AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Para la diputada Beatriz Zavala Peniche –quien estuvo al frente de la Sedesol los primeros meses del sexenio calderonista–, Robles no está desempeñando bien su encomienda.
“No podría calificar como buena su gestión porque un programa con características muy nobles (la Cruzada Nacional Contra el Hambre) lo aplicaron durante 2013 en municipios y ciudades con alta población (que no es precisamente la que presenta los índices de pobreza extrema o alimentaria más altos) que tuvieron elecciones intermedias ese año”, dice a Proceso.
Eso la llevó, relata, a acompañar al diputado federal panista Fernando Rodríguez Doval a presentar ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Secretaría de Gobernación, “una queja contra la funcionaria peñanietista por presuntos “actos discriminatorios”.
Según lo dicho por Robles, como se asienta en la querella radicada el martes 6 en esa instancia, el Programa Oportunidades “ya no va a beneficiar a las (mujeres) que tengan muchos hijos, sino a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en esos niños y en estas niñas. Así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando 10 por cinco; no.
“Esto ya se acabó, porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna, de todo lo que nos garantiza nuestra Constitución.”
Rodríguez Doval comenta en su queja –cuya copia obtuvo Proceso– que Oportunidades “es la principal política pública de combate a la pobreza” en el país para que sus beneficiados satisfagan sus necesidades básicas.
Las declaraciones de Robles, se asienta, “contravienen el artículo cuarto de la Constitución, pues toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos; y son una clara violación a la cláusula de no discriminación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La discriminación cometida por la funcionaria federal –dice Rodríguez Doval– también es étnica, pues hizo sus comentarios ante indígenas de Nayarit. Las familias indígenas son, en promedio, más grandes que las urbanas por cuestiones de ideología, religión, tradición y organización”, por lo cual no deben ser causales de exclusión.
Zavala Peniche considera que los criterios de Robles Berlanga fueron desvirtuados por su gestión, pues desde hace tiempo advirtió sobre la desaparición de Oportunidades y sus reglas de operación.
“En ese sentido –comenta– creo que haría un grave daño social a muchas familias que necesitan este programa y este programa permite a los niños que vayan a la escuela, porque condiciona la entrega del apoyo económico a la asistencia escolar y –esto está comprobado con datos del Inegi y del Coneval– el índice de deserción escolar es a nivel primaria”, señaló.
Ataques y contrarréplicas
La titular de la Sedesol respondió a los ataques. Dijo que esa restricción fue realizada durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual Zavala estuvo al frente de la dependencia.
La actual diputada federal se defendió: “El programa Oportunidades tiene varios componentes económicos. Uno de ellos es apoyo alimentario, se da a la familia en lo general, independientemente del número de hijos. Sirve, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, para su alimentación, sus medicinas, para las mujeres en estado de lactancia y para la alimentación de los niños.
“Otro componente económico es el de la asistencia escolar. Incluso hay apoyo para útiles escolares. Ciertamente en 2009 se hizo un cambio al programa, que firmaron los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Social, para agregar un nuevo componente económico debido a la crisis mundial de 2008, que había incrementado el precio de los alimentos básicos… Eso no quiere decir que ese programa sólo se dé a las familias que tengan tres hijos.”
El jueves 8 Zavala presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo en el que exhorta a la titular de la Sedesol “a no aplicar las medidas discriminatorias y excluyentes anunciadas que –insiste– van contra las familias pobres de nuestro país y (propuso llamar a Robles) a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente”.
También criticó a la titular de la Sedesol porque, dijo, anunció esas medidas precisamente el 30 de abril, Día del Niño, durante la toma de protesta del comité comunitario de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la comunidad Los Encinos, en Nayarit.
Robles declaró ante medios que las familias sólo tendrán el apoyo para tres hijos o menos y que había pedido a mujeres indígenas que acudan a talleres de planificación familiar “para que sean tres hijos en toda su vida, no más”. Lo anterior, insiste la diputada panista, evidencia la pretensión de desvirtuar la política social gubernamental.
“Es claro que estamos acudiendo a la instrumentación de una política social que, como antaño, se utiliza discrecionalmente para otros fines que no son los de apoyar a las familias que más lo necesitan”, explicó.
Infancia infeliz
Según el reporte Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2010-2012 elaborado por el UNICEF en México y por el Coneval, hay 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza.
De ellos, 4.7 millones experimentan las mayores privaciones y vulneración a sus derechos humanos porque viven en la pobreza extrema. La situación más grave, según el documento, la enfrentan los infantes indígenas, pues sólo en 2012 78.5% de quienes tienen entre cero y 17 años son pobres, y 33.4% viven en la pobreza extrema.
Datos del Inegi y estadísticas a propósito del Día de la Familia Mexicana elaboradas en marzo de 2012 indican que, de acuerdo con el censo de 2010, en 64.7% de los hogares había por lo menos un niño de cero a 14 años, y en 64.9% cohabita al menos un joven de 15 a 29.
“El índice de dependencia nos da una aproximación de la cohabitación de diversas generaciones en el mismo hogar, en 20% de los hogares familiares no hay niños menores de 15 años ni población de 60 años y más, mientras que 4% no cuenta con personas en edad productiva (15 a 59 años) y en 76% confluye la cohabitación tanto de personas en edad productiva como de población dependiente”, según el documento.
Y añade: “Se ha demostrado que los padres analfabetos tienden a tener menos expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y sus hijos.
“En las familias de escasos recursos es frecuente que se privilegie el trabajo a la educación debido a su costo de oportunidad. La muestra censal de 2010 señala que en 1.8% de los hogares existe al menos un niño de 8 a 14 años que no tiene la aptitud de leer ni escribir; al revisar la situación de alfabetización de los jefes se observa que en 28.5% de los casos el jefe es analfabeto.
“Hay una proporción similar de hogares familiares donde existe al menos un joven de 15 a 29 años que no sabe leer ni escribir, pero el porcentaje de jefes analfabetos en estos hogares aumenta a 43.8%. Por su parte, los resultados censales del cuestionario básico indican que en 6.5% de los hogares familiares donde hay niños de 6 a 14 años, al menos uno de ellos no asiste a la escuela y si se considera la escolaridad del jefe del hogar, entonces la proporción aumenta a 16.4% cuando éste no tiene instrucción.”
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