AUTOR: CIRO PÉREZ.
Con la reforma energética ‘‘se pagará menos’’, se asegura. Deberá dar a conocer metodologías y dictámenes tomados en cuenta.
Esta determinación fue adoptada por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) luego de que, en respuesta a la petición de un particular, la Sener –por conducto de la Subsecretaría de Hidrocarburos– informó que los beneficios de la aprobación de esa reforma quedaron plasmados en la ‘‘iniciativa de reforma energética’’, la cual es pública y está disponible en Internet.
Para ello, la dependencia proporcionó un vínculo electrónico para consultar la ‘‘Estrategia Nacional de Energía 2013-2027’’, en la que, enfatizó, se presenta el diagnóstico y las necesidades del sector energético para dicho periodo, adjuntando varios documentos relacionados con la ‘‘propuesta de reforma energética’’, los cuales –según su dicho– sustentan los beneficios obtenidos tras su aprobación.
Tanto el peticionario como el Ifai consideraron insuficiente la respuesta, ya que proporcionó información diversa a la solicitada, pero no así los indicadores, la metodología y los dictámenes empleados para aseverar lo que se difunde en el portal electrónico de la Presidencia de la República.
Durante el trámite, la Secretaría de Energía declaró la inexistencia de los indicadores, la metodología y los dictámenes por los que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asegura que tras la reforma energética habrá en el país energía y gas a menor costo, además de inversión y empleos.
Sin embargo, en la investigación y análisis del caso, la comisionada ponente, María Elena Pérez-Jaén, advirtió que la dependencia no sólo incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que no turnó la solicitud a la Dirección General de Sustentabilidad, sino que dicha unidad administrativa es competente para conocer la información solicitada, porque es la encargada de evaluar el impacto sobre el balance de los programas de bioenergéticos, de elaborar y mantener actualizada la metodología para valorar las externalidades asociadas a la generación de electricidad y de proponer políticas en esta materia.
En ese sentido, concluyó que si bien la dependencia no está obligada a generar documentos ad hoc, lo cierto es que en atención al principio de máxima publicidad debió interpretar la solicitud a fin de favorecer al particular y hacer efectivo su derecho constitucional de acceso a la información.
Finalmente, la comisionada Pérez-Jaén subrayó que el exceso de información también conlleva a una desinformación. Esto, en alusión a los 17 documentos con los que la Sener pretendió dar respuesta al solicitante, como el índice de competitividad internacional 2013 y México ante la revolución energética del siglo XXI, entre otros.
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