AUTOR: Roberto Garduño y Enrique Méndez.
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‘‘Soborno anticipado’’, lo votado por PRI, Verde y Panal, dicen.
Los votos de PRI, PVEM y Panal le dieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la atribución de otorgar una pensión vitalicia a los magistrados de ese organismo, aun cuando éstos ya ganan 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 son salarios; 866 mil 353, prestaciones, y 737 mil 718 por concepto de ‘‘pago por riesgo’’.
Los magistrados electorales también reciben otros beneficios: aguinaldo de 353 mil 98 pesos, prestaciones nominales por 377 mil 410, prima vacacional de 61 mil 792 y un seguro de separación individualizado por 317 mil 788 pesos.
La pensión, otorgada mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin estar incluida en la agenda del periodo extraordinario, fue definida por el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, como ‘‘una conquista’’ de los magistrados que, festinó: ‘‘¡Recibirán una remuneración por el resto de su vida!’’
‘‘Haber de retiro’’
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció sin embargo, que el miércoles se presentará en la Comisión Permanente una iniciativa que aclare el ‘‘haber de retiro’’ de los magistrados. Diputados priístas explicaron que se pretende suprimir la pensión, pero ayer era necesario aprobar la minuta para evitar que la legislación electoral fuera devuelta al Senado.
Aunque PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo, no les alcanzaron los votos debido a la ausencia de una treintena de legisladores de esas bancadas, entre éstos 4 de los 14 del PT. El PRD definió que se trata de un ‘‘soborno anticipado’’ para las elecciones intermedias de 2015 y las presidenciales de 2018, que serán calificadas por el TEPJF.
Roberto López Suárez (PRD) preguntó: ‘‘¿Para qué quieren los magistrados una pensión mensual de 400 mil pesos? ¿Para comprarse un relojazo de un millón, como el director de Conagua, David Korenfeld? Es increíble que esta cámara acepte cebar la codicia de los magistrados’’.
Diputados de esos partidos consideraron que es ‘‘una ofensa’’ para más de 50 millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema, así como ‘‘una burla’’ a los adultos mayores de 60 años, a quienes el Congreso concedió una pensión de 500 pesos al mes y también a los trabajadores que fondearán su propio seguro de desempleo.
PRI, PVEM y Panal rechazaron suprimir el cambio al artículo 209, fracción 31, con el argumento de que ello implicaba devolver la minuta al Senado y que la Permanente convocara a esa cámara a otro extraordinario, pero debido a que el dictamen constituye un solo cuerpo legislativo se habría retrasado la entrada en vigor del marco electoral.
El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, explicó que la pensión no sólo es inmoral sino inconstitucional, porque la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial no estaba incluida en la agenda. Criticó que, de madrugada, los senadores mandaron ‘‘una bola baja. ¿Qué tiene que ver la pensión de los magistrados con las cuestiones electorales?’’ Detalló que al avalar la pensión se violó el artículo 67 de la Constitución, el cual dispone que en los periodos extraordinarios las cámaras ‘‘sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la Permanente someta a su conocimiento’’. La adición, agregó, se introdujo ‘‘mañosamente y es la base para un régimen especial de pensiones similar al de los ministros de la Corte’’.
Carol Antonio Altamirano (PRD) sostuvo que dar pensión vitalicia a los magistrados ‘‘constituye una ofensa cuando 50 millones viven en la pobreza y la titular de Sedesol, Rosario Robles, pretende condicionar la entrega de subsidios a que las familias no tengan más de dos hijos’’.
Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano, expuso que la pensión vitalicia ofende a millones de jóvenes sin empleo. ‘‘No hay decoro republicano. Esta cámara debió enmendar la plana al Senado para detener esta barbaridad, una marrullería propia de bribones, de pillos que se escudan en la oscuridad para cometer sus fechorías’’, indicó.
Manuel Huerta (PT) redondeó: ‘‘No es un soborno anticipado. Es el pago de los servicios a Enrique Peña Nieto en la elección presidencial pasada’’.
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