AUTOR: JESÚS CANTÚ.
El resultado nuevamente es deplorable. Otra vez aparece el reparto de cuotas (como denunció el senador Javier Corral), y cada una de las tres principales fuerzas políticas y el mismo presidente Enrique Peña Nieto (quien seguramente por tener derecho de veto también pudo intervenir en el proceso de designación) tomaron su parte.
Si el análisis se hace a partir del origen de los integrantes, lo primero que resalta es la ausencia absoluta de representantes de la sociedad civil y de la academia vinculados con el tema, pues la única que llega (Patricia Kurczyn) es experta en derechos laborales, no de transparencia o rendición de cuentas. Los otros seis provienen del sector público. Aunque cuatro de ellos tienen experiencia previa en órganos de transparencia locales, ninguno se ha distinguido por haber librado batallas importantes para ensanchar la transparencia.
Este aspecto merece una reflexión más puntual, porque las fuerzas políticas reiteran un mensaje que ya enviaron con claridad meridiana en la integración del Consejo del INE: Los ciudadanos que tienen posibilidades de ser reelegidos en los órganos de gobierno de organismos autónomos son aquellos que en el ejercicio de su cargo se distinguieron por la fidelidad y sumisión ante las fuerzas políticas que los propusieron; o aquellos cuya actuación se caracteriza por ser tímida y conservadora, comprometidos con una interpretación literal de la legislación (jamás sistemática, teleológica o fundada en los principios universales del derecho).
De esta forma excluyen a quienes realmente defendieron la autonomía institucional, los valores o principios de la democracia, y el propósito y espíritu de la Constitución o la legislación en la materia, ya que, por lo mismo, resultaron incómodos para los partidos y las autoridades.
Que no queden dudas al respecto: primero aplicaron el veto a todos los consejeros del IFE 1996-2003, por las sanciones aplicadas en los casos “Pemexgate” y “Amigos de Fox”; posteriormente, en la reforma de 2007, permitieron concluir el término para el que fueron nombrados a los tres miembros del Consejo 2003-2010 que defendieron fielmente los intereses de sus partidos; y, finalmente, en la nueva integración del INE los volvieron a incorporar.
En la conformación del nuevo IFAI ocurre exactamente lo mismo: se integra de los órganos estatales a aquellos que nunca desafiaron las decisiones críticas de las autoridades, es decir, los que les cubrieron las espaldas y encontraron los caminos para no obligarlos a entregar información comprometedora; los que no lucharon por ensanchar la transparencia y el derecho a la información, sino que cobijaron su estrechez; dos (Óscar Guerra y Areli Cano, ambos cobijados por el PRD) tienen experiencia en el DF, que precisamente se ha caracterizado por catalogar como reservada información relacionada con las grandes obras públicas de las últimas dos administraciones; uno (Rosendoevgueni Monterrey Chepov, tomado por el PRI), del Estado de México, donde la característica más relevante es la opacidad; y uno más de Colima (Ximena Puente), entidad prácticamente desconocida en el tema de la transparencia y con un gobierno priista muy cuestionado.
Los otros dos funcionarios públicos provienen de ámbitos que por naturaleza son opacos: el Poder Judicial (Francisco Acuña, impulsado por el PRI), y la Contraloría (Joel Salas, PAN), donde están ancladas gran parte de las excepciones establecidas en la legislación.
Así, lamentablemente para la democracia y el país, el procedimiento dejaba cabos sueltos en el último tramo, que fue precisamente lo que utilizaron los coordinadores parlamentarios del PRI (Emilio Gamboa), PAN (Jorge Luis Preciado) y PRD (Miguel Barbosa) para imponer su voluntad e, inclusive, regocijarse por el método y motivar su dictamen con base en las propuestas del “grupo de expertos”.
El procedimiento adolecía de dos grandes defectos: uno, no era vinculante porque no estaba fundamentado en ninguna ley, acuerdo del Senado o de una Comisión o grupo de comisiones, y, por lo tanto, brindaba espacios de discrecionalidad; y dos, no establecía ningún método objetivo y verificable para seleccionar a los comisionados de entre la lista que conformó el grupo de expertos, misma que al incluir a 25 candidatos para ocupar siete puestos daba un margen de maniobra muy amplio a las consideraciones partidistas.
Estos dos defectos fueron devastadores: Los coordinadores de los grupos parlamentarios escogieron a los seis, de los 25, que ya les habían demostrado su lealtad con sus actuaciones previas, o bien, a quienes tenían forma de controlar (como en el caso de la académica, que es esposa del exgobernador priista de Puebla Mariano Piña Olaya); e introdujeron al séptimo (Rosendoevgueni Monterrey Chepov), quien, aun cuando no figuraba en esa lista de 25, cumplía con una condición fundamental: es peñista a carta cabal, y como presidente del órgano garante del Estado de México ya había mostrado sus habilidades para garantizar la opacidad.
Así, como señaló en tribuna el senador Corral, los mejores candidatos de la lista de 25 salieron, no fueron designados comisionados “porque nadie los apadrinó, nadie se hizo cargo de ellos, nadie los consideró como cuota de partido”. En el momento en que la lista quedó en manos de coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, ellos tenían la posibilidad de escoger a los mejores para los intereses de sus partidos y de los gobernantes que postularon, pero a los peores para impulsar la transparencia, el acceso a la información y la democracia; y como les faltó uno, simplemente recurrieron a la lista total de candidatos que cumplían los requisitos formales y lo sumaron, pues para ellos no había ningún impedimento legal ni moral.
El resultado es un órgano de gobierno del organismo garante cómodo, manejable y tolerable para los gobiernos y partidos; consolida la captura de los organismos autónomos por parte de las entidades reguladas; confirma la involución hacia el autoritarismo, y se halla respaldado por un dictamen que contiene formalmente todas las demandas de los expertos y representantes de la sociedad civil, en cuanto a su argumentación y desarrollo, pero evitando en el procedimiento criterios de selección indispensables para garantizar una buena integración del mismo.
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