AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2014/983079.
El Consejo Ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal señaló que el principal problema para determinar la realidad de la violencia en el Estado de México es lo “poco confiables” de sus cifras oficiales. En el informe La Inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país, la ONG detalló que respecto al homicidio doloso ha habido una manipulación de datos para simular una incidencia inferior a la real.
Agregó que en el secuestro, la situación “se salió tanto de control que fue imposible maquillar las cifras”.
“El maquillaje de cifras en la incidencia de los delitos de alto impacto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2006-2012) se padece en términos de Transparencia; pero sobre todo, en la procuración de justicia”, expresó para Sin Embargo José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano.
El investigador y activista expuso lo dudoso del paisaje estadístico en materia criminal a partir de 2006, el año en que Enrique Peña Nieto se convirtió en Gobernador de la entidad y destacó “milagros” en el comportamiento de ciertos delitos; por ejemplo en homicidio doloso: entre 1997 y 2006 ocurría un promedio de dos mil 700 homicidios al año, incidencia que se redujo en 2007 a la mitad, sin que se observara la aplicación de programas específicos de combate para este flagelo.
Ortega Sánchez detalló que se maquillaron datos durante el gobierno estatal peñanietista para la fabricación del personaje político de Enrique Peña Nieto. “Nos lo trataron de vender como alguien exitoso en todos los ámbitos. También en el problema de seguridad pública. Alguien le aconsejó hacer este maquillaje, esta fabricación, esta baja en el delito de homicidios”, dijo.
Sin embargo, los números en el Estado de México (y a nivel nacional) son exponenciales. No hay fuente estadística que oculte una crisis de seguridad histórica y agravada durante la Guerra contra el Narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero poco frenada en el primer año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.
Sólo en el Estado de México, las cifras gubernamentales muestran que entre 2003 y 2013 el secuestro aumentó 138 por ciento, porcentaje en el que se considera un aumento en la población de 15 por ciento. Pero el vaivén de números continúa con sus contradicciones: sólo en enero de 2014, ya con Eruviel Ávila Villegas como Gobernador, hubo 74 secuestros, de acuerdo con la organización Alto al Secuestro, pero el gobierno reportó 19, muy pocos si se considera el número global de 2012: 16 mil 605, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Activistas expusieron que ante este panorama es difícil saber a ciencia cierta cuál es la verdadera situación del Estado de México, respecto a homicidios, feminicidios y secuestros.
“Más allá del juego numérico que arroja un panorama falso, este tipo de resultados nos deja desarmados a los ciudadanos para realizar una evaluación certera de la autoridad. No podemos conocer la verdad de lo que realmente está pasando”, advirtió.
Para Aregional, la tendencia es a nivel nacional. “Los datos de seguridad pública se dan a nivel federal, nosotros nos basamos en fuentes como el Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía] y ahí sí hay problemas de transparencia y creemos que es parte de una estrategia del gobierno federal”, dijo Maritza Rosales Reyes, directora de Desarrollo Regional y Competitividad de la firma.
En el caso de los feminicidios, el gobierno mexiquense también ha intentado ocultar la situación real, por lo que activistas hicieron un llamado tanto al Gobernador mexiquense como al Presidente Enrique Peña Nieto para atender el creciente índice de homicidios contra mujeres.
Rosales Reyes explicó que en la mayoría de las entidades donde ha buscado información para las investigaciones de la firma, en el tema de los feminicidios en el Estado de México y otras entidades, “no hay información tan seria”.
Por su parte, Rodolfo Domínguez, codirector de Justicia, Derechos Humanos y Género AC. afirmó que “Enrique Peña Nieto tiene una deuda muy grande con las mujeres. Eso sin duda se debe reconocer. Siempre hemos creído que se debe exhortar al gobierno a que asuma un compromiso serio en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres para garantizar una vida libre de violencia”.
EL MILAGRO DE LAS CIFRAS.
Según las cifras del Edomex, entre 1997 y 2006 se registraba un promedio de 2,700 homicidios por año, sin embargo de pronto se produjo un “milagro” y los homicidios bajaron hasta un 59 % respecto a 2006.
Para el Consejo Ciudadano esto se debió precisamente para hacer “más presentable” al entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en su camino a la contienda por la Presidencia.
En ese entonces, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) registró hasta 83 % más homicidios que los reportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La organización no gubernamental detalló que el Edomex es la entidad con el mayor número de municipios entre los 20 más violentos en el 2013. Asimismo, de las 20 alcaldías con las tasas más altas de lesiones dolosas, 10 corresponden al estado mexiquense gobernada por Eruviel Ávila Villegas.
El Edomex también tiene 8 de los 20 municipios con las tasas más altas de robo con violencia y 7 de los 20 con mayor extorsión.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la seguridad, desde que hay registros el Estado de México es la entidad que ha presentado las más bajas tasas de castigo en distintos delitos y por ende más impunidad.
Sin embargo, para Erubiel Tirado, responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana, la violencia en el Edomex debe observarse con una visión de conjunto respecto al comportamiento de la delincuencia en todo el país.
Cifras oficiales exponen que en la entidad mexiquense ha repuntando la incidencia de los llamados delitos de alto impacto, no obstante, esos mismos datos presentan una disminución de la incidencia delictiva en 16 por ciento en los últimos meses.
Esta aparente contradicción podría dar lugar a una serie de suspicacias respecto al tratamiento o la metodología con que se obtienen las cifras. “Lo que se ha documentado aquí, y esto es una inferencia, es que evidentemente hay contradicciones entre las cifras que se señalaban anteriormente y las que ahora se han dado a conocer y la autoridad no ha sido lo suficientemente clara para explicar las razones. Eso no abona en la credibilidad del tratamiento estadístico de las cifras, tanto por parte de las autoridades del Estado de México, incluso del sistema nacional”, afirmó Erubiel Tirado.
Aclaró que no existen pruebas documentales para hablar de un maquillaje de cifras similar al que organizaciones de la sociedad civil han documentado sobre los asesinatos de género en el Estado de México. Sin embargo, señaló que sí existe la sospecha de que los datos han sido modificados.
IMPUNIDAD EN FEMICIDIOS
A la par de los homicidios, también ha sido doloroso para familiares de las víctimas mortales el saber que no ha habido sentencias condenatorias. Es más en la gran mayoría de los caso, las autoridades judiciales mexiquenses no tiene ni idea de quién o quiénes han sido los asesinos de más de mil en los último cinco años. ”No sabemos cuál es el nivel de impunidad real que tenemos. Pero vemos que las acciones no han servido, entonces eso nos hace inferior que el nivel de impunidad debe de estar bastante alto”, agregó el codirector de Justicia, Derechos Humanos y Género.
El organismo que preside detalló que han contabilizado mil 451 asesinatos de mujeres y 115 feminicidios en la entidad que vio nacer a Peña Nieto, durante el periodo de 2005 a 2012, que es el tiempo que ha durado la investigación de feminicidios en el Estado de México, la solicitud de declaratoria de alerta de género y el proceso de amparo ante la negativa del gobierno mexiquense y de la Secretaría de Gobernación a emitirla.
“Durante este tiempo [tres años que duró el amparo] la autoridad agotó todos los mecanismos jurídicos que había para justificar su negativa a la declaratoria de alerta de género, es decir, siguen insistiendo que no pasa nada y que además, como autoridades, hicieron bien las cosas; y que nosotros, como organizaciones que estamos solicitando el amparo, no tenemos ni siquiera derecho a eso”, afirmó Domínguez.
Para el representante de esta organización de defensa de los derechos de las mujeres, el problema de las cifras es lo de menos, cuando se observa tal cantidad de asesinatos de mujeres en total impunidad.
No obstante explicó la importancia de contar con datos precisos sobre las muertes de mujeres en la entidad mexiquenses, pues no se trata de “golpear” política o mediáticamente al gobierno en turno al de peña Nieto, sino entender cuál es la problemática. Saber a qué se están enfrentando, y tener una panorámica de lo que está pasando en la realidad en el Estado de México.
“Los números empiezan a tener cambios muy abruptos. La información que llevaba una constante, de repente cambia abruptamente. Eso nos llama la atención. Vemos por ejemplo que ciertos indicadores que ya no se están considerando al momento de llevar registros, y por lo tanto ya no se brinda esa información”, agregó.
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