AUTOR: LUIS HERRERA.
Casi la mitad de la bolsa que llegó al gobierno estatal de 2009 al 2012 como presupuesto para el Seguro Popular de Jalisco, tiene irregularidades por malos manejos: suman más de 3 mil 890 millones de pesos.
Si bien tuvieron su episodio más grave en el 2012 con la utilización irregular de casi 3 mil millones de pesos, fueron, en realidad, una constante durante gran parte del sexenio del panista.
En el periodo 2009 al 2012 el Gobierno del Estado recibió de la Federación un monto global de 9 mil 303 millones 794 mil 200 pesos para la operación del Sistema de Protección Social en Salud (el Seguro Popular), pero los desvíos y la falta de comprobación del gasto imperaron sobre 3 mil 890 millones 804 mil 600 pesos de éstos, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es decir, que de cada 10 pesos que ingresaron a las arcas estatales para el Seguro Popular, cuatro terminaron siendo ejercidos de manera indebida durante esos años, de acuerdo al ente fiscalizador; de hecho, las cuatro auditorías que emprendió sobre la administración en ese lapso resultaron todas con dictámenes negativos.
Lo que hizo la autoridad estatal con la bolsa del sistema en el 2012, sin embargo, no tuvo parangón a nivel nacional: la ASF halló irregularidades sobre 2 mil 937 millones 146 mil 600 pesos, esto hizo de Jalisco el estado con la gestión más desaseada de todo el país en este programa federal.
En dicho año, en Jalisco se usaron fuera de norma más fondos del Seguro Popular que en el Estado de México (mil 778 millones 453 mil 500 pesos), a pesar de que éste recibe más del doble de la aportación jalisciense, casi 8 mil millones de pesos; y que en Veracruz, donde se observaron mil 403 millones de pesos de sus más de 4 mil 148 millones totales.
Durante los años 2009, 2010 y 2011 la ASF interpuso contra los gobiernos estatales del país cuatro denuncias penales ante la PGR por malos manejos del Seguro Popular (una para Sinaloa en 2010; tres en 2011: Michoacán, Sinaloa y Tlaxcala); solo en 2012, empero, presentó siete contra Jalisco por estos motivos.
No es para menos, si los trabajos de la ASF son certeros, el gobierno estatal desvió y dejó de comprobar el 96 por ciento de toda la aportación que recibió aquel año (3 mil 49 millones 767 mil 300 pesos).
Usos opacos
Hay cinco grandes rubros en los que puede clasificarse el ejercicio irregular de los recursos del Seguro Popular que detectó la ASF en Jalisco, en el periodo 2009-2012, sumando tres mil 890 millones 804 mil 600 pesos.
El más grave es el que tiene que ver con la realización de gastos y contrataciones sin documentación comprobatoria: son mil 969 millones 653 mil pesos, así que no hay certeza sobre el destino de la mitad de todos los fondos que llegaron a Jalisco (50.6 por ciento).
Después, el pago de trabajadores que no estaban relacionados directamente con la prestación del Seguro, como marcan las reglas, y otros conceptos de nómina tampoco considerados. A este rubro se dirigieron 991 millones 702 mil 900 pesos, una cuarta parte de la bolsa observada por la ASF (el 25.4 por ciento).
En tercer lugar, la adquisición de medicamento a sobreprecio, fuera del catálogo oficial o con deficiencias en su comprobación. En este sentido se utilizaron 775 millones 219 mil 900 pesos, el 19.9 por ciento de todo el fondo con malos manejos.
El cuarto gran rubro está clasificado por la ASF como el financiamiento de conceptos ajenos al Sistema, fuera de sus reglas y convenios entre la Federación y el estado, y que pudieron haber implicado la transferencia del fondo a cuentas bancarias con fines distintos. Hubo 130 millones 538 mil 100 pesos así: el 3.3 por ciento de lo señalado.
Finalmente, los rendimientos financieros que generaron los fondos del Seguro Popular durante su alojamiento en cuentas bancarias del Estado, y que no fueron ministrados a la Federación, aquí hubo 23 millones 690 mil 700 pesos (el 6 por ciento de lo observado).
La reincidencia
El Gobierno de Jalisco nunca corrigió las irregularidades sobre el manejo de los recursos del Seguro Popular en Jalisco, a pesar de que le fueron señaladas por la ASF ya desde 2009, las mantuvo e, incluso, hacía creer al órgano fiscalizador que actuaba para remediar estas deficiencias.
Por ejemplo, ese año la ASF advirtió al gobierno estatal que no había abierto, como debía, una cuenta bancaria exclusiva para el Seguro, por el contrario, usaba distintas para la recepción del fondo y otras como pagadoras, obstaculizando su fiscalización.
Las secretarías de Finanzas y Salud “no abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos 2009, las cuentas bancarias utilizadas para el programa fueron abiertas desde el 25 de abril y 19 de diciembre de 2007, respectivamente, y registran movimientos bancarios con mezcla de recursos de otras fuentes de financiamiento, lo que dificultó su revisión y le restó transparencia al manejo de los recursos”, dice el dictamen de 2009, y aúna:
“El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el oficio donde se instruye la apertura de una cuenta bancaria productiva específica y para que, en lo sucesivo, no se incurra en la misma falta, observación solventada por la entidad federativa”; esto, sin embargo, nunca se llevó a la práctica.
En 2012, igual que en 2010 y 2011, se repetiría el señalamiento: “Utilizaron una cuenta bancaria para la recepción de los recursos y siete cuentas para el manejo y ejercicio de los recursos 2012, lo que dificultó su revisión y le restó transparencia al manejo de los recursos y sus rendimientos financieros”.
También desde 2009 existió la compra de medicamentos a sobreprecio (129 mil 200 pesos) y de productos fuera del catálogo oficial (un millón 487 mil 600 pesos), y otros gastos no propios del Sistema, como un par de indemnizaciones por demandas laborales (199 mil 800 pesos) y salario de personal ajeno, una historia muy similar a la que se siguió detectando en los años posteriores.
Hacia 2012, sin embargo, el abanico de posibilidades irregulares para los que fue utilizado el recurso se amplió, transfiriéndose incluso al pago de obra pública sin autorización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así pasó con 200 millones 243 mil 612 pesos (66 millones 674 mil 421 pesos de éstos dirigidos a municipios).
Los recursos del Seguro Popular solo pueden usarse para nómina de su personal (hasta 40 por ciento); medicamentos e insumos (hasta 30 por ciento); prevención (al menos 20 por ciento); gasto operativo (hasta 6 por ciento); y Caravanas de Salud e Infraestructura, previa validación federal.
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