AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Además, los consejeros del IFT consideran adecuada la regulación asimétrica en ambos sectores y en los agentes económicos preponderantes, de acuerdo con lo estipulado en la iniciativa del Ejecutivo federal.
A pesar de las constantes críticas de distintos legisladores y especialistas sobre la disminución de sus facultades y la presunta violación a la reforma constitucional de 2013, los integrantes del organismo autónomo no se pronuncian al respecto y sólo piden que se les deje la “flexibilidad necesaria” para el otorgamiento de las concesiones únicas.
Los integrantes del IFT niegan que se margine a las concesiones de uso social y reiteran la necesidad de que este tipo de figuras jurídicas sean autosustentables, sin fines de lucro, sin explotación comercial.
Incluso, se pronuncian a favor de que exista un porcentaje para la llamada “reserva del espectro”.
Sobre los medios públicos que, según la iniciativa de Peña Nieto dependerán de la Secretaría de Gobernación y no del IFT, los comisionados pidieron a los legisladores que se “cercioren de los criterios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, reglas de transparencia y rendición de cuentas.
La única crítica que, al parecer, dejaron entrever los responsables de la regulación en este sector, fue la relacionada con los derechos de usuarios y de audiencias.
En este tema pidieron al Senado que se incorporen algunos criterios que ya tiene el IFT.
La palabra más reiterada en el documento es “flexibilidad” para regular los mercados y que no se traten de establecer políticas públicas rígidas.
Asimismo, consideran que el mandato constitucional está “bien recogido” en la ley secundaria.
El texto fue entregado al senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicación. El IFT negó difundir una versión pública del documento, ya que se trata de “un asunto del Senado”.
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