Se trata de las recomendaciones 1/2014 y 2/2014 dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Jesús Rodríguez Almeida, y a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), dirigida por Rodolfo Ríos, informó en conferencia Gómez Gallardo.
La primera versa sobre el caso de Marduk Chimalli Hernández Castro. De acuerdo con la investigación, la noche del 15 de marzo de 2013, el joven caminaba con sus padres por la colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, cuando fue detenido por policías de la SSP, por el presunto robo de un teléfono celular y un par de anillos. Le dijeron que, según la denunciante, el asaltante iba vestido como él.
Según la CDHDF, los policías lo detuvieron “ilegal e injustificadamente” y violaron sus derechos a la libertad y seguridad personales. En tanto, los de la PGJDF “no investigaron de manera adecuada” las acusaciones en su contra y sólo se limitaron “a ejercer la acción penal sustentándose en sólo un testimonio, violando con dicha omisión los derechos al acceso a la justicia y al debido proceso del agraviado”.
Por estos hechos, la Comisión recomendó a ambas dependencias la reparación integral al agraviado por daño emergente, lucro cesante y daño moral, adoptar las medidas necesarias y trámites correspondientes para darle la rehabilitación que requiera con la institución que elija y por el tiempo que sea necesario. Además, les pidió reconocer la responsabilidad en favor del agraviado y que se investigue la de los policías que lo detuvieron.
A la PGJDF en particular, le pidió que la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos realice un diagnostico técnico-jurídico de la averiguación previa FSP/B/T2/1133/13-05, que establezca una programación de la investigación, puntualizando y calendarizando las diligencias ministeriales, policiales y periciales que deberán practicarse para su debida diligencia.
Además, le solicitó dar vista a la Contraloría Interna en la Procuraduría para que se determine la responsabilidad y sanciones del personal ministerial de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco, entre otros puntos.
Tortura a familia de Tláhuac
La segunda recomendación emitida este lunes por la CDHDF, según la presidenta del organismo, Perla Gómez, es la 2/2014. Este caso se refiere a la detención arbitraria, uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de víctimas del delito, en contra de los integrantes de una familia de la delegación Tláhuac.
Los hechos sucedieron la madrugada del 11 de julio de 2011, aún en la administración de Marcelo Ebrard, cuando Miguel Ángel Mancera era procurador de justicia.
Fernando Aranda Escobar, Omar Vázquez Reyes, Josefina Vázquez Reyes, Jorge Escobar Reyes, Isabel Escobar Reyes, Karina de la Paz Guerrero, así como cinco niñas y niños, iban por una de las calles de la delegación rumbo a sus domicilios, luego de salir de la Feria de San Pedro.
Varios elementos de la policía preventiva de la Unidad de Protección Ciudadana Mixquic los interceptaron y detuvieron a varios de manera violenta con el argumento de que habían asaltado a golpes a una mujer que los denunció. En la agencia del Ministerio Público, algunos fueron torturados y no les informaron sus derechos ni el motivo de la detención.
La CDHDF determinó que los policías detuvieron de manera ilegal e injustificada a las personas agraviadas, violando con dichas acciones su derecho a la libertad y seguridad personales. Además, los agentes del Ministerio Público omitieron iniciar la averiguación previa correspondiente a la denuncia en contra de los policías.
Por ello, el organismo recomendó a la SSP y la PGJDF reparar integralmente a los agraviados por daño emergente, lucro cesante y daño moral, proporcionarles todos los medios para su rehabilitación física y emocional, que se reconozca su responsabilidad violatoria de derechos humanos, que se realicen las investigaciones contra los servidores públicos por las violaciones señaladas.
La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, informó que las dos recomendaciones fueron emitidas por la Primera Visitaduría. Confió en que sean aceptadas por la SSP y la PGJDF de manera integral y que tomen las medidas adecuadas para asegurar la reparación correspondiente a las víctimas.
“La finalidad de éstas y futuras recomendaciones será el fortalecimiento de un sistema legal e institucional que asegure plenamente el respeto, protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos de las y los que habitamos y transitamos en esta ciudad”, aseguró.
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