El Congreso aprobó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo. Esto pese a que anualmente, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.
Los magistrados Alejandro Luna Ramos, actual presidente del Tribunal, y sus compañeros Esteban Penagos, Flavio Galván y Constancio Carrasco solicitaron licencias en los puestos que ocuparon hasta noviembre de 2006, antes de integrarse al Tribunal Electoral, y podrán reincorporarse a sus antiguos encargos, de acuerdo con información confirmada por el Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador de tiempo competo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el año 1982.
Durante la aprobación de las leyes secundarias en materia política-electoral, el Congreso incluyó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo, en 2015. Al año, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.
La falta de precisión sobre la cantidad de dinero que se les entregará y durante cuánto tiempo, ha causado que el “haber de retiro” se equipare con la pensión vitalicia que reciben los exministros de la Suprema Corte.
Senadores, diputados e incluso el presidente nacional reelecto del PAN, Gustavo Madero, han justificado el “haber de retiro”, argumentando que la Ley impide a los magistrados litigar durante los dos años posteriores a que dejen sus puestos y no tendrán ningún ingreso económico. Aunque también hubo quienes lo han rechazado, como el diputado federal Carol Antonio Altamirano, del PRD.
Pero el artículo 101 de la Constitución es claro: “No podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
Es decir, la única limitante para los exmagistrados será litigar, pero podrán ejercer las demás actividades asociadas a su profesión.
Los magistrados Luna Ramos, Penagos, Galván y Carrasco en realidad nunca han litigado como abogados privados, pues desde hace décadas forman parte del Poder Judicial de la Federación.
Alejandro Luna Ramos, actual presidente del organismo, ingresó en 1968 a la carrera judicial, cuando tenía 27 años, y desde ahí fue escalando: empezó como secretario, subió a juez y finalmente ascendió a Magistrado.
Su cargo previo al Tribunal electoral, fue el de Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El sueldo de este cargo es de 250 mil pesos mensuales, sin contar bonos ni prestaciones.
El magistrado Esteban Penagos ingresó a la carrera judicial en 1975, cuando sólo tenía 24 años. Para llegar a la Sala Superior del Tribunal electoral, solicitó licencia en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del mismo organismo.
Lo mismo ocurre con Flavio Galván y Constantito Carrasco. Desde 1987, Galván forma parte del poder judicial electoral y Carrasco fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
Los cuatro tienen licencia en los cargos que ocuparon previamente al Tribunal electoral y podrán reintegrarse a los mismos, por lo que no quedarán desempleados y seguirán ganando como funcionarios públicos.
Hay un quinto caso: desde 1982, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador titular nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, tiene esa puesto desde 24 años antes de que ascendiera como magistrado electoral.
Además de su plaza, actualmente recibe dos beneficios extras: forma parte del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Competo de la UNAM, conocido como PRIDE, con el nivel más alto de apoyo económico, y además tiene el Nivel 2 en el tabulador del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En su oficina de la Universidad Nacional, confirman que el magistrado hace mucho tiempo que no asiste, aunque no hay duda de que sigue laborando ahí.
Se solicitó la versión del Tribunal electoral y de la UNAM, pero hasta ayer no respondieron a las peticiones realizadas por MVS Radio.
Los únicos Magistrados que no cuentan con plazas en algún organismo son Salvador Nava y María del Carmen Alanís, quienes han combinado la academia con cargos públicos.
Volver a las antiguas plazas del Poder Judicial de la Federación no es algo inédito. Los magistrados que concluyeron su encargo en 2006, como Leonel Castillo o Alfonsina Bertha Navarro, entre otros, se reintegraron a los cargos con licencia que dejaron por haberse sumado al Tribunal, y rechazaron el Fideicomiso de retiro por 87 millones que se habían autorizado.
El 16 de mayo pasado, los magistrados emitieron un comunicado conjunto para fijar su postura, ante las críticas recibidas: “Es incorrecta la interpretación que se ha difundido sobre el tema del haber de retiro… No se trata de una pensión vitalicia, tampoco de un bono”. Sin embargo, tampoco lo rechazaron.
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