AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El PAN está dividido en uno de los asuntos más importantes del sexenio: la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, duramente criticada porque propone censurar internet, entre otros retrocesos. Las posturas de la presidenta del panismo, Cecilia Romero, no fueron secundadas por sus legisladores, y ni siquiera logró el consenso para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el cual se debata la propuesta federal. Ante ello, subsiste el riesgo de que se apruebe una ley anticonstitucional.
Cecilia Romero, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del panismo, asevera que el principal objetivo de su partido es “evitar una confrontación con el gobierno, por los aspectos anticonstitucionales, que nos lleve a la Suprema Corte de Justicia”.
En entrevista con Proceso –tras la suspensión de las negociaciones legislativas, que se reanudarán después de las vacaciones de Semana Santa–, la dirigente advierte que tal como está la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto “hay serias preocupaciones sobre su anticonstitucionalidad”, y considera que lo mejor sería aprobarla en un periodo extraordinario de sesiones, a celebrarse después del miércoles 30.
“Va a haber mucha tensión en los próximos días. Lo primero es avalar la reforma político-electoral, luego la de competencia económica y la de telecomunicaciones, más la reforma energética. He hecho este planteamiento a dos legisladores panistas con el objetivo de analizar si hay tiempo suficiente para sacar adelante una buena Ley de Telecomunicaciones en un periodo extraordinario”, dice Romero, quien sustituyó a Gustavo Madero al frente del panismo cuando éste se lanzó a buscar la reelección.
Una posibilidad similar planteó el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, así como su homólogo del PRD, Miguel Barbosa. El martes 15 Preciado afirmó en rueda de prensa: “Por lo menos hay 20 puntos que no cumplen con la Constitución; de hecho hay un retroceso en el análisis jurídico que estamos haciendo en virtud de que se están desdiciendo (sic) de la Constitución”.
Un panista que tiene una visión distinta es el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y secretario del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Felipe Calderón. El jueves 10 hizo un llamado “respetuoso” para que “aquellos que se están desgarrando las vestiduras, en lugar de estar criticando la iniciativa, que es del presidente de la República, mejor se esperen a ver el dictamen que vamos a proponer en comisiones unidas”.
El legislador informó el martes 15, a través de su cuenta de Twitter, que avanzaba en el dictamen de dicha reforma. “Y así seguiré el resto de la semana para tener el proyecto el lunes 21”, escribió. Lozano ha reiterado que sí existen condiciones para aprobar la reforma en telecomunicaciones antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, el miércoles 30.
–¿Tiene prisa el PAN para aprobar esta reforma antes de que termine el periodo ordinario? –se le pregunta a Romero.
–Sí es una ley urgente. Hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa. No hay que ponerse en una situación de presión y sacarla mal, así que debemos analizar la posibilidad de que esto salga en un periodo extraordinario.
–¿Hay una presión por los tiempos?
–Sí, pero hay que combinar tiempo con eficacia, tiempo con calidad de la iniciativa y tiempo con constitucionalidad. Si no es posible sacarla bien en este periodo, debemos irnos al extraordinario.
–¿La preocupación más importante es sobre los riesgos de anticonstitucionalidad?
–Lo ideal es que sea una ley no anticonstitucional y que avancemos gradualmente para cumplir con la reforma de 2013. Debemos reducir al mínimo los riesgos de litigio. La intención es mantener el diálogo con el gobierno. Pero quiero ser muy puntual: no me interesan los grandes consorcios. No me interesa si uno está en contra y el otro a favor. Hay que ver qué interesa a las audiencias y a los usuarios. Eso es lo que me importa. Y debemos tratar de evitar una confrontación que nos lleve a la Suprema Corte de Justicia por aspectos anticonstitucionales de la iniciativa.
–¿Considera que hay violaciones a los derechos constitucionales consagrados en la reforma de 2013?
–Sí, hay aristas muy arriesgadas, como el bloqueo de señales de telefonía móvil por parte del gobierno. Ahí estamos contraviniendo la libertad de expresión y la privacidad. Es una herramienta demasiado peligrosa en manos del gobierno. Lo mismo en internet. Las restricciones al libre uso deben ser modificadas.
–¿Espera que haya cambios en éstos y otros casos?
–Por supuesto, esperamos que la iniciativa sea modificada en los asuntos más sentidos y criticados. Lo más importante es garantizar el respeto pleno a los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones. No podemos aprobar nada que afecte a los ciudadanos.
–Algunas voces han pedido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como ya hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se pronuncie sobre estos aspectos. ¿Usted lo considera necesario?
–Me parece muy buena idea. El Senado podría pedir su opinión sobre estas cuestiones. Pero, insisto, lo más importante es tratar de evitar que el sector quede paralizado por un conflicto de anticonstitucionalidad.
“Ni gerencia ni interferencia”
El 24 de marzo pasado, cuando se conoció la iniciativa del Ejecutivo federal, Cecilia Romero leyó un comunicado conjunto con su par del PRD, Jesús Zambrano, para advertir que la propuesta federal “no refleja el contenido de la reforma constitucional publicada el 19 de julio de 2013”.
