AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) advirtieron que el Sistema intenta dar por “cumplida, en su totalidad, la sentencia”, aunque nunca lleve a cabo la indagación a la que está obligado para eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles acusaron que en todo caso el SPASEVM pretende realizar la investigación en total opacidad, de forma imparcial y contraviniendo el reiterado llamado de que especialistas ciudadanos participen en ella.
Y es que, según informó el Sistema, la pesquisa correrá a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009, y conformado sólo por dependencias federales. Los grupos civiles dijeron desconocer la existencia de tal mecanismo.
Rodolfo Domínguez, abogado litigante del proceso judicial para que se declare la AVG en el Estado de México, explicó que el pasado 9 de mayo el SNPASEVM informó al juez que “en términos de lo que considera el sistema” la sentencia debía darse por cumplida, ya que el 28 de abril, en sesión extraordinaria, se acordó iniciar la investigación de lo denunciado por las organizaciones ciudadanas, tal y como lo requirió en diversas ocasiones el Juzgado Noveno de Distrito.
De acuerdo con la notificación enviada al juez, la indagación la realizará el grupo creado en la séptima sesión ordinaria del Sistema celebrada en 2009 –cuando aún no se presentaba la solicitud de AVG para el Estado de México, lo cual ocurrió un año después–, y los resultados serán evaluados por un “grupo dictaminador”, instaurado con el mismo acuerdo. Ambas instancias están integradas por dependencias federales.
Opacidad gubernamental
Hasta ahora se sabe que el “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” (que según el anterior Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se debía crear para investigar la violencia feminicida cuando fuera admitida una solicitud de AVG), está conformado por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Mientras que el “Grupo Dictaminador” lo integran Segob, la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aunque se desconoce el nombre de las o los representantes de cada instancia.
María de Luz Estrada, coordinadora del OCNF, sostuvo hoy que la supuesta investigación en realidad es “una simulación más” de las dependencias federales, para no admitir que en el Estado de México se vive “una preocupante crisis de violencia de género” que en siete años, y de acuerdo con datos oficiales, cobró la vida de más de mil 500 mujeres, casos a los que se suman las innumerables desapariciones de jóvenes y niñas.
La experta argumentó que luego de tres años de litigio, espera, reclamos y de una constante negativa para iniciar la indagación, (bajo el argumento de que las activistas no acreditaban los requisitos para solicitar la AVG), al Sistema se le agotaron las alternativas jurídicas para negarse a investigar “y ahora lo que pretende es que (el procedimiento) sea a modo y sin transparencia”.
“Lo que preocupa”, agregó Estrada, es que al ser un grupo únicamente integrado por dependencias federales se tome como verdaderos sólo los datos que aporte el gobierno del estado, “que se limitará a informar sobre las supuestas acciones y programas que ha emprendido para detener la violencia de género, sin admitir que en realidad éstas no han abonado a mejorar las condiciones de vida de las mexiquenses”.
Alerta urgente
Estrada apuntó que más allá de buscar que la investigación se realice con la mayor transparencia e imparcialidad posibles, el OCNF reclama que se declare la AVG de manera inmediata pues existen las pruebas y elementos suficientes que demuestran que “todas las mexiquenses están ante el riesgo eminente de ser asesinadas o desaparecidas”.
Finalmente, María de Luz Estrada reiteró el llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a la Segob para que se incluya a las organizaciones civiles en la investigación, llamado al que se sumó Amnistía Internacional y que –acotó—se mantendrá alerta del proceso.
En 2010 la CMDPDH y el OCNF presentaron ante el Sistema una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Estado de México, misma que fue negada en enero de 2011.
En ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de la declaratoria. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la AVG.
En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, a lo que la Segob respondió con una queja cuestionando las facultades y alcances de la sentencia. La queja fue rechazada en marzo pasado por improcedente.
En agosto de 2013 el SNPASEVM dijo a organizaciones civiles que antes de solicitar una investigación por violencia contra las mujeres en el Estado de México es necesario que prueben que los ataques son sistémicos.
Más de mil 500 mujeres han sido asesinadas con exceso de violencia desde 2005 en el Estado de México, sin embargo, las autoridades federales y estatales se han negado sistemáticamente a realizar una investigación con enfoque de género porque consideran que primero es necesario que la violencia sea generalizada en ese territorio y no se concentre en 10 de los 125 municipios de la entidad, en donde han ocurrido la mayoría de los feminicidios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario