AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La CEAV, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigieron al gobierno federal y, en especial al gobernador Mario López Valdez, el esclarecimiento del homicidio ocurrido el lunes 12 en el centro de Culiacán, hasta donde acudió Sandra Luz presuntamente en busca de un informante que daría datos sobre la ubicación de su hijo, Edgar García Hernández.
Edgar, recordó la CEAV, era “empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 12 de febrero de 2012 fue sacado de su casa por personas armadas que irrumpieron en su domicilio”.
En su comunicado, la CEAV destaca que desde entonces “Sandra Luz Hernández se sumó a las investigaciones de la desaparición de su hijo ante la inacción de la autoridades estatales que, en dos años, no habían logrado generar información y avances firmes que permitieran conocer el paradero de su hijo”.
El organismo resaltó que Sandra Luz no sólo luchó por encontrar a su hijo, también “se unió a fuerzas y voluntades con madres de otras personas desaparecidas en Sinaloa”.
Para la CEAV “es lamentable que, en especial, las y los activistas que empeñan sus esfuerzos y determinación por ayudar a las víctimas y demandar su derecho a la justicia y la verdad, sean blanco de la intimidación, la violencia y los atentados que ponen en peligro su integridad física o incluso, como en el caso de Sandra Luz, desgraciadamente, la pérdida de la vida”.
Al solidarizarse con la familia de la activista “para que este crimen no sea un caso más en la larga lista de la impunidad”, la CEAV exigió al gobierno de López Valdez “una pronta respuesta y firmeza para esclarecer este homicidio que ensombrece, en todo el país, la causa de las víctimas y de sus defensores agrupados en organizaciones de la sociedad civil”.
La RNDDHM, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 entidades del país y el Distrito Federal, envió una carta al gobernador de Sinaloa para exigir el esclarecimiento del asesinato de Sandra Luz, quien formaba parte de Grupos de Familias en Búsqueda de sus Hijos/as.
Luego de solicitar a la CNDH la apertura de una queja de oficio, la Red informó a López Valdez en su carta que con el de Sandra Luz “suman 31 asesinatos de defensoras de derechos humanos en nuestro país, de 2010 a la fecha”, y que en los primeros tres meses esta ONG documentó “41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como seis agresiones contra sus organizaciones”.
También recordó que Sandra Luz no ha sido la única madre asesinada en busca de justicia, y que muestra de ello es el caso de Marisela Escobedo, acribillada el 16 de diciembre de 2010 a unos pasos del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de exigir justicia por el homicidio de su hija.
“Ante este clima de violencia e inseguridad contra las defensoras de derechos humanos en México, hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan esta situación y tomen medidas efectivas para garantizar el ejercicio de defender derechos humanos”, señaló la Red en su misiva.
A la condena se sumó la CMDPDH, que en comunicado parte detalló que Edgar García Hernández trabajaba en la oficina del procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, cuando fue sustraído con violencia de su domicilio.
La ONG destacó que el lunes 12, “luego de una reunión con funcionarios de la PGJE, Sandra Luz recibió una llamada donde le dieron instrucciones para encontrarse con un supuesto informante. Sandra Luz, con una compañera activista, se dirigió al lugar y alrededor de las 16:00 horas, cuando caminaban por la colonia Benito Juárez en la zona centro de la ciudad, fue atacada por un sujeto que le disparó en al menos 15 ocasiones con una pistola calibre .9 milímetros, y quien de inmediato huyó del lugar”.
La CMDPDH consideró “inadmisible que las deficiencias en la procuración de justicia en el país obliguen a las víctimas a llevar a cabo investigaciones para lograr justicia, así como para buscar y localizar a personas desaparecidas”.
En respuesta, lamentó, “las víctimas de violaciones a derechos humanos, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil sufran represalias por luchar por justicia y verdad”.
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