AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Desde hace un año diversos grupos de ciudadanos de la región de Tierra Caliente decidieron tomar las armas para defenderse y expulsar de sus comunidades a los Templarios que desde hacía 12 años les cobraban cuotas por sus negocios, casas, tierras, ganado y comercios, y que a últimas fechas se llevaban a sus esposas e hijas como una especie de impuesto de pernada.
Las autodefensas salieron a la calle con armas de alto poder y enfrentaron a los Caballeros Templarios, haciendo lo que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hicieron. No sólo eso: también evidenciaron la existencia de un gobierno alterno encabezado por el crimen organizado, en complicidad con autoridades estatales y municipales.
A partir del 24 de febrero de 2013, cientos de hombres, mujeres, adolescentes y hasta niños salieron a las calles, en la zona de Tierra Caliente, e instalaron barricadas y realizaron funciones de vigilancia y seguridad.
Entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto envió a 10 mil policías y soldados a la zona a realizar labores de contención y vigilancia en los caminos de esa región michoacana. Las fuerzas armadas federales no hicieron ninguna detención de templarios, hasta que un año después las autodefensas decidieron avanzar hacia otros municipios con el objetivo de liberarlos del yugo de los criminales.
A principios de 2014 Peña Nieto dio un golpe de timón y decidió que ya era tiempo de detener a los líderes del crimen organizado. Para entonces ya había logrado lo que realmente le importaba: la aprobación de las reformas energética, laboral, educativa, y había avanzado en la de ley de telecomunicaciones.
Durante meses, las autodefensas hicieron la labor de investigación, persecución y hasta detención de los delincuentes, y liberaron territorios completos.
José Manuel Mireles sostiene que incluso fueron ellos quienes dieron la información precisa y detallada a las fuerzas armadas de dónde estaban los líderes de los Caballeros Templarios, como Enrique Plancarte, Nazario Moreno y Dionisio Loya Plancarte El Tío.
Hoy que las autodefensas mantienen la meta de seguir con la “limpieza” de Michoacán y exigen que se investigue a toda la administración del gobierno del priista Fausto Vallejo, el comisionado Alfredo Castillo anunció que serán desarmadas sin tomar en cuenta las consecuencias de esa decisión.
Las autodefensas han sido aliadas del gobierno de Peña Nieto en un terreno minado por la corrupción. Conocedoras de las historias personales y de la geografía de la zona, han estado al frente del combate del crimen organizado enquistado en el gobierno y la sociedad de Tierra Caliente. Aunque no se quiera reconocer, han hecho el trabajo rudo y difícil que no pudieron hacer las fuerzas federales en más de dos sexenios.
Hoy, en lugar de ser consideradas aliadas, las autodefensas son vistas como enemigos del gobierno, como un riesgo a la gobernabilidad, pero no por las armas que portan, sino porque representan una posible salida al control y dominio del crimen organizado en otras zonas del país.
Ese es el verdadero peligro de las autodefensas, la posibilidad de que la sociedad se organice y tome las armas para defenderse, ante la incapacidad del gobierno y el Estado mexicano de cumplir con una de sus principales razones de ser: la seguridad ciudadana.
Es por eso que se ha dado la orden de desarmarlas, hacer un bloqueo informativo y denostar su figura, acusándolas de tener vínculos con el crimen organizado, cuando los verdaderos enemigos son aquellos que colaboraron con los Caballeros Templarios y siguen manteniendo el privilegio de la impunidad.
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