AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Los tronidos eran secos en una especie de botes donde quedaban las balas disparadas para que sus estrías fueran registradas en los expedientes de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Pero lo que el comisionado Alfredo Castillo había anunciado como el “desarme” de las autodefensas ciudadanas en realidad era otra cosa distinta, pues nunca se despojó de sus armas a los autodefensas; en realidad, cada pistola o fusil registrado se regresó a sus portadores para que los siguieran utilizando para defenderse del crimen organizado.
Por segunda ocasión en lo que va del año, el gobierno federal ha tratado de desarmar a los grupos de autodefensa ciudadana sin lograrlo. Entre enero y febrero, el Ejército instaló el programa de registro de armas y en dos meses únicamente logró un enlistado de mil 200 armas.
Ahora, en el tercer día de la nueva campaña llevaban mil 100 y eso ya era motivo de júbilo para las fuerzas armadas que observan así una señal de pacificación en Michoacán.
Este gesto de optimismo del gobierno federal y de las fuerzas armadas tendría que ser más cauteloso, pues como ya se sabe el mercado de armas en Michoacán es muy importante desde hace tiempo y las autodefensas ciudadanas no están registrando todo su arsenal, sino sólo una parte, pues siguen argumentando, con toda razón, que no podrán desarmarse en un corto periodo de tiempo ante las amenazas de que los remanentes de los Caballeros Templarios los ataquen o lo hagan los grupos que ya han estado en la entidad en años anteriores, como Los Zetas, el Cártel del Golfo (CDG), los Beltrán Leyva o el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, mediáticamente el comisionado Alfredo Castillo ha querido dar la impresión de que antes del 10 de mayo los grupos de autodefensa serán desarmados y con eso las autoridades darán un paso importante para tranquilizar a Michoacán, una vez que también se logre descabezar por completo a los Templarios con la detención de Servando Gómez, La Tuta, quien se encuentra prófugo.
Castillo y el gobierno federal quieren cerrar el episodio de la violencia en Michoacán lo antes posible para que no se les compliquen los tiempos de las elecciones para gobernador previstas el año que entra. Para el PRI es importante mantener el gobierno en Michoacán luego de que el PRD lo tuvo en sus manos por una década con Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
Es más, el gobierno de Enrique Peña Nieto no se puede dar el lujo de perder una entidad dando muestras de debilidad no sólo ante otros partidos políticos sino de cara al crimen organizado.
El grupo político de Peña Nieto representado por Castillo ya no puede dar una muestra de debilidad como lo está haciendo el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ante otro grupo político fuerte que viene empujando con miras a la Presidencia de la República, como es el de Hidalgo, representado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la Republica, Jesús Murillo Karam.
El desarme de las autodefensas anunciado por Castillo representa algo más que el avance de la paz en Michoacán, significa un triunfo político para Peña Nieto y para el PRI en este otro campo de batalla alejado del escenario de las reformas legislativas, como es el combate al crimen organizado, donde evidentemente van perdiendo la batalla, pues no cesa la violencia y la presencia de las bandas y cárteles de la droga.
De ahí que la fecha fatal del 10 de mayo como el tiempo límite para desmovilizar a las autodefensas quizá haya sido un error cometido por Castillo y el gobierno federal, pues difícilmente lograrán este cometido, así como la demanda que el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, estableció: que para esa fecha ya debería haberse desterrado al crimen organizado de Michoacán.
El publicitado desarme es más bien una estrategia mediática y eso tendrá que explicarlo Castillo cuando atestigüemos, una vez más, el actuar de las autodefensas que, a pesar de que no han avanzado como pretendían liberando dos o tres municipios por día las últimas semanas, sí siguen operando con rifles de asalto y pistolas de grueso calibre que no han registrado ante el Ejército.
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