FUENTE: PROCESO. 29 ABRIL 2014
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace siete meses, el 19 de septiembre, Jaime Domínguez Pérez fue detenido y torturado por elementos de la Policía Estatal de Morelos por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos (PIM), megaproyecto auspiciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El sábado 26, el activista pudo presentar su testimonio ante Juan E. Méndez, relator especial de ONU, quien se encuentra en México —hasta el próximo 2 de mayo– a invitación del gobierno federal para evaluar la implementación de la nueva legislación procesal penal, la extracción forzada de confesiones, denuncias de tortura y uso del arraigo, entre otros temas.
Durante 20 minutos, Domínguez Pérez habló con el relator, a quien detalló su captura la mañana del 19 de septiembre del año pasado en la colonia Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, cuando con un centenar de personas reclamó a trabajadores de la CFE que realizaban labores para la construcción del gasoducto –que cruzará por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, a pesar de que tenían un acuerdo con el presidente municipal de que los trabajos estarían suspendidos hasta octubre de ese año.
Ante el reclamo, relató, policías estatales “del mando único” de Morelos, acompañados por personal con chalecos de la CFE, lo detuvieron sin orden de aprehensión y lo aislaron del grupo.
Luego lo jalaron del cabello y lo subieron a una camioneta, donde lo esposaron con las manos a la espalda y, sin acusación de por medio, lo trasladaron al sector de Cuautla que está en Tetelcingo; de ahí a la Torre Morelos en Cuernavaca, y luego a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
Dos días después, el 21 de septiembre, y luego de pagar una fianza de 610 pesos, fue liberado alrededor de las 14:00 horas a reserva de volverlo a llamar a declarar por los cargos de “amenaza, portación de arma blanca y lo que resulte”.
Cuando lo arrestaron, dijo, no le informaron la razón de su detención ni los cargos que se le imputaban, sin embargo, refirió que durante su encierro fue víctima de amenazas y maltrato, lo privaron de agua y alimentos, le propinaron golpes en los oídos y en diversas partes del cuerpo, lo mantuvieron incomunicado y esposado.
Esto último le ocasionó hinchazón y calambres en manos, brazos, hombros y espalda.
“No se me dijo la razón de mi detención ni los cargos que se me estaban imputando, sólo se me dijo que había un abogado de oficio y negué el servicio porque solicité la presencia de mi abogado particular”, relató Domínguez Pérez, quien también denunció que cuando solicitó llamar a su defensor le pusieron trabas.
Tampoco le brindaron atención oportuna cuando informó a los policías que es una persona hipertensa.
Según el afectado, esa información la proporcionó desde el principio y fue hasta el 20 de septiembre, un día después de su detención, que le proporcionaron la medicación.
Ello, abundó, fue posible gracias a la intervención de José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; de Samantha César, del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”; del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHM), Cuauhtémoc Magdaleno González y de Amnistía Internacional (AI).
Por si fuera poco, Domínguez Pérez afirmó que jamás cometió los delitos de los que lo acusaron.
“Nunca porto ni porté ningún tipo de arma blanca. Tampoco amenacé a ningún trabajador o funcionario.
“Además, quiero estipular que viví tortura física y psicológica por parte de los policías del Mando Único, teniendo graves afectaciones en mi salud, principalmente en mis oídos, dañándolos en 10% en el oído izquierdo y 40% de mi oído derecho, afectando mi capacidad auditiva.
“También tengo lesiones en cara y nariz, dolor de espalda, calambres en la espalda y manos, dificultad para respirar. Además de secuelas psicológicas por la agresión vivida”, acusó.
De las lesiones y secuelas de la tortura que sufrió, entregó al relator de la ONU certificados médicos.
Por su parte, Javier Enríquez, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, denunció que además de que el juicio de Domínguez Pérez no avanza, el Ministerio Público presenta como “lesiones” y no como “tortura” el daño infligido por los policías.
La CEDHM, abundó, no ha intervenido ni cuestionado a la autoridad por la tortura, y a la víctima no le ha aplicado el Protocolo de Estambul, una guía para que médicos y abogados investiguen si una persona ha sido torturada o no.
En cambio, le ha pedido a Jaime Domínguez los estudios médicos que le hayan hecho cuando “se supone que (la CEDHM) debería contar con médicos legistas que realicen su propio diagnóstico”.
El activista hizo énfasis en que la práctica de la tortura se incrementó 500% en el sexenio del panista Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto no ha variado. “Va en aumento y está muy crítica”, sostuvo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario