AUTOR: Shaila Rosagel.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-05-2014/1007295.
En lo que va del sexenio de Peña Nieto, un total de 30 activistas han sido desaparecidos por agentes del Estado, mientras que en el mismo periodo de Calderón fueron nueve, aseguró Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de Acompañamiento a Víctimas del Comité Cerezo México.
“Lo que nos dicen las cifras es que el problema se agravó, por ejemplo en el gobierno de Calderón, en los seis años, hubo 55 casos y ahora en este nuevo gobierno, ya van 30. Este incremento sigue una línea de continuidad, porque durante los últimos 17 meses de Calderón fueron 27, y en estos primeros meses de Peña Nieto ya se superó esa cifra”, explicó.
Héctor Cerezo denunció que la administración actual está más preocupada por “maquillar” las cifras, que por combatir el problema de la desaparición forzada.
“Lo que no tenemos es un registro transparente, verificable de los datos de los desparecidos, que compruebe la tesis del gobierno de que la desaparición forzada ha bajado. Que nos demuestren con cifras. Lo cierto es que hay 85 activistas desaparecidos de 2006 a la fecha y no hay un sólo detenido y en realidad no podemos saber cuántos más existen. Nosotros estamos documentando porque el gobierno no lo hace. Estamos visibilizando porque el Estado se niega a que las haya desaparecido, incluso niega que haya una política de desaparición forzada”, dijo.
El activista detalló que aunque aún no se llega a las cifras de la guerra sucia, hay una tendencia que debe detenerse, de lo contrario desaparecerán organizaciones enteras en el país y no habrá activistas que se atrevan a luchar por los derechos humanos y a denunciar.
“Nosotros decimos que el momento en que podamos parar esta dinámica será cuando nosotros, que estamos documentando, desaparezcamos. Ya no habrá organizaciones o habrá muy pocas que se atrevan a denunciar este tipo de crímenes, seguirá sucediendo, pero ya nadie hará un registro”, expuso.
En cuanto al perfil de los activistas desaparecidos, la mayoría son hombres entre los 25 y 40 años de edad. La mitad de ellos son coordinadores o dirigentes de organizaciones sociales y casi todos tienen una trayectoria de al menos 10 años como luchadores sociales.
Otra de las características es que los luchadores sociales que desaparece el Estado defienden causas ambientales y campesinas, como la lucha en contra de mineras extranjeras.
Algunos de ellos son de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) de Guerrero, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y del Frente de Unidad Popular de Guerrero.
Las autoridades señaladas como posibles responsables son: el Ejército Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal Ministerial, paramilitares, Policía Estatal, el crimen organizado en contubernio con autoridades y presidentes municipales.
“Esto tiene que ver con que desde hace algunos años estamos viviendo una regresión en materia de derechos humanos. Aparentemente estamos teniendo bastantes logros en las leyes, como la Ley de Víctimas y la Ley de Protección a Defensores y Periodistas, pero en la práctica hay una criminalización de aquellos que están luchando por algún derecho”, dijo Héctor Cerezo.
SIN CONCIENCIA COLECTIVA: AI.
“Como sociedad no hay un entendimiento como problema, no hay una exigencia real, el problema se ha encapsulado, ¿qué a pasado del 2006 a la fecha?, podemos hablar de números, pero estamos lejos de entender qué está pasando, lejos de llegar a la justicia y a la reparación del daño”, explicó.
El directivo de AI detalló que el patrón de las desapariciones durante la guerra sucia, era claro: se trataba de una persecución política e ideológica, sin embargo los patrones de la actualidad son confusos.
“No tenemos claro quiénes son las víctimas de desaparición forzada: desaparecen desde niños, mujeres, ancianos, jóvenes, familias enteras. No se entienden bien los patrones”, dijo.
La organización consideró que las cifras del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que hablan de 8 mil personas desaparecidas, son ambiguas.
“El Secretario no indicó, por ejemplo, si esta cifra comprende la totalidad de las personas desaparecidas o estas 8 mil personas son las que permanecen sin localizar de las cerca de 27 mil personas que se habían documentado en 2012”, dijo en un comunicado emitido ayer durante la mañana.
La organización instó al gobierno para que en los próximos días se dé a conocer un documento oficial y público que presente claramente la metodología utilizada para llegar a esa cifra, el periodo que abarca y, en caso de haberlas, las lagunas de información que impidan conocer con mayor precisión la magnitud de este fenómeno.
“Amnistía Internacional hace un llamado a la PGR [Procuraduría General de la República] a priorizar los derechos humanos y a garantizar que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas cuente con recursos, personal y respaldo político necesario para que pueda llevar a cabo su labor”.
Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lamentó que en el país, a pesar de que existe una “tragedia humanitaria” y miles de desaparecidos, sólo haya seis sentencias condenatorias por desaparición forzada de 2006 a la fecha.
En cuanto a investigación, la PGR sólo tiene 99 averiguaciones previas para el periodo 2006-2013.
“La mayoría de los estados del país ni siquiera tipifican el delito de desaparición forzada. México vive una situación de amnistía de facto, no hay condenados por el crimen de desaparición forzada”, dijo.
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