AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
Para las miles de madres que aún buscan a sus hijos, las nuevas cifras de desaparecidos dadas a conocer por la autoridad parecen más un intento por disminuir el impacto del problema.
Así es como Leticia Hidalgo Rea trata de no desfallecer, ni enloquecer.
Ella coloca en el centro de su mente y de su vida a su hijo Roy Rivera Hidalgo, a quien busca desde hace más de tres años.
El 11 de enero de 2011, el joven de 18 años, en presencia de su madre y de su hermano, de 16, fue desaparecido por un comando armado que ingresó a su domicilio.
Sus plagiarios portaban uniformes de la policía de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, e ingresaron con violencia a la casa. Esa madrugada los encapuchados tomaron también los objetos de valor que encontraron. Al hijo mayor de Leticia, su “niño”, como le llama, se lo llevaron a la fuerza.
Para los demás, Roy es una estadística. Un desaparecido más.
Uno de esos 24 mil 800 a los que aludió el pasado 20 de mayo, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
O uno de esos “más de 13 mil”, a los que se refirió un día después Jesús Murillo Karam, en una reunión privada con familiares de las víctimas.
O un desaparecido más de esos 8 mil que mencionó el secretario de Miguel Osorio Chong, hace una semana, durante su comparecencia ante las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación.
Ahora dicen que son solo 8 mil.
Nadie supo bajo qué criterios o metodología se aterrizó la nueva cifra que avivó la polémica y causó indignación a las familias de los desaparecidos.
Porque a Leticia las cuentas no le salen. A la profesora que abandonó su labor profesional para dedicarse en cuerpo y alma a buscar a su hijo, estudiante de Filosofía de la UANL. La suma no le da.
En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, Leticia Hidalgo dice a Reporte Indigo que su familia se ha topado con todo en contra. Con la frustración, con la indiferencia.
Por eso la última noticia de que se han comenzado a “ajustar” las cifras de las víctimas de la violencia en México no la consuela.
Parece que se busca desaparecer a los desaparecidos.
Leticia asegura que las autoridades pretenden reducir esta tragedia que no han podido frenar y que no han tenido la voluntad requerida para resolverla.
Ayer se supo que la PGR y la Segob podrían ser requeridos por escrito para informar al Senado sobre los resultados que estas dependencias tiene en el tema de las desapariciones.
Juan López, asesor legal de Fundem, considera que es deseable la Cámara Alta pida “datos específicos sobre la metodología utilizada para reducir en mas de dos tercios el listado original de personas desaparecidas que la propia Segob dio a conocer en febrero de 2013”.
Amnistía Internacional pidió también que en días próximos se dé a conocer un documento oficial y público que indique claramente la metodología utilizada para llegar a la cifra de los 8 mil desaparecidos.
“El periodo que abarca y, en caso de haberlas, las lagunas de información que impidan conocer con mayor precisión la magnitud de este fenómeno”.
Un día después de la renuncia del subprocurador Ricardo García Cervantes, la PGR hizo públicas 28 recompensas para localizar a personas desaparecidas en el país. Un millón 500 mil pesos a quien pueda dar información nodal para dar con el paradero de cada una de las personas desaparecidas.
‘Es muy triste’
Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, otro joven desaparecido, tiene su propia opinión sobre esas cifras.
“Es muy triste que de esa manera es como están dando a entender que ya los encontraron”, dice.
En su opinión, están “ajustando” la cifra a conveniencia sin tomar en cuenta que se habla de personas, “no de perros ni papeles”, cuya desaparición impacto la vida de cientos y cientos de familias.
Ella pide a las autoridades hagan trabajo de campo y que presenten cifras que coincidan.
Que digan exactamente quiénes, cuándo y dónde están las personas localizadas.
“Si efectivamente ya encontraron a esos 15 mil que están borrando, pues que nos digan cuáles porque de los nuestros –de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas…– quiero que me digan uno solo que ya lo hayan encontrado vivo o muerto”, exige.
Yolanda recuerda a su hijo Dan Jeremeel. Tenía 34 años cuando fue desaparecido de manera forzosa a fines de 2008.
Desde el 19 de diciembre de ese año su familia y sus cinco hijos, no lo volvieron a ver.
Dan nunca llegó a recoger a una de sus hijas en casa de una compañera ni tampoco a su madre, quien lo esperó en vano ese viernes negro en una estación de autobuses de la ciudad de Torreón, Coahuila.
