AUTOR: RAÚL LINARES.
Y es que, a decir del defensor, ésta no reconoce el derecho de acceso a internet en toda su plenitud ni tampoco establece un código de derechos para los internautas; motivo que los vuelve objetos de la vigilancia y la censura gubernamental.
Esta mañana, Mancera, acompañado de Isidoro Ambe Attar, director comercial de Telmex –empresa que prestará el servicio y la plataforma de operaciones–, anunció que su gobierno “extenderá” y “abrirá” la red de internet en varios puntos de la Ciudad de México, con el fin de “optimizar los servicios administrativos”, promover la “participación ciudadana”, brindar “acceso generalizado a la información y comunicación”, sin importar las “condiciones socioeconómicas” de los capitalinos.
Para cumplir con estos objetivos, prometió que, a más tardar en el segundo trimestre de este año, suministrará servicio gratuito vía Wi-Fi, en lugares como la Alameda Central, la Plaza de la Constitución, el Parque México, la Plaza Garibaldi, los Viveros de Coyoacán y los Bosques de Tlalpan, Aragón y Chapultepec.
No obstante, para Robles Maloof, quien en los últimos días ha publicado una serie de artículos en los que ha denunciado el carácter autoritario de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, sobre todo para los usuarios de internet, el proyecto de Mancera no contradice, pese a sus buenos “ánimos”, la Estrategia Digital de Enrique Peña Nieto: “por una parte quiere hacer de México uno de los países más conectados en el continente, pero por el otro establece candados a la libertad de expresión y posibilita la vigilancia.”
“Todas las reformas que estos dos gobiernos han planteado para la criminalización de la protesta, todas esas reformas tienen su lado digital en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la Ley Amprofon y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque precisamente, lo que el régimen quiere inhibir, es reprimir la libertad la disidencia, coartar la posibilidad de organizarse, y restringir y controlar los medios de comunicación independientes”, acotó.
Como ha reportado Revolución Trespuntocero en las últimas semanas, el régimen de Peña Nieto ha comenzado a elaborar una serie de legislaciones, unas complementarias a otras, que buscan posibilitar la vigilancia, la criminalización y penalización de la información o contenidos que se suben a la web, ya sea con el pretexto de “violación a derechos de autor” o bien, por supuesto motivos de “seguridad nacional”.
Este entramado legal, complejo y de forma irregular, como lo calificó Antonio Martínez Velásquez, oficial de Article 19, paradójicamente también se ha integrado con políticas públicas que buscan la universalización de la World Wide Web, tales como la Estrategia Digital y o nuevas instituciones como la Asociación Mexicana de Internet.
Al respecto, el también integrante de la organización Propuesta Cívica, comentó:
“Lo que carecen las propuestas del Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, es que no contemplan el internet como un derecho y, en cambio, lo están pensando sólo como un programa social. Esto deja a las personas sujetas a un derecho agresivo y por el otro las deja completamente vulnerables ante empresas y gobierno.”
Por ello, recordó, que sin nuevos candados ni nomenclaturas que brinden garantías a los usuarios, éstas en lugar de otorgar beneficios, podrían convertirse en un gran dispositivo de vigilancia, censura y aplicación de la ley a discrecionalidad, sostuvo.
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