AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
La Comisión Especial para la Seguridad en Michoacán, que encabeza Alfredo Castillo, tiene un presupuesto anual de casi 130 millones de pesos únicamente para sueldos. Un dispendio, sobre todo en vista de los resultados: la violencia sigue desatada en la entidad, el programa de registro e integración de las autodefensas a las defensas rurales no muestra avances sustantivos, aunque ya están saliendo a la luz acuerdos entre el gobierno y los grupos armados para liberar a los integrantes de éstos que enfrentan cargos de delincuencia organizada.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación obtenida por Proceso a través de la Ley Federal de Transparencia, la oficina de Castillo tiene un presupuesto anual de 129 millones 615 mil 561 pesos para “sueldos base al personal eventual” y los correspondientes impuestos.
La ineficiencia ha sido costosa. Tan sólo del 1 febrero al 7 de abril de 2014 el gobierno federal ha gastado 23 millones 498 mil 655 pesos únicamente en los sueldos de esa comisión, sin contar alimentación, hospedaje y transporte.
Pero además de dispendio hay simulación. Desde el 27 de enero pasado se anunció que en 15 días las autodefensas de Michoacán formarían parte de los Cuerpos de Defensa Rurales integrado al Ejército, se les dotaría de uniformes y se registrarían sus armas.
Según información obtenida por este semanario en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nada de eso se ha realizado. Ni siquiera se ha licitado la compra de los uniformes que supuestamente usarán los integrantes de los Cuerpos de Defensa Rurales.
A la par que el gobierno federal llega a acuerdos con las autodefensas de Michoacán, presuntamente para desaparecerlas el próximo sábado 10, hace otros tratos para sacar por lo menos a 106 integrantes de estos grupos que han sido detenidos en los últimos meses por delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
Los últimos días de abril fueron contratados para ello los abogados Francisco Antonio Pacheco Gómez, Jesús Montiel Jaime, Jorge Alfonso Espino Santillán, Juan Carlos Escobar González, Daniel Corona Aguilera e Israel Raúl Ramírez Juárez, y ya empezaron a retirarse los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, por lo que los imputados podrán salir bajo fianza.
Dispendio y opacidad
En respuesta a una solicitud de información, Gobernación informó del presupuesto asignado a la comisión michoacana: primero se consideró una partida de 133 millones 719 mil 418 pesos y luego se redujo a 120 millones 7 mil 617. Hasta el 7 de abril pasado, con la más reciente modificación, el presupuesto quedó en 129 millones 615 mil 561 pesos.
En el documento no se especifica a cuánta gente se le paga con esa cantidad. Los militares y policías federales desplegados en Michoacán siguen adscritos a sus corporaciones, por lo que sus sueldos provienen de la Sedena y la Policía Federal. No obstante, en febrero la oficina de Castillo erogó en personal 973 mil 399 pesos, en marzo 13.2 millones de pesos y en los primeros siete días de abril 9.2 millones.
De acuerdo con una actualización de su declaración patrimonial en marzo pasado ante la Secretaría de la Función Pública, Castillo percibe un sueldo equivalente al de subsecretario de Estado: 194 mil 708 pesos brutos al mes.
La Secretaría de Gobernación se negó a informar sobre el monto erogado en alimentación, transporte y hospedaje del comisionado, a quien Peña Nieto envió a Michoacán con instrucciones de permanecer ahí. La dependencia tampoco quiso entregar la agenda de actividades y reuniones que Castillo ha sostenido con líderes de las autodefensas, aunque es público que en esos encuentros han participado personas que la PGR vincula con el narcotráfico en informes recientes, como Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, y su hermano Uriel.
En cambio, la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong señaló, como parte de su respuesta a la mencionada solicitud de acceso a la información, que el 27 de enero pasado el gobierno federal y las autodefensas llegaron a un acuerdo de dos puntos:
“Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales deberán ser validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables”, señala el primer punto.
Y el segundo: “Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acredite los requisitos de ley y cuente con el aval del cabildo de su ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía”.
También a través de la Ley Federal de Transparencia se solicitó a la Sedena copia de todos los registros de las autodefensas ya integrados en los Cuerpos de Defensa Rurales, así como el correspondiente registro de armas por tipo y comunidad, anunciado por el gobierno federal en Michoacán.
El pasado 11 de abril la Sedena señaló que aunque ya se está llevando a cabo el registro de las armas de fuego, la información todavía no ha sido capturada “en el sistema integral del registro federal de armas de fuego y control de explosivos”, por lo que no se puede saber si fueron usadas para cometer delitos ni identificar a su propietario.
Sobre los uniformes de los Cuerpos de Defensa Rurales, han sido anunciados varias veces. Incluso el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, dijo en febrero que ya estaban por entregarlos, pero esto no ha sucedido. Es más, ni siquiera existe presupuesto asignado ni contrato para fabricarlos, según se desprende de la respuesta de la Sedena a este semanario.
Aunque el comisionado Castillo informó el 14 de abril que el próximo sábado 10 desaparecerían las autodefensas de Michoacán y se convertirán en guardias rurales, no existe posibilidad real de que para esa fecha todo el armamento ilegal quede registrado para ser ubicado en caso de que se utilice para cometer delitos.
Los compromisos que el gobierno federal y las autodefensas asumieron desde enero pasado en materia de desarme y registro de armas resultaron letra muerta. En tanto, la población michoacana sigue padeciendo la inseguridad.
Liberación pactada
El 14 de abril, en una reunión plenaria de líderes de autodefensas con Castillo, el gobierno federal y los grupos armados supuestamente pactaron su desmantelamiento y desarme.
Como condición se puso que la oficina del comisionado especial haría las gestiones necesarias para que todos los procesados integrantes de grupos de autodefensa que hayan sido detenidos por la portación de algún arma sean trasladados a Apatzingán.
La información recabada por este semanario revela acuerdos que no se hicieron públicos y van más allá: el gobierno federal y el de Michoacán aceptaron liberar al menos a 106 miembros de esos grupos encarcelados no sólo por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, sino también por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Para ello fue contratado un equipo de abogados expertos, como Jorge Alfonso Espino Santillán, conocido por su defensa de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, o Jesús Montiel Jaime, litigante relacionado con la defensa de Qing Ye Gon, sobrino de Zhenli Ye Gon, acusado por el gobierno de Felipe Calderón de delincuencia organizada y narcotráfico.
El grupo de litigantes atenderá los casos abiertos en los juzgados Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, Tercero de Distrito de Procesos Penales, Octavo de Distrito y Quinto de Distrito en el estado de Michoacán.
Uno de los casos así negociados es el del líder de autodefensas Hipólito Mora, detenido el 13 de marzo pasado bajo el cargo de participar en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, exintegrante de Los Caballeros Templarios, y de Rafael Sánchez Moreno. Los abogados ayudarán a Mora a que se le retiren los cargos de delincuencia organizada y posesión de armas.
Entre los presos que serán beneficiados con el acuerdo están los relacionados con la toca penal 307/2013 radicada en el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Distrito, en Toluca: Ramiro Aguayo Ramírez; José Ricardo Cervantes Madrid, Barrios; José Carlos Cerda Moreno; Pedro García Bejarano, Gabino; Artemio Abazán Díaz, El Choco; José Carlos Vizcaíno Mendoza, Gordo o Negro; Alfonso Pulido Figueroa, Poncho; Eduardo Chávez Godínez, El Lalo; José María Méndez Ríos y Julio César Estrada Gómez.
También entrarán en este paquete los presos relacionados con el expediente 333/2013-IV: Jairo Gutiérrez Tinoco; Ismael Cisneros Vázquez, El Chino; Juan Luis Hernández Chávez; Víctor Manuel Ibarra Guerrero; Roberto Carlos Benito Jiménez; Miguel Ángel Villalobos Sánchez, Miguel; José Guadalupe Sánchez López, El Cardiaco; Víctor Manuel Moreno Mendoza, El Pelón; Miguel Ángel Pimentel Martínez, El Güero o El Gordito; Daniel Mora Torres, El Dany; Pedro García Anguiano; Édgar Iván Sánchez Tavera, El Canelo; Artemio Espinoza López, El Rascu; Ramón Quintana Chávez y Manuel Valencia Orozco.
Para aceptar la supuesta desmovilización y registro de armas los autodefensas pusieron como condición que el gobierno federal trasladara a Apatzingán el 15 de abril pasado a 20 de estos hombres, recluidos en los centros federales de readaptación social 5 (Perote), 1 (Altiplano) y 3 (Matamoros). Todos ellos están en la lista de los 106 que desde finales de abril son defendidos por el mencionado grupo de abogados con la anuencia y apoyo del gobierno.
Por su parte instancias judiciales, como el Segundo Tribunal Unitario radicado en Michoacán, están comenzando a emitir fallos que retiran cargos de delincuencia organizada y portación de armas, dejando sólo posesión de droga para que los detenidos puedan salir libres bajo fianza.
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