FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Luis Hernández Navarro (OPINIÓN)
Lujo, refinamiento y calidad son el sello de los vehículos Rolls Royce. Los tableros de varios de sus modelos están hechos con sangualica, una madera preciosa, dura y pesada, también conocida como granadillo, que crece en las costas michoacanas. Por su calidad y color, se utiliza también para elaborar paneles de yates y fabricar bisturíes e instrumentos musicales.
Considerado en México árbol en vías de extinción, enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con la categoría de especie protegida, su elevado precio y la gran demanda del mercado asiático han propiciado su saqueo y exportación ilegal.
En julio pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró precautoriamente en el puerto de Manzanillo dos contenedores con poco más de 39 metros cúbicos de madera de esta materia prima forestal que se pretendía enviar a China.
Como en tantas otras actividades ilícitas perpetradas en los 25 kilómetros de la región costera del municipio de Aquila, en la tala irracional de la sangualica y su venta a China continental está involucrada la empresa templaria. No es su único negocio en la región.
Por allí salen también, con el mismo destino, toneladas y más toneladas de hierro. Desde esas playas se llega y se sale de las partes más escarpadas de Tierra Caliente. En sus litorales desembarcan lanchas rápidas con cargamentos de coca provenientes de Colombia. En los ranchos privados asentados sobre la ocupación ilegal de territorios comunales aterrizan avionetas Cessna para trasladar armas y drogas.
En esas costas se disputan palmo a palmo y vida a vida la tierra, el territorio y los recursos naturales. De un lado, los comuneros nahuas de Ostula y 22 poblados cercanos; del otro, juntos o separados, están los pequeños propietarios privados, la empresa minera Ternium-Las Encinas SA (la segunda en importancia a escala estatal) y Los caballeros templarios.
Esta lucha arrastra medio siglo. Comenzó cuando en 1964, después de que sus tierras ancestrales fueron reconocidas por una resolución presidencial, fallas técnicas en los planos permitieron a los pequeños propietarios de La Placita invadir el territorio comunal y fraccionarlo. Esos invasores son hoy, con frecuencia, integrantes o aliados del crimen organizado en la región.
Es en el marco de esta resistencia sórdida y silente contra el despojo y la explotación que los comuneros de Ostula emitieron el primer ¡ya basta! en la región, anticipando las luchas de los comuneros de Cherán y las autodefensas de Tierra Caliente. El 13 y 14 de junio de 2009 se promulgó en esas tierras el Manifiesto de Ostula. Aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena, se proclamó que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios.
La recuperación de sus tierras y la organización de su policía comunitaria fueron enfrentadas por el narcotráfico y los caciques a sangre y fuego. En tres años fueron asesinados 32 comuneros y desaparecidos cinco más. El 6 de diciembre de 2011 fue torturado y asesinado el comunero J. Trinidad de la Cruz, Don Trino, después de una agresión a la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a pesar de que a 500 metros se encontraba un retén de la Marina.
La formación y expansión de las autodefensas en Tierra Caliente y su guerra contra los caballeros templarios crearon las condiciones para que los comuneros de Ostula se reorganizaran y recuperaran su territorio. El pasado 8 de febrero, un grupo de exiliados retornó a su comunidad, con el apoyo de grupos de autodefensa de los poblados vecinos de Chinicuila, Coahuayán y Coalcomán efectuaron una asamblea y acordaron reconstituir su policía comunitaria.
La policía comunitaria se distingue de los grupos de autodefensa en que está nombrada y sujeta a las decisiones de la asamblea comunal y debe responder a ella. En cambio, la mayoría de los grupos de autodefensa se forman por la libre asociación de sus integrantes, sin relación alguna con asambleas comunitarias, y sin ordenamientos acordados por ellas. El armamento, los vehículos y los recursos de que disponen los nahuas de Ostula son mucho más modestos y precarios que los que poseen las autodefensas.
A pesar del papel que los policías comunitarios han desempeñado en la lucha contra los templarios, el pasado 19 de marzo unos 40 efectivos de la Marina Armada de México, bajo el mando del comandante Alfredo Valdés de León, desarmaron a 14 policías comunitarios que resguardaban el pueblo de La Placita, hasta hace algunas semanas bastión de la delincuencia organizada, bajo el mando de Federico González Merino, alias Lico, y Mario Álvarez.
En respuesta, un día después alrededor de mil 500 habitantes del pueblo de Santa María Ostula y de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, junto con 300 policías comunitarios y autodefensas, cerraron durante dos horas la carretera 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas a la altura de la base y retén de la Marina Armada de México en el poblado de La Placita. Exigen que les sean devueltas las armas decomisadas.
La acción de los marinos contra los guardias comunitarios de Ostula forma parte de la ofensiva del gobierno federal para desarmar y desmovilizar a las autodefensas michoacanas. Pero es también un eslabón más en la ofensiva para golpear y desarticular a los sectores más politizados de la movilización indígena y ciudadana en Michoacán, aquellos que luchan por derechos históricos y que enfrentan grandes intereses, como el de las mineras trasnacionales.
La comunidad de Ostula ha pagado una enorme cuota de sangre por tratar de defenderse del crimen organizado y conservar riquezas naturales a punto de extinción como los árboles de sagualica. Al desarmar a sus guardias comunitarios el gobierno federal la está colocando en una posición de peligrosa indefensión.
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