AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En el reporte de 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA –incluido en el informe general de la CIDH presentado en Washington el jueves 24– Proceso es un actor importante. El documento –último entregado por la colombiana Catalina Botero– entre otras cosas destaca y se congratula por la decisión judicial que favoreció al semanario en un litigio con la Secretaría de Seguridad Pública federal y también enfatiza la lucha que la publicación ha sostenido para el esclarecimiento del asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del semanario en su batalla contra la secrecía absoluta de una averiguación previa encabeza la relación de avances de México en materia de libertad de expresión, según el informe de quien fuera relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino.
En su último informe al frente de la Relatoría, Botero encomió el fallo de la Primera Sala de la SCJN a favor del semanario, el cual “impugnó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de clasificar como información reservada algunas constancias de un expediente relacionado con una queja contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya que entre otras razones, estarían ‘vinculadas con información de una averiguación previa’, que según la Procuraduría General de la República (PGR) estarían sometidas a reserva”.
El reporte de la Relatoría Especial se difundió el jueves 24 durante la entrega del informe anual de la CIDH relativo a 2013, realizada en Washington por la presidenta del organismo, Tracy Robinson ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA.
El reporte de la colombiana Botero –quien al concluir su informe terminó su gestión– hace referencia al juicio de amparo iniciado en septiembre de 2010 por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, contra la decisión de la CNDH de mantener en secreto el expediente por el cual exculpó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, de los agravios causados al semanario y a sus trabajadores.
El argumento del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva para no entregar la documentación al semanario fue que formaba parte de una averiguación previa abierta por la PGR.
La queja del semanario, desechada por la CNDH en agosto de 2010, denunciaba el montaje que organizó García Luna el 29 de julio de 2009 para presentar ante los medios a presuntos integrantes de La Familia Michoacana. En una mesa, entre armas, aparatos de telecomunicación, billetes y llaves de autos, los agentes federales colocaron ejemplares de la revista Proceso “como parte de los implementos con los que se movía la banda” .
Un día después, el portal de internet del diario El Universal difundió un video en el cual uno de los detenidos, Armando Quintero Guerra, El Licenciado, es interrogado por un agente federal sobre la compra de ejemplares del semanario por encargo de uno de sus líderes, Servando Gómez Martínez, La Tuta, ahora señalado como principal cabeza de Los Caballeros Templarios (Proceso 1893).
De la resolución final de la Primera Sala, tomada el 6 de febrero de 2013, el informe de la Relatoría cita la consideración de la invalidez del argumento de la CNDH para ocultar el expediente, “toda vez que no existe una adecuada ponderación entre los principios en juego (es decir), entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objetivo que busca con sus restricción, relativo al interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1956, ya en circulación)
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