AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El pasado 18 de febrero, al conmemorar ocho años del siniestro que dejó sepultados a 65 trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, Coahuila, el reclamo de sus familiares se patentó en el Senado de la República, donde los integrantes de la mencionada organización de víctimas acudieron en audiencia pública.
Luego de la exposición en el Senado, la diputada Loreta Ortiz llevó a su respectiva cámara el reclamo que hoy recibió el aval de la Junta de Coordinación Política.
El exhorto realizado en la Cámara de Diputados se suma a la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, que en días pasados negó un amparo a Industrial Minera México, la subsidiaria de Grupo México que es propietaria de la mina colapsada.
Grupo México, cuyo accionista mayoritario es Germán Larrea Mota Velasco –el tercer hombre más rico de México, cuya fortuna se estima en 16 mil 700 millones de dólares según la revista Forbes–, ha intentado por todos los medios impedir que se realice un peritaje para esclarecer las causas del siniestro y la muerte de los 65 trabajadores que hasta ahora se mantiene impune.
La operación de la minería de carbón, que en México se produce principalmente en Coahuila, ha sido letal y desde el colapso en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, a la fecha suman 172 trabajadores fallecidos en las diferentes etapas del proceso carbonero, de acuerdo a los casos acumulados por la Familia de Pasta de Conchos.
Durante la audiencia pública celebrada en el Senado en febrero, las familias de trabajadores mineros que han muerto o resultaron lesionados en las operaciones carboneras insistieron una vez más en que se prohíba la operación de tiros verticales conocidos en la zona como “pocitos” debido a la peligrosidad inevitable de sus estructuras.
Dicha prohibición fue mutilada de la reforma laboral de 2012. Hoy los diputados mencionaron también en el acuerdo, la necesidad de eliminar ese tipo de actividad extractiva.
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