AUTOR: Angélica Melín Campos.
La secretaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Purificación Carpinteyro, agregó que de no hacerlo, podría ser sujeto a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y en consecuencia, ser inhabilitado hasta por 10 años para ocupar otros cargos e incluso, sujeto a juicio político.
La diputada Carpinteyro Calderón agregó que de no hacerlo, podría ser sujeto a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y en consecuencia, ser inhabilitado hasta por 10 años para ocupar otros cargos e incluso, sujeto a juicio político.
La legisladora sentenció que si Lozano Alarcón fuera prudente, ya se habría excusado.
“Si yo fuera Lozano, me la pensaría dos veces, porque existe, de que existe esa responsabilidad, es indubitable que existe una ley, evidentemente de responsabilidades de los servidores públicos que establece claramente el impedimento para legislar en la materia o para poder intervenir en materias que representan para ellos, para cualquier legislador un conflicto de interés, si es que su cónyuge o un pariente, trabaja en algunas de las empresas que están siendo reguladas, tal es el caso del senador Lozano”, alertó.
“Entonces, yo si fuera el senador Lozano, me iba con cuidado, porque la penalidad no nada más implicaría que él pudiera ser desaforado como senador y que pudiera ser inhabilitado y que sus expectativas de poder contender por la candidatura a la gubernatura del estado de Puebla quedaran truncas por el hecho de aventarse esta tirada”, sentenció.
De modo que si el legislador quiere beneficiar a un grupo televisivo para ganar “su favor” con miras a la contienda gubernamental en Puebla, añadió la legisladora del PRD, “no sería muy inteligente de su parte.
En caso de que el congresista no quiera dar marcha atrás, recalcó, la legislación quedará viciada.
Tras recordar que en su momento, durante la instalación de la propia Comisión de Radio y Televisión de San Lázaro, demandó la excusa del diputado del Partido Verde, Federico González, por sus lazos con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), indicó que el caso es el mismo para el panista.
Refirió que todo funcionario público está sujeto a los mecanismos de rendición de cuentas y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso del ex secretario del Trabajo, los supuestos de esa norma aplican porque está casado con Silvana Ponzanelli, directiva de la Fundación Televisa, lo que legalmente le impide participar en la dictaminación de las leyes secundarias en telecomunicaciones.
Indicó que al momento de tomar protesta, diputados y senadores se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la ley; aunado a que tienen claro que los lazos familiares y de consanguineidad hasta en cuarto grado, les impide tomar parte en asuntos en los que exista conflicto de interés.
La también secretaria de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro, advirtió que el panista, así como diputados federales que tienen lazos con empresas del sector, por ética y por ley deben excusarse. De no hacerlo, tendrán que atenerse a las consecuencias legales.
Añadió que seguramente los perredistas en el Senado interpondrán una denuncia ante las autoridades del recinto, a fin de esclarecer si Lozano Alarcón está impedido por conflicto de interés. En tal caso, si no se excusa, iniciaría el proceso de desafuero, para que sea sancionado conforme marca la ley.
La ex subsecretaria de Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseveró que en su caso particular no aplica el tema de conflicto de intereses, porque su puesto nada tuvo qué ver con el sector telecomunicaciones.
En cuanto a los aspectos negativos de la propuesta presidencial de leyes reglamentarias, recalcó que el proyecto parece haber sido diseñado para beneficiar a uno de los agentes preponderantes, es decir a Televisa, con una normatividad a modo.
Adelantó que el procesamiento de la ley en cuestión será complicado, porque implica intereses tanto políticos, como económicos, además de que está en ciernes una controversia constitucional.
En cuanto a si el PRD confía en que la dirigencia y los diputados del PAN mantendrá la postura de rechazo a elementos regresivos en la normatividad, la diputada Carpinteyro dijo que hay que preguntarse si la Comisión de Comunicaciones del Senado comparte o no los planteamientos de Lozano Alarcón, y si la dirigencia y los diputados del albiazul también lo hacen o se trata de un posicionamiento a título personal, como todo apunta.
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