FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.
Tras el quiebre de Mexicana, cientos de jubilados fueron privados de recibir su pensión. Rafael Ortiz es uno de esos empleados que tras años de laborar en la empresa aún se mantiene en la lucha por recuperar un derecho que, por ley, le corresponde.
Tras 28 años de trabajo como sobrecargo de Mexicana, Rafael Ortiz gozaba de su primer año de jubilación cuando recibió una noticia que cambiaría su vida por completo.
La aerolínea que llevaba operando desde 1921 dejaría de volar.
Sus sueños se vinieron abajo, junto con sus ingresos. Comenzó la angustia de buscar trabajo.
Rafael, como muchos otros empleados de la línea aérea, -activos o jubilados- fueron afectados directamente por el intempestivo cierre de la empresa, tras ser adquirida por Gastón Azcárraga.
Algunos, los menos, lograron encontrar empleo en empresas aéreas en Corea, China, Israel o Dubai.
Los más, tuvieron que echar mano de sus ahorros, vender casas, coches, propiedades y emplearse de lo que fuera para subsistir.
Como el resto de los 725 jubilados, Rafael recibió un tercio de su pensión el primer año del concurso mercantil, el cual se obtuvo de las ganancias de la MRO, empresa de mantenimiento de Mexicana.
Pero los dos años siguientes, le suspendieron a todos este derecho que, se supone, es irrenunciable y vitalicio.
Nunca más, hasta ahora, vieron un centavo de la pensión por la que trabajaron.
Un beneficio incobrable
Una de las conquistas laborales habían obtenido los empleados de Mexicana era un plan privado de pensiones.
Es decir, los hombres podían jubilarse a los 28 años de antigüedad y las mujeres a los 23 años.
Silencio cómplice
Rafael Ortiz sigue a la espera de que el gobierno se haga responsable del pago la pensión que le corresponde tras el cierre de Mexicana. No importa cómo. Ya sea con pagos mensuales como había estado recibiendo o a través de un fideicomiso.
Recuerda que desde el 2000, cuando la línea aérea era propiedad del gobierno se conformó un fideicomiso que debió alimentarse, pero que evidentemente no se hizo.
Cuando Gastón Azcárraga compró la empresa, tampoco fondeó ese fideicomiso y las autoridades nunca fiscalizaron que la concesión funcionara para proteger a los trabajadores.
Ahora, para fondear ese fideicomiso y garantizar el pago a todos los jubilados, se requerirán de mil 700 a 2 mil millones de pesos, calcula Rafael. Cantidad que debería tener ese instrumento financiero.
Adicionalmente, asegura, tendría que buscarse un mecanismo de inversión que garantizara el rendimiento de dichos recursos para que, eventualmente, el fideicomiso pueda ser autosuficiente.
La erogación mensual para los jubilados actuales oscila entre 16 y 17 millones de pesos.
Eso sin contar a los sobrecargos que decidan acogerse a la cláusula de pago único que establece el contrato colectivo por 15 años de servicio.
Aunque han sido escuchados por la Secretaría de Gobernación y la de Trabajo y Previsión Social, ninguna dependencia ha dado una solución concreta para los jubilados.
Apoyados por diversas agrupaciones sindicales y organizaciones civiles, los perjudicados mantienen un plantón permanente en las oficinas que tenía Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Rafael asegura que les prometen constituir un fideicomiso con los recursos de la MRO de mantenimiento de Mexicana y sus acreedores –Banorte, Bancomext y el AICM-.
“Pero no se nos dice cómo quedaríamos, si nos van a indemnizar o nos pagarían una pensión mensual”, remarca.
La realidad los alcanzó
El sobrecargo Rafael Ortiz, asegura que nadie se imagino que la empresa marca de México iba a dejar de volar.
Mucho menos, dice, con todo lo que había logrado en nuevas rutas y compra de aviones en los últimos años.
“Tuvimos la esperanza de que fuera transitorio”, indica. Pero con el transcurrir de los meses se dieron cuenta de la realidad.
La vida les cambió de un día para otro, asegura.
La mayoría de los jubilados tuvieron que vender sus pertenencias, sacar a sus hijos de las escuelas privadas, devolver sus casas y buscar trabajo.
Muchos empleados y jubilados como él, buscaron trabajo en Interjet, Volaris, Aeroméxico y Alas de América. La respuesta siempre fue no.
En este país, lamenta Rafael, un jubilado de 50 años y más no consigue empleo.
“Yo entregué más de 50 curriculums, y solo conseguí trabajo de repartidor de pizza por 4 mil pesos mensuales”, recuerda.
Para ellos, insiste Rafael, la situación ha sido muy complicada. Solo piden justicia y, que si hay alguien responsable, que se haga cargo.
“La vendieron a Gastón Azcárraga cuando ya el gobierno no pudo mantenerla, pero todos sabemos que esto fue un fraude planeado desde el mismo gobierno con los empresarios”, asegura.
Del jubilado destaca que en una ocasión Azcárraga les dijo que su contrato era muy oneroso y que debían bajarlo.
Los pilotos lo hicieron, indica, pero los sobrecargos no, porque su nómina apenas es el uno por ciento de todas las erogaciones que tenía la empresa.
Esa no era la solución para resolver los problemas financieros de Mexicana, pero fue el parapeto de Gastón Azcárraga para cerrar la empresa y culpar a los empleados, insiste.
Les cortaron las alas
Georgina Larriva laboró para Mexicana de Aviación desde 1981.
“Siempre se hablaba, desde que yo entré, que la iban a quebrar y nunca fue verdad”, recuerda. Hasta que una vez, sí lo fue.
Un día, asegura, sin decir agua va y de una semana a otra, le informaron del sindicato que se iban a suspender las actividades.
Sin la pensión que le quitaron –y que por derecho tiene- Georgina ha vivido estos tres años y medio de sus ahorros y consiguiendo trabajos ocasionales en la administración de bienes inmuebles.
Ella aunque es soltera y sin dependientes económicos, lamenta que muchas compañeras y compañeros hayan echado mano de sus bienes para subsistir estos años.
Pero no da marcha atrás. Junto con los otros jubilados sigue en la lucha por recuperar el pago de sus pensiones.
“No somos responsables de la falta de fondeo y supervisión del fideicomiso”, remarca.
La espera
Desde hace dos semanas, los jubilados de Mexicana esperan que el secretario general de ASSA, Ricardo del Valle, se comunique con ellos.
Les prometió llevarlos con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para hablar de su situación.
Confían en que el dirigente sindical cumpla su palabra y que el gobierno clarifique la situación de los jubilados.
El otro calvario de los trabajadores
La posibilidad de obtener una liquidación decente para los 8 mil 500 empleados activos de Mexicana, Click y Link, recaerá en la evaluación de los activos que haga el síndico nombrado por la SCT, Alfonso Ascensio Triujeque.
De ello dependerá que los pilotos, cuyo sueldo antes del concurso mercantil era de 50 mil pesos mensuales, obtengan una liquidación de 3 millones 500 mil pesos conforme a su Contrato Colectivo de Trabajo.
De no lograrlo, advierte Carlos Morineau, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), serán liquidados con una indemnización de quiebra -como marca la Ley Federal del Trabajo- y solo les tocarían 500 mil pesos, apenas el 14 por ciento de lo que debían recibir.
Si se quiere liquidar a los empleados conforme a su contrato, explica Morineau, se requerirá de un monto aproximado de 4 mil 752 millones de pesos.
Por lo pronto, presentarán un escrito para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que atraiga el caso de Mexicana.
Los trabajadores pugnarán por la recuperación de todos los bienes que les fueron sustraídos de la empresa como la base de mantenimiento, las marcas y el pago por el usufructo de las rutas y slots por parte de otras aerolíneas.
Tras la marca de Mexicana
La marca de Mexicana, un activo intangible pero de mucho valor, es hoy la manzana de la discordia.
Aerolíneas competidoras, hoteles y restaurantes ven en ella la posibilidad de posicionarse en el mercado mexicano con nuevos conceptos.
Interjet, Volaris y Aeroméxico hacen fila para saber si el gobierno la pondrá en venta y habrá postores para recuperarla.
Pero hasta ahora, la marca no está incluida en el proceso de quiebra de la aerolínea.
El inventor de la marca es Fernando Pérez Correa, pero el dueño es Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y es solo él quien puede rentarla, regalarla o venderla tanto a empresas nacionales como extranjeras.
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