La policía estatal informó a su familia que el teniente Ubaldo Gómez Fuentes fue detenido con el auto de Dan. Él luego delató a cuatro cómplices más, entre ellos otros dos militares.
Los tres militares detenidos fueron asesinados. Hoy solo queda vivo un involucrado que sigue prófugo y que constituye una de las únicas esperanzas para saber el paradero de Dan.
Yolanda cuenta que desde entonces “navega contra corriente” pues desde el sexenio anterior le advirtieron que estaba prohibido hablar del Ejército.
Los familiares urgen registro nacional
De acuerdo con la Ley General de Víctimas los encargados de establecer un Registro Nacional de Desaparecidos en México son los comisionados que integran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Uno de los responsables de coordinar esto es el comisionado Julio Hernández, quien informa el Registro ya pasó de la fase de planeación a la de implementación.
“Hay muchas listas de víctimas en nuestro país, el trabajo consiste en sistematizarlas y crear una sola, que es precisamente el Registro Nacional de Víctimas”, explica, para que se alimente de todas las bases de datos.
Es un arduo trabajo no sólo para ubicar el número actual de desaparecidos sino, por ejemplo, “el número exacto de homicidios que tampoco está determinado”.
El trabajo arrancó desde enero pasado cuando comenzó a funcionar la CEAV en forma. A los estados, comisiones de derechos humanos, instancias judiciales, les han pedido saber si cuenta con un registro, en qué sistema computacional lo tienen, quién lo administra. Tales datos servirán para determinar qué plataformas de software y hardware usarán, para establecer vínculos entre las instancias locales y las federales.
No es un trabajo de horas sino que ha llevado varios meses reunirlo, comenta Hernández quien estima quizá podrán tenerlo listo en el primer semestre de 2015.
Recuerda que en la federación hay varias listas la de la Segob, la de la PGR, la de la CNDH, así como de los organismos civiles. Y precisa que la lista de los más de 26 mil desaparecidos se hereda de la administración anterior, que no se entregó de forma oficial sino que se rescata de los cálculos hechos en el pasado sexenio.
“Es lógico pensar que esa lista no se encontraba adecuadamente depurada. No tengo ningún elemento para contradecir ni la lista del secretario de Gobernación, ni la lista del procurador ni la lista de la CNDH, sería aventurado decir que la Comisión está con alguna de esas listas o que no está de acuerdo con esas cifras”.
Por ello, el objetivo actual es hacer un trabajo pormenorizado, cotejando nombre por nombre de cada víctima. Al respecto hace una solicitud:
“Le pediría a la ciudadanía que nos tengan un poco de paciencia… que nos den tiempo para hacer una lista en la que puedan confiar”, dice.
Promete que la misma se elaborará con máximo cuidado, se buscará que la base de datos sea segura, “incluso que esté a prueba de hackers y de funcionarios deshonestos” puesto que contendrá “información muy sensible para las personas”.
El abogado coautor de la Ley de Víctimas explica que no están haciendo una mera lista estadística sino “una lista de historias, donde se pretende conocer qué está haciendo el Estado por cada víctima, cómo avanzan los casos, qué estímulos reciben, qué derechos les han cumplido, cuántas autoridades han actuado inadecuadamente”.
Y adelanta que no todas las dependencias cuentan con registros antiguos, “esto es variable”.
El gran reto de la CEAV es contar con un registro fiable que, según el comisionado, permitirá determinar la responsabilidad del Estado “porque en esta base de datos tendremos también violaciones a derechos humanos. Podremos saber cuántas desapariciones fueron en manos de la delincuencia común y organizada y cuántas fueron forzadas, es decir, donde el Estado tuvo alguna clase de intervención”.
Se dice fácil pero entraña una gran complejidad. En cualquier caso, al parecer, la última palabra en torno a las cifras la tendrá la CEAV, como manda la ley. Esta comisión es la autoridad encargada de hacer el registro nacional de víctimas y ahora el balón está en su cancha.
‘No saben cuántos son’
Juan López Villanueva ve con preocupación el reciente ajuste de las cifras de desaparecidos que se hizo por parte del Gobierno Federal.
Observa que el Estado mexicano, consciente o inconscientemente parece apostar a disminuir más que a reconocer la magnitud del problema.
El asesor legal de Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), destaca el carácter subrepticio del Estado mexicano sobre un dato que debía ser del conocimiento público según el grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada o involuntaria de personas.
