados de seguridad financiera en Pemex? ¿Tan vulnerable es la paraestatal?
ELA: No podemos afirmar que Oceanografía vulneró lo que llamas los candados de seguridad financiera de Pemex. Mario, todos los pagos hechos por Pemex a Oceanografía responden a trabajos realmente ejecutados y están debidamente soportados. (…)
MVR: Emilio, ¿se ha terminado ya de cuantificar el daño patrimonial que sufrió Pemex por este caso? ¿A cuánto asciende y como garantizar que no se vuelva a producir?
ELA: En el caso del presunto fraude de Oceanografía a Banamex, no hay ningún daño patrimonial a Petróleos Mexicanos.
MVR: Señor director, sabe que en este caso se comenta insistentemente que los hijos de doña Marta Sahagún estarían involucrados totalmente. ¿Tiene información al respecto?
ELA: Mi querido Mario, también he escuchado muchos rumores, que no son más que eso. Mi obligación es únicamente esperar a que haga su trabajo la justicia mexicana.
La OIC de Lozoya miró a otro lado
En 2011 Oceanografía ganó un contrató para construir un muelle en La Paz, Baja California Sur por 229.6 millones de pesos.
El proceso de licitación inició como un concurso internacional, pero desde dentro de Pemex se allanó el camino a Oceanografía.
Declararon desiertos los procesos, hasta que la compañía quedó como la única competidora.
Esto llevó a que la obra iniciara “con un retraso de 2 años y 9 meses respecto de lo programado originalmente”.
En marzo de 2012 apenas llevaba 9 por ciento de avance, cuando debía tener un 71.4 por ciento. Ni Pemex ni el auditor externo habían sancionado a la empresa por estos retrasos.
También por este caso la Auditoría presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la paraestatal, pero las irregularidades no fueron mencionadas cuando la naviera fue inhabilitada por dos años el 11 de febrero.
Un año más tarde la ASF constató que las irregularidades se mantenían, pero el dictamen negativo por segunda ocasión no sirvió para que la empresa dejara de ganar contratos.
En diciembre de 2012, ya estando Emilio Lozoya al frente de Pemex, firmaron un contrato de ampliación de plazo para estas obras por 257 días, “lo que representa un incremento del 45.9% respecto del plazo original de 560 días”.
A la fecha de este convenio la obra debía estar terminada. Sólo tenía un 22.4 por ciento de avance.
Aun en julio del año pasado los auditores observaron “atrasos relevantes en la obra electromecánica, eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias”.
Las anomalías hacían que el muelle fuera inseguro. “Tampoco garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de transporte (ductos, marítimo y terrestre), ni asegura la transferencia de productos petrolíferos de las embarcaciones a los tanques de almacenamiento, con lo cual no se obtiene el beneficio de esta obra”.
Para la fecha en que Oceanografía fue inhabilitada, ninguna de estas observaciones había trascendido.
La compañía no había pagado ninguna multa por los retrasos en las obras.
Dos meses más tarde y aún bajo el control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no se ha informado que vayan a cobrarse multas por estas obras pendientes.
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