El presidente municipal ingresó al reclusorio –también conocido como Mil Cumbres– alrededor de la medianoche del martes, horas después de haber sido capturado por autoridades locales y después de que fue certificado médicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Dicha dependencia acusó al priista del delito de extorsión en agravio de los 12 regidores que integran el Cabildo de Apatzingán, entre ellos Ramón Santoyo Gallegos, José Martín Gómez Ramírez y Ricardo Reyna Martínez, quienes lo señalaron como enlace de un grupo criminal para obligar a cada uno de ellos a pagar una cuota de 20 mil pesos mensuales.
Al dar a conocer la detención de Chávez Mendoza, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, precisó que Santoyo Gallegos, Gómez Ramírez y Reyna Martínez refirieron que fue el propio presidente municipal quien condujo a ellos y a los demás regidores al paraje ubicado cerca de la comunidad de Las Bateas del mismo municipio.
En ese sitió, agregó, “fueron recibidos por personal fuertemente armado, quienes les dijeron ser integrantes de un grupo criminal y que era necesaria esa cantidad de dinero (20 mil pesos mensuales) para apoyar en la compra de armas, no dejando otra opción a los ofendidos para entregar el recurso exigido, ocasionándoles un daño al patrimonio de los afectados”.
Castillo señaló que “gracias a la confianza de la ciudadanía”, la denuncia se presentó el pasado 6 de marzo, se integró la averiguación correspondiente y se obtuvo el mandamiento judicial que se cumplimentó el pasado martes 15.
Además de Chávez Mendoza, ayer también fue detenido el alcalde de Tacámabaro, Noé Octavio Aburto Inclán, por su probable responsabilidad en el delito de peculado cometido en agravio de ese ayuntamiento.
Según Castillo, quien el martes dio a conocer la orden de aprehensión, el 17 de octubre de 2012 Aburto Inclán “dispuso en provecho ajeno de una máquina Caterpillar propiedad del ayuntamiento, con valor de 2 millones 100 mil pesos, y para lograr su objetivo presentaron una denuncia por robo de la maquinaria, falseando sus declaraciones ante la autoridad”.
En relación con esos dos casos, José Manuel Mireles, líder del Concejo General de Autodefensas de Michoacán, señaló que todos los regidores están coludidos en el cobro de cuotas, “unos por amenazas del crimen organizado, otros porque les deben favores y unos más porque son parte de esta estructura criminal”.
Añadió que parte de los acuerdos del pasado lunes 14 con Alfredo Castillo fue ese: “Detener a todos los implicados y desarmar a los mandos y submandos de Los Caballeros Templarios para que ellos puedan recuperar el estado, regresar a sus hogares y reintegrarse al trabajo”.
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