AUTOR: MAJO SISCAR.
El ombusdman nacional aseguró ante el Senado que ya están estudiando las reformas estatales de Puebla, Chiapas y Quintana Roo respecto a las manifestaciones y se comprometió a presentar recursos de inconstitucionalidad si así se desprende de su evaluación.
Lo mismo harán con las legislaciones que regulan el derecho a manifestarse de Chiapas, y Quintana Roo.
“En cuánto a las nuevas leyes en torno a la libertad de expresión como es el caso de Puebla, Chiapas y Quintana Roo, las estamos revisando con mucho cuidado y les anticipo que, si es el caso ,interpondré las acciones correspondientes de inconstitucionalidad”, dijo Raúl Plascencia, presidente de la CNDH en su comparescencia del martes 20 de mayo ante el Senado.
El ombudsman respondió así ante el cuestionamiento del senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, quien consideró que “volver otra vez a blandir amenazantemente las armas de fuego es un absurdo pero además tiene una significación muy especial en lo que estamos viviendo actualmente” e hizo mención a las resistencias ciudadanas en la zona limítrofe de Puebla y Morelos a la construcción de una termoeléctrica y a las que se puedan generar ante la Reforma Energética.
Artículo 19 ya había exigido el lunes 19 de mayo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes por considerar que la nueva ley, popularizada en las redes sociales como Ley Bala, es contraria a los artículos primero y seis constitucional y al primero y 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como a la jurisprudencia reiterada de la CoIDH en la materia.
Leopoldo Maldonado, abogado de la organización, explica que “es inconstitucional por la ambigüedad de los conceptos que maneja y una desproporcionalidad en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones”. El punto más contradictorio de la ley poblana es su artículo 46 que establece la prohibición al uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones, para luego señalar –en el mismo artículo y mismo párrafo- que “se dotarán a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de armas de fuego”. El diputado del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Puebla, Franco Rodríguez precisó que sólo se prevé el uso de armas de fuego cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o de terceros.
La también senadora poblana Lucero Saldaña, miembro de la Comisión de Derechos humanos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró a Animal Político que estarán pendientes de la resolución de la CNDH, porque de ser controversial, habrá que evitar “que no ser repita en otros estados”. “Yo respeto la decisión del Congreso de Puebla pero me preocupa que se tenga mayor claridad en cómo va operar”, señala.
Para Maldonado, la nueva legislación poblana “tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión al generar temor en la población para manifestarse públicamente”; y añade que “mientras la ley de Chiapas, aprobada el 16 de mayo, como la de Puebla, aprobada el 19, permiten la intervención policíaca con criterios muy amplios ya una vez iniciadas las manifestaciones, la de Quintana Roo establece restricciones previas de la manifestación y restringen la protesta en sí”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica De La Peña aseguró que “sí procedería un recurso de inconstitucionalidad” contra las leyes de Chiapas y Puebla. Para la perredista estas legislaciones no tiene sentido puesto “lo que hay que regular es el uso excesivo de la fuerza”. “Tenemos que hacerlo al revés, normar qué cuestiones puedes usar, y las armas están prohibidas aún ante una manifestación que pueda tener tintes de agresiones al patrimonio, tienes que actuar en base a otros preceptos, porque esto permite que las autoridades usen todo tipo de tortura incluso armas contra ciudadanos que están en su derecho de manifestarse”, continuó.
Artículo 19 alerta que en San Luis Potosí y en Jalisco se están revisando leyes parecidas. En cuanto a lo dicho por el presidente de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, Víctor Giorgana, que la iniciativa formaría parte de una estrategia nacional que pone reglas y límites a las fuerzas de seguridad en los estados, De La Peña lo negó. En cambio, avanzó que ella misma ya prepara un borrador para presentar una iniciativa de ley federal en la Comisión Permanente para regular el uso de la fuerza revisando jurisprudencia nacional e internacional, así como los protocolos de derechos humanos firmados por México.
Maldonado recordó que la Comisión que preside De La Peña está debatiendo la reglamentación del Artículo 29 Constitucional, conocida como ley de Estado de Excepción que inhibiría varios varias garantías individuales en cuanto al derecho de expresión y manifestación en toda la Federación.
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