AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
La petición original de la oposición era la desaparición de los organismos electorales estatales y la creación de una única estructura nacional; lo cual desde luego se enfrentó a la oposición del tricolor y, particularmente de los gobernadores surgidos de sus filas, que no estaban dispuestos a perder el control de los mismos.
La alternativa fue ceder la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de estos organismos al Consejo General del INE y centralizar una serie de atribuciones, pero abrir la puerta para delegarlas a los OPL, con lo cual se concreta el peor de los escenarios: se mantienen las dos estructuras; se elevarán los costos de la organización electoral, pues obligan al INE a crear una nueva unidad y burocracia; y los gobernadores priistas lograrán su objetivo de mantener el control.
La simulación se consuma con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que precisa la distribución de funciones y define el procedimiento para la designación del consejero presidente y los seis consejeros electorales de los OPL; en dichas normas el PRI aseguró la captura de los organismos electorales estatales, lo cual les permitirá no únicamente mantenerla en los estados donde son gobierno sino incluso extenderla al resto de las entidades.
La disposición fundamental para ello está en el inciso h del artículo 101, al establecer que se requiere como mínimo el voto aprobatorio de ocho de los 11 integrantes del Consejo General del INE, con lo cual el tricolor tiene en sus manos la decisión, ya que le bastará instruir a los cuatro consejeros que logró colocar (Proceso 1953) para vetar a cualquiera de los candidatos propuestos por la Comisión de Vinculación. Es obvio que este poder de veto fortalecerá su capacidad negociadora y la utilizarán para asegurar una integración favorable de los consejos estatales.
Todo indica que el remedio será peor que la enfermedad; la oposición impulsó la reforma porque los órganos de gobierno de los organismos estatales estaban capturados por los gobernadores, particularmente en los estados donde el PRI tiene hegemonía de más de 80 años, pero la legislación resultante les asegura mantener y extender ese control.
La oposición se deslumbró porque los consejos locales y distritales del extinto Instituto Federal Electoral mostraban una composición más equilibrada que los consejos de los órganos estatales, pero no pudo notar que las condiciones eran distintas: primero, los gobernadores se preocupaban por capturar a los órganos que incidían directamente en la gobernabilidad de su entidad, es decir, los estatales; y segundo, la integración de los consejos del órgano federal estaban influidos fundamentalmente por las dirigencias partidistas.
Seguramente se mantendrá dicha realidad: los gobernadores no se meterán en la designación de los consejos locales y distritales del INE; pero mantendrán su interés en los consejos de los OPL y, por ende, presionarán a los representantes de los partidos para que su composición les asegure el control. Y en los estados donde el PRI no es gobierno, será la dirigencia nacional priista la que se preocupará por lograr dicha integración y se asegurará (como ya lo hizo en la integración del Consejo General del INE) de contar con los votos necesarios para mantener el dominio.
Además de que las nuevas disposiciones generarán condiciones de competencia más desventajosas para la oposición, también pueden provocar más conflictos poselectorales y desconfianza ciudadana en la autoridad, pues en el pasado las disputas en las elecciones estatales se percibían totalmente desvinculadas de los resultados electorales federales; pero ahora será exactamente al contrario, pues la percepción es que existe una sola estructura electoral que organiza las elecciones federales y estatales, por lo cual será difícil desvincularlas.
El riesgo se agudizará en las elecciones presidenciales, pues en 2018 se elegirán en el mismo día, al menos al jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán, entidades complicadas y que ya tuvieron, al menos, una alternancia en el Ejecutivo. La combinación de resultados electorales muy cerrados en la contienda presidencial con conflictos postelectorales en las entidades federativas puede ser fatal para la legitimidad del próximo presidente.
Por lo pronto, el Consejo General del INE tiene hasta el próximo 30 de septiembre para designar a los consejeros presidentes y consejeros electorales de las 17 entidades que celebrarán elecciones el siguiente 7 de junio. Los tiempos permiten establecer periodos cómodos para cumplir con cada una de las etapas del procedimiento: emisión de la convocatoria, periodo de inscripción, revisión de requisitos, integración de las listas de 35 candidatos para cada uno los consejos y desde luego, la designación de los 17 consejeros presidentes y los 102 consejeros electorales.
El primer forcejeo por el control de los OPL se dará en los siguientes días, en la integración de la Comisión de Vinculación con dichos organismos, que según señala expresamente el párrafo 5 del artículo 42 se integrará por cuatro consejeros electorales “designados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.” Esta primera integración será fundamental, pues será la responsable de integrar los consejos de los 32 OPL y desde luego, de darle seguimiento a las tareas de los mismos durante el próximo proceso electoral.
La integración y presidencia de dicha Comisión permitirá vislumbrar el peso que ejercerá el PRI en este Consejo General y, más allá de los procedimientos formales, la designación de los primeros 17 consejos estatales será fundamental para definir si la reforma fue un avance o un retroceso en la pretendida construcción de la democracia electoral. Hasta el momento, los textos de la reforma constitucional y las nuevas disposiciones secundarias, así como la integración del Consejo General del INE arrojan un saldo negativo.
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