AUTOR: MARTA LAMAS (ANÁLISIS)
Más que sumarme a las duras críticas que suscitó la declaración de Rosario en relación con los apoyos contra la pobreza, quiero imaginar qué habría ocurrido si hubiera planteado el derecho a elegir de las mujeres que ella siempre ha defendido. No es posible olvidar su papel crucial cuando, como jefa de gobierno interina del Distrito Federal, introdujo una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa con el fin de incorporar al código penal las causales de no punibilidad del aborto por malformación fetal y riesgo para la salud de la mujer.
Robles convocó a una sesión extraordinaria de la ALDF para presentar dicha iniciativa, que no despenalizaba sino únicamente equiparaba la ley del DF con lo que ya existía en otras entidades.
La aprobación de la reforma –que fue llamada en los medios “Ley Robles”– provocó un recurso de anticonstitucionalidad por parte del PAN, que acabó siendo un gesto simbólico, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la “Ley Robles” no era inconstitucional. Sin embargo, la derecha aprovechó para desatar una campaña en los medios contra ella. El encarnizamiento contra Rosario Robles fue mayor cuando se complicó con el caso Ahumada.
Siempre me ha sorprendido lo desigual de la crítica contra esta mujer política al compararla con la que se hace a otros políticos que también se equivocan, incluso en grados mayores. Me parece que tal ferocidad mediática en parte es por ser mujer, y en parte es el costo que le significó haber promovido una moderada ampliación de la legislación del aborto.
En esta ocasión Rosario explicó que no otorgar recursos del Programa Oportunidades a mujeres indígenas con más de tres hijos es una regla que existe y que ella no definió; no obstante, omitió el derecho a decidir de las mujeres indígenas. ¡Craso error!
Si en general la maternidad en México está inserta en situaciones de gran vulnerabilidad, algunos contextos sociales son peores que otros, como es el caso de nuestras comunidades indígenas. La carencia de información, la ausencia de servicios y el machismo son causas frecuentes de las maternidades precoces, desafortunadas y no deseadas que pueblan nuestro país, y esto se agrava en tales comunidades. Las políticas gubernamentales que no toman en consideración dichos contextos no sólo son ineficaces sino que, aún peor, ahondan la desigualdad.
Las mujeres indígenas abortan, en ocasiones por desnutrición o por otras causas relacionadas con la miseria, como el acarreo de agua o leña, o la violencia. Aunque también muchas mujeres indígenas desean interrumpir embarazos no deseados. Ya las jóvenes feministas indígenas han dado testimonio al respecto. Yo hubiera esperado que Rosario hablara a estas mujeres de la maternidad voluntaria, e incluso de que existe el derecho al aborto, y que les hubