Esa inseguridad –dice en entrevista con esta agencia– le vino desde el día en que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) allanaron su hogar, la detuvieron, torturaron y presentaron ante los medios de comunicación como delincuente y, peor aún, como una de las líderes del cártel Jalisco Nueva Generación.
Con estas acusaciones a cuestas, el pasado 5 de mayo Claudia se presentó en rueda de prensa ante los medios para dar testimonio de la pesadilla que vivió. Sus razones son claras: “Si ellos ensuciaron mi nombre a través de los medios, yo también quiero utilizar los medios para limpiar mi nombre”.
La historia de esta veracruzana de 33 años es parte de la decena de testimonios que se presentaron al relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, quien estuvo en México para recabar información sobre un flagelo que sólo en 2011 generó mil 669 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Detención
La madrugada del 7 de agosto de 2012, entre las 3 y 4 de la madrugada, un comando de marinos irrumpió en la casa de Claudia, en el puerto de Veracruz. Al darse cuenta del allanamiento pensó que era un robo y despertó a su esposo, Isaías Flores Pineda, pero de inmediato los marinos rompieron la chapa de la puerta y entraron a la recámara.
“Yo les preguntaba por qué me estaban deteniendo, nunca me dijeron nada; posteriormente nos sacaron de nuestro domicilio”, cuenta a Cimacnoticias.
Ese día las fuerzas armadas dijeron buscar a alguien llamado “Edgar”. Ante la conmoción, la familia mostró sus credenciales de elector, pero aún así los esposaron y les vendaron los ojos.
Los agresores, dos vestidos de civil, uno con ropa negra y pasamontañas y dos más con uniforme de la Semar, le vendaron los ojos, la subieron a una camioneta y se la llevaron. La operación fue tan rápida que en 15 minutos llegó a la base naval del puerto.
En el lugar Claudia pasó una supuesta revisión médica donde le preguntaron sus padecimientos y le tomaron una fotografía; luego fue llevada a otra habitación donde le dijeron que debía inculpar a su esposo de ser miembro de la delincuencia organizada.
“Ahí se escuchaban los aviones. Estuve aproximadamente 36 horas incomunicada… luego empezaron a torturarme”, relata.
En esa habitación recibió amenazas, insultos, golpes, descargas eléctricas en los pies, fue violada sexualmente, le echaron agua y casi fue asfixiada; además la obligaron a lavar ropa de algunos marinos y después le pidieron que se bañara y se vistiera con ropa con polvo picante.
Estuvo un par de horas en una celda hasta que la Semar la trasladó junto con su esposo a la Procuraduría General de la República. A las 18:30 horas del 8 de agosto de 2012 fueron puestos a disposición de la autoridad que los presentó ante los medios de comunicación.
En las fotografías de la detención aparecen Claudia, su esposo y cinco hombres más, todos custodiados por personal de las fuerzas armadas; frente a ellos se ven granadas, drogas, armas de fuego, celulares y, entre todo el arsenal, su computadora y su cartera.
Luego de la exhibición mediática fue obligada a firmar un documento con su supuesta declaración.
El 11 de agosto de ese mismo año fue trasladada al Centro Preventivo de Readaptación Social Femenil en Cienaguillas, Zacatecas, y al día siguiente fue consignada por nueve delitos graves bajo la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/III/587/2012.
Sobre su esposo, dice que él está acusado de los mismos delitos que ella: “Ya no tiene el de delincuencia organizada –aclara–; al igual que a mí, fue torturado; no lo vi pero lo escuché; cuando nos hacían las descargas eléctricas escuchaba los gritos de él”.
Cuenta además que su esposo, conocido como “Cronos” cuando era policía y ahora acusado de ser el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, vive un proceso plagado de irregularidades, pues ya le practicaron un peritaje y el parte médico dice que presenta lesiones y marcas de tortura, pero el parte psicológico dice que no hubo tal.
Nueve delitos
Claudia, una vendedora de productos naturistas, casada y madre de tres hijos, fue acusada de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Área, posesión de cartuchos y delitos contra la salud por supuestamente llevar mariguana y cocaína, y por hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con estos delitos de por medio, el 19 de agosto de 2012 el Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, con sede en Boca del Río, le dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 186/2012.
Al rendir su declaración preparatoria no estaba su defensor de oficio, pero otra abogada le dijo que podía quedarse callada y no contestar las preguntas. Ella decidió contar todo. “En mí, dije, ¿por qué no voy a contestar? El que calla otorga y yo no tengo nada que ocultar”.
