AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
‘Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos’, es la consigna de miles de mujeres que siguen en la lucha para encontrar a sus hijos. Exigen que las autoridades ponga más atención a sus casos.
Desde hace ocho meses, Sara busca a Xiuhtletl, de 31 años.
El chef vivía en Acapulco y en agosto pasado fue nombrado presidente de la Asociación Gastronómica de México, Capítulo Guerrero.
Un mes después, el 8 de septiembre, acudió Chilpancingo a buscar apoyos para unos cursos que estaba dando en hoteles. No volvió a contestar su celular.
Por cuenta propia, su familia investigó y de su bolsillo paga los gastos para realizar viajes, hacer mantas y distribuir fotocopias para tratar de localizarlo.
Al pie del Monumento a la Madre, el sábado pasado Sara fue una de las participantes en la Tercer Marcha de la Dignidad, “Madres buscando a sus hijos y buscando justicia”.
En esa simbólica explanada la mujer narra que por Facebook recibieron un mensaje que luego fue eliminado para ocultar la identidad del emisario. Decía que a su hijo “lo levantaron policías, que lo mataron”.
Después se enteraron que el 12 de septiembre militares “reventaron” una casa de seguridad en donde encontraron solo algunos objetos.
Eso se lo dijeron a su esposo unos soldados de la zona militar. Le contaron que le no pudieron agarrar a nadie, pues les dieron el pitazo que iban por ellos y lograron huir.
Sara tiene la certeza de que los tenis Puma, color blanco, talla 9, con una marca especial en la pisada, eran de su hijo. También había un desodorante que solía usar.
Ella ya hizo una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Trata de Personas y Personas Desaparecidas. También entró en contacto con la extinta Províctima y ahora su caso lo sigue ya la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Ha recorrido varios servicios médicos forenses. Todo ha sido inútil, su hijo sigue sin aparecer.
Sara clama a las autoridades.
“Que sean más sensibles con el dolor de la gente, que no la prejuzguen de antemano”, dice.
Y es que ya lo denunció Human Rights Watch (HRW), a las víctimas de la violencia se les considera a priori delincuentes, sin ninguna evidencia que lo sustente.
‘No hacen bien su trabajo’
Angélica es madre de Alberto Campos Ávila. En su mano izquierda muestra una foto de su hijo desaparecido el 8 de junio de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Con la otra, estrecha la pequeña mano de su hija que lleva puesta una playera azul que tiene impreso el rostro de su hermano al que dejó ver cuando era apenas una niña de preescolar.
Alberto se encontraba en la calle alistando la motocicleta que usaba para trabajar cuando llegaron unos hombres en una camioneta y se lo llevaron.
Su madre asegura que no estaba metido en problemas.
“Las autoridades no hacen correctamente su trabajo”, lamenta. “Si lo hicieran bien, se daría con las personas que buscamos”.
El 10 de mayo, Angélica caminó junto a decenas de integrantes de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, organismo del que ya forma parte.
‘Se siguen llevando personas’
El informe “Los Desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada”, que Human Rights Watch (HRW) presentó en febrero de 2013, destaca que miembros de las fuerzas de seguridad suelen participar en numerosos casos de desaparición forzada.
HRW documentó casi 250 desapariciones que se realizaron del 2007 al 2013. En 149 de esos casos, las evidencias sugieren que participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.
Estos delitos fueron cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia.
Es por ello que el enojo crece a la par de la impotencia.
Eso es lo que siente la esposa de David Fuentes González, a quien se lo llevaron de la mina Diablas de México, ubicado en Urique, Chihuahua.
El 9 de febrero, él y cinco personas más de la mina fueron “levantados”. Una semana después, se llevaron a otras cuatro. Las autoridades locales no dan informes puntuales de la búsqueda que han realizado.
“Nos dicen que hacen rastreos cuando a la fecha no hay nada; yo le puedo decir que después de un año tres meses no conozco al ministerio público que lleva el caso”, dice la esposa a Reporte Indigo.
Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, las víctimas de ese caso han conseguido los escuche el fiscal estatal, pero el resultado es solo uno: “no hay ningún avance”.
La mujer solo pide que el Procurador la escuche.
Su principal mensaje a Miguel Ángel Osorio Chong es sencillo.
“Que no se deje llevar por esas cifras que le muestran de que ha bajado el secuestro, que ha bajado la inseguridad. En Chihuahua se siguen llevando a las personas y el gobierno no hace nada por detener esto”.
‘Que nos entreguen a nuestro hijos’
Yolanda Montes Ortiz, madre de Marasuva Teresa Gómez Montes, habla de su hija como si siguiera viva, aun cuando desapareció desde el 29 de noviembre de 2010.
Su caso es conocido, ella, como Ministerio Público fue secuestrada cuando salía a comer en compañía de otros compañeros que integraban la Unidad de Antisecuestros en Durango.
“Mi hija y sus compañeros fueron invitados por el mismo gobierno del estado … su misión era proteger a una ciudadanía desprotegida”.
Esta guerra ha atropellado los derechos humanos del pueblo mexicano, dice Yolanda.
“… y como madres de familia siempre nos mantendremos en protesta hasta que el Estado nos devuelva a nuestros hijos”, asegura. “Si a los mexicanos se nos hubiera informado de los alcances de esta guerra hubiéramos tomado providencias para proteger más a nuestros hijos”.
Yolanda sabe bien lo que quiere. Quiere poder estar en paz y para eso necesita una sola cosa.
“Que nos entreguen a nuestros hijos”.
Tiempo de pedir cuentas
Diversos organismos nacionales e internacionales demandaron al Gobierno Federal que dé a conocer una cifra oficial actualizada y depurada de los desaparecidos.
Representantes de estos organismos coincidieron en que es casi imposible comprender que ante un tema tan doloroso no se trabaje con esmero, que no haya coordinación entre los tres niveles gubernamentales y que ni siquiera se informe respecto a las personas localizadas.
Lo más grave, alertaron, es que los reportes de homicidios y desaparecidos en el país está superando la incidencia del sexenio pasado.
La promesa de que la violencia disminuirá no llega.
Las familias de los desaparecidos solicitaron reunirse lo antes posible con el secretario de Gobernación y el titular de la PGR.
Aseguraron que quieren darles la oportunidad a los altos responsables de la política interior y de la impartición de justicia de explicar los resultados que consideren pertinentes sobre las desapariciones.
A la Comisión de Derechos Humanos del Senado le solicitarán conformar una comisión especial sobre desaparecidos, que tome en cuenta todas las recomendaciones hechas por la ONU esta materia.
Funcionarios involucrados
Cuatro meses después del reporte de HRW, Amnistía Internacional reveló que en la mayor parte de las desapariciones forzadas ocurridas en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero estuvieron involucrados funcionarios públicos.
En su informe: “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, indicó que, de un total de 152 casos que estudiaron sobre desapariciones forzadas ocurridas en siete estados del país, en 85 de ellas intervinieron uno o más funcionarios.
Entre 2006-2012, pese a las denuncias e indicios disponibles sobre los desaparecidos, solo hay dos sentencias condenatorias de ese periodo de la PGR.
Las cinco recomendaciones emitidas por la CNDH por casos de desaparición forzada ocurridas entre 2011 y 2012 no propició tampoco ninguna sentencia condenatoria.
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