AUTOR: Anayeli García Martínez.
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado el pasado 24 de marzo para su análisis y aprobación tiene un capítulo titulado “De la colaboración con la Justicia”, que dice que los concesionarios de telecomunicación están obligados a proporcionar la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo y que las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas.
La propuesta señala que se llevará un registro del control de las intervenciones de las comunicaciones con datos como nombre, denominación, razón social, domicilio, tipo de comunicación y servicio, fecha, hora y lugar del medio que fue intervenido, aunque precisa que se deberán adoptar las medidas de seguridad de protección de esta información.
Si bien en el documento se dice que los concesionarios podrán suspender el servicio de los equipos o dispositivos móviles en caso de robo e inhabilitarlos para su reactivación, también menciona que a petición de las autoridades se podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la “seguridad pública y nacional”.
Y es que el artículo 196 de la iniciativa presidencial dice que en casos de amenazas a la seguridad nacional como lo establece el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, los concesionarios están obligados a facilitar a las autoridades la obtención de información relacionada con cualquier comunicación o dispositivo de comunicación.
En el capítulo “De la colaboración con la Justicia” se hacen especificaciones sobre la regulación de internet al señalar que los concesionarios deberán prevenir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o “tráfico malicioso”, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones.
Los colectivos Internet Libre para Todos y Contingente Mx –que agrupan a internautas–, además de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica, calificaron estas propuestas como un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información en internet.
Artículo 19 hizo un análisis de la iniciativa y encontró relevante que el capítulo “De la neutralidad de las redes” contraviene los artículos 6 y 7 constitucionales, porque dice que se podrá bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición del usuario, cuando medie la orden de una autoridad o cuando sean contrarios a una normatividad.
En su análisis, la agrupación advierte ambigüedad en la redacción de la propuesta de ley porque quedan dudas sobre el control que tendrá el Estado, toda vez que ya de por sí la Ley de Seguridad Nacional permite que casi cualquier conducta se pueda considerar un acto desestabilizador, lo cual atentaría aún más contra la libertad de expresión.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), integrada por empresas de la industria del internet en México, también se manifestó públicamente a favor de una propuesta que regule lo menos posible a la red, fomente la movilidad, el desarrollo de aplicaciones e innovación, respete la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, y proteja los datos sensibles de las y los usuarios.
La AMIPCI hizo una serie de observaciones públicas en las que recomienda evitar intervenir o bloquear contenidos o servicios sin orden judicial, prohibir que los prestadores de servicios de internet monitoreen o filtren contenidos, y establecer condiciones para que éstos no sean considerados como responsables de la información ilegal transmitida por las redes.
En este contexto en el que el internet, las redes sociales, los blogs y las aplicaciones se han convertido en herramientas de protesta, de crítica y hasta vehículos para evidenciar corruptelas, activistas y grupos civiles convocaron a una marcha que partirá de Televisa Chapultepec al Senado de la República este jueves 10 de abril, a las 18:00 horas.
En esta misma dinámica, las organizaciones convocaron para el viernes 11 de abril, a las 11:00 horas, a una asamblea en el Teatro de la Ciudad para constituir el Frente Popular por la Comunicación Democrática, un colectivo que nace del movimiento estudiantil #YoSoy132 y que busca convencer a las y los senadores de modificar la propuesta del Ejecutivo.
El objetivo de estas acciones es que se expida una ley en la materia que garantice el derecho de acceso a internet libre establecido en la Constitución, y que se dé seguimiento a la iniciativa ciudadana “Internet Libre para Todos”, que firmaron 223 mil ciudadanas y ciudadanos y que fue entregada al Senado a inicios de 2013 como propuesta de ley para garantizar el derecho a internet.
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