Pese a la inseguridad decidió contar todo lo sucedido: “A mí me daba temor, vergüenza, más que nada declarar que había sido torturada sexualmente. Decido hablar, pido una ampliación, ahí refiero todo lo que me hicieron, también refiero sobre la tortura sexual”.
Con apoyo de su abogado alcanzó fianza para seguir el proceso en libertad, luego de un ir y venir de su familia –que pasó una semana sin poder pagar el monto porque no tenía claridad de dónde hacerlo, si en Veracruz o Zacatecas–. El 21 de agosto de 2012 Claudia obtuvo libertad provisional bajo caución.
Sobre este proceso, narra lo que su defensor de oficio le comentó: “El me dijo que para ellos es normal, que todo mundo entra por delincuencia organizada, que a todo mundo le fabricaban delitos y trabajan rápido. Si hay que alcanzar fianza, alcanzan fianza, pero que el único estado que se ahoga en un vaso de agua es el de Veracruz”.
Claudia no olvida lo ocurrido. “En el momento que lograba conciliar el sueño vivía lo que pasó. Hasta ahora puedo decir que no es fácil; el daño que ocasionaron es irreparable, es una cicatriz que nunca se va a cerrar, va a permanecer así. Lo que me ha hecho salir adelante, alzar mi voz, pedir justica, son mis hijos”, afirma.
Ahora busca redimir su nombre ante la sociedad, ante su familia, pero sobre todo ante sus hijos. Respecto a su denuncia, precisa que la investigación es lenta y al parecer no hay avances. “Actualmente tengo conocimiento de que se dio vista al Ministerio Público Federal, y que se está iniciando una investigación ministerial”.
De repente Claudia habla y usa términos jurídicos, tiene un precario conocimiento del tema porque durante un tiempo trabajó en un Ministerio Público de su localidad haciendo tareas administrativas, empleo que abandonó por el precario salario y para dedicarse a la venta de productos naturistas
“No tomaba declaraciones, no tenía roces con las personas que se presentaban a denunciar o con las que estaban detenidas, lo que sí te puedo decir es que en ocasiones notaba muchas injusticias porque era muy fácil que una persona hablara por teléfono y decir: ‘necesito que se consigne este expediente’, sea responsable o no sea responsable”.
Para ella su caso es uno más de injusticia donde la autoridad buscó a quién echarle la culpa de lo que pasa en el estado. “Considero que detrás de nuestra detención hay muchos clientes porque para Veracruz, a raíz de nuestra detención, se resolvieron todos los problemas”.
A Claudia, su esposo y sus supuestos cómplices se les acusó de ser parte del cártel más temido, de ser los provocadores de la violencia y de paso se les adjudicaron los asesinatos de periodistas que cobraban auge, aunque ella dice que de esta última acusación no hubo una imputación formal durante el proceso.
La Procuraduría General de Justicia estatal informó a los medios que esta célula criminal era presunta responsable de los asesinatos de Ana Irasema Becerra Jiménez, publicista del periódico El Dictamen, y Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de la página web Veracruz News y del periódico La Voz del Sureste.
Denuncia
Ya en libertad condicional, en octubre de 2012 Claudia levantó una queja ante la CNDH y un mes después buscó el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Además el 9 de julio de 2013 la CNDH le practicó nuevamente el Protocolo de Estambul –procedimiento para determinar si hubo tortura–, en el cual se concluyó que presentaba claros rastros de haber sido víctima.
Ahora acompañada por el Centro Prodh, la mujer pretende dar una batalla legal hasta que se reconozca que fue víctima de abuso de autoridad, detención arbitraria, allanamiento de morada, incomunicación y tortura.
El primer paso ya lo dio: presentó su historia ante el relator especial de la ONU Juan E. Méndez, quien estuvo en México para recabar información y elaborar un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Claudia también se presentó ante Amnistía Internacional y ahora junto con sus abogados diseña una estrategia legal para librarse del último cargo que se le imputa: portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“En Veracruz me siento insegura, siento que es una vida que no se puede retornar, es una inseguridad tanto para mis hijos como para mí”, advierte.
“Definitivamente voy a aprender de esta lucha; pido justicia, no voy a parar, así me demore muchos años, pero voy a lograrlo con la ayuda de mis abogados, de mis compañeros, hasta que paguen las personas por lo que me hicieron”.
Concluye con una afirmación: “Vamos a ser honestos, no tengo ni una certeza de si puede haber justicia; es una lucha, es navegar contracorriente, contra personas que no son humanitarias, que dicen ‘eres culpable’ y se acabo. Sé que va a ser muy fuerte pero puede ser que, con una de tantas personas que tome nota, se logre justicia”.
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