Romero y Zambrano coincidieron: “El PRD y el PAN no aceptan que la Carta Magna sea violada y disminuida a través de las leyes reglamentarias. Por esto, el PAN y el PRD llaman a todos los que apoyaron o simpatizaron con la reforma de 2013 a exigir su respeto puntual”.
Al día siguiente de ese comunicado, los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado se desmarcaron de la posición de Romero. Javier Lozano incluso afirmó que la presidenta panista había sido “mal informada”.
–¿Cómo tomó usted esta decisión? ¿Influyeron especialistas o ya tenía usted acceso al contenido de la iniciativa del Ejecutivo? –se le inquiere a Romero.
–Esta propuesta se había estado preparando desde hace meses. Aun cuando estuvo aletargada teníamos información sobre partes del contenido. Había un equipo del PAN que estaba trabajando en el proyecto y lo conocía. Cuando se difundió yo consulté a especialistas y se decidió que había varios aspectos en los cuales, claramente, la iniciativa del Ejecutivo no concordaba con la reforma constitucional.
–Se manejó públicamente que usted estaba desinformada…
–Por supuesto que no la había leído completa, pero sí tenía muy claros los puntos de anticonstitucionalidad. No aspiro a ser una experta en los aspectos técnicos de la ley, pero confío en la capacidad de los legisladores y especialistas del PAN.
–¿Cómo está la situación interna del panismo frente a la ley?
–Hay una gama muy amplia de posturas entre los legisladores, que van desde aprobar casi todo sin cambios hasta no aprobar nada. Lo importante es encontrar el punto para evitar la anticonstitucionalidad.
–¿Hay distancia entre las posiciones de la dirigencia del PAN y los legisladores? Se le ha acusado también de interferir en los asuntos del Senado.
–Partido y bancada somos una misma institución. Trabajamos en conjunto. Esto ni es gerencia ni interferencia. Los legisladores forman parte de una bancada que defiende un ideario y un programa de partido. Debemos perfeccionar nuestra coordinación, en todo caso. Ahora, si no hubiera unanimidad en el voto de los panistas tampoco va a pasar nada. Lo deseable es que fuera toda la bancada con una posición única.
–¿Cómo influye en este debate la contienda interna por la dirigencia del PAN, que se disputan Ernesto Cordero y Gustavo Madero?
–Todos los que tienen una posición respetable respecto de la contienda panista deben mantenerla, pero las leyes no pueden ser afectadas por esta situación. La dirigencia partidista está al pendiente de que no se influya en las decisiones.
–¿Que la contienda quede al margen?
–Así es.
–El senador Javier Corral, del PAN, anunció el viernes 11 un frente contra las reformas al sector de telecomunicaciones, en el que participarán dirigentes como Cuauhtémoc Cárdenas y líderes de organizaciones civiles. ¿Cómo ve usted ese llamado?
–El senador Corral tiene libertad de hacerlo, pero no es la expresión institucional del PAN. Una cosa es que existan coincidencias en algunas posturas, pero no es esa la posición del CEN del PAN.
–¿Qué escenarios prevé después de Semana Santa?
–Debemos acelerar el paso. Va a ser complicado. Habrá mucha tensión porque en los próximos días deberemos aprobar la reforma político-electoral, la de competencia económica, la de telecomunicaciones y la energética.
El momento adecuado
La posibilidad de un periodo extraordinario para analizar la legislación energética es prácticamente un hecho, pero hay resistencias del PRI y del gobierno federal para aprobar la Ley de Telecomunicaciones después del miércoles 30.
En conferencia de prensa el viernes 11, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que “de ninguna manera existía el riesgo de que no se aprobaran” las reformas secundarias antes de que terminara el periodo ordinario:
“En lo único que creo que podemos irnos a un extraordinario es en la reforma energética. ¿Por qué? Porque todavía ni la Cámara de Diputados ni nosotros la tenemos. En las otras leyes, aunque haya una división en Acción Nacional, no va a ser motivo de que se fracture el Senado de la República”. De hecho, y de acuerdo con legisladores de oposición, el gobierno federal está presionando para que la iniciativa de telecomunicaciones se apruebe sin cambios sustanciales.
Ahora bien, la probabilidad de un periodo extraordinario crece en la medida que la segunda fuerza partidista en el Senado, el PAN, no tiene una posición unificada frente a la iniciativa peñanietista. La búsqueda del consenso interno puede retrasar el debate entre partidos.
Para aprobar su propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones el PRI necesita sus votos, los del Partido Verde y otros cuatro sufragios –que podrían ser de panistas o, incluso, venir de la bancada del PRD–, pero Gamboa Patrón ha insistido en que su partido buscará sacarla con “el mayor consenso posible”.
El escenario de una acción de anticonstitucionalidad, en tanto, es analizado por legisladores de PAN, PRD y PT tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
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