Una de sus primeras recomendaciones es contar con este registro nacional de desaparecidos para saber quiénes son, dónde desaparecieron, por qué, sus características, señas particulares, en fin, tener su perfil completo para luego poder atacar las problemáticas.
López lamenta aún estas sugerencias no se contemplen en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y también que el Estado no reconozca la magnitud de los hechos, cumpliendo con las recomendaciones de la ONU de marzo de 2012 y del Sistema Internacional de Derechos Humanos.
Varias críticas le han llovido a la Cámara Alta por no saber cómo abordar la información proporcionada en días pasados por el ombudsman, y el secretario de Gobernación. El primero aludió a 24 mil 800 personas en calidad de desaparecidos y el segundo lo ubicó en una cifra tres veces menor.
Para López esto refiere que el Estado mexicano no está buscando a las personas desaparecidas porque, entre otras razones, no saben cuántas son.
Frustración, rabia, y ninguna respuesta
Su madre cayó en una profunda depresión. Su padre lo abandonó a su suerte. Su pareja se llevó a su hijo.
A Adrián Domínguez Rolón lo desaparecieron de manera forzada un jueves de febrero de 2011.
A partir de esa tragedia, la vida de su familia se dividió en un antes y un después. En lo emocional, en lo económico, en lo físico…. nada volvió a ser igual.
La frustración, la rabia, el desasosiego son las constantes que persisten en medio del dolor que lo fragmentó todo.
El policía federal, de 33 años, fue asignado al operativo Michoacán Seguro. Dos días antes de terminar su encomienda fue secuestrado por sus propios comandantes en Uruapan.
Ese jueves 17 de febrero, alrededor de las 5 de la tarde, Adrián hablaba con su tío, a quien le comentó estaba a punto de bajar a comer al restorán del hotel donde se hospedaba. Fue entonces que la comunicación se interrumpió y nunca más volvieron a contactarlo.
Su tío, Víctor Rolón, asegura que el comandante Teodoro Bonfil obstaculizó la búsqueda de Adrián y aún no se cuenta con ninguna línea de investigación sobre su desaparición forzada, la cual ha sido documentada por Human Rights Watch (HRW).
El pasado 23 de mayo Adrián cumplió 36 años. Su primogénito tiene ahora tres años, pero no tiene cerca ni a su padre ni a su familia paterna. Su madre decidió alejarlo de ese núcleo familiar. No se sabe por qué.
Solo saben que ella -que también es policía federal- ha tratado, sin éxito, de hacerse de una pensión para su hijo. En teoría ese es un derecho que le corresponde, pero el pequeño tiene un padre que yace en ese extraño y oscuro limbo de los desaparecidos.
Una triste búsqueda
“Destruyen los planes de la gente y eso es terrible”, dice el tío de Adrián que viene a México cada tanto para hacerse cargo de la búsqueda de su sobrino.
Víctor Rolón tenía 26 años viviendo en Houston, Texas y ahora se ha vuelto el encargado de dar seguimiento al caso que dividió a su familia.
“Ya perdí casa, carros, todo lo perdí en estos tres años”.
No da crédito a que la propia policía federal no haya hecho nada tampoco por localizar a sus desaparecidos.
“No dan una cifra exacta de cuántos hay porque son muchos”, asegura.
Víctor considera que el nuevo capítulo de dimes y diretes sobre el número de desaparecidos prueba la indiferencia que hay en los tres niveles de gobierno, tanto para armar los reportes como para crear un mecanismo que les permita dar con exactitud una cifra.
“Es un problema gravísimo el de las desapariciones”, dice.
Él estuvo presente en la reciente reunión con el procurador Murillo Karam y como tantos no se explica con base en qué argumenta hay 13 mil desaparecidos.
“No aclaran el método, cómo localizaron a quienes estaban desaparecidos, su número de expediente, en qué región, si estaban secuestradas o sea nada”, comenta.
Al no aclarar de forma contundente cómo obtienen estas cifras, piensa que la autoridad se las inventa.
“Porque hay una diferencia enorme y en un periodo de un año, es risible”, suelta.
Reconoce esta batalla, por lo imposible, mina lentamente. Y que quizá la apuesta es al desgaste, a que los familiares se cansen de tanta frustración y abandonen a sus desaparecidos.
Pero eso, afirma, no va a ocurrir. Asegura seguirán adelante hasta encontrarlos y si eso no ocurre “es porque hay gente involucrada del gobierno”. Porque, inquiere: “¿cómo explicar que no ha aparecido uno, ni uno solo de los nuestros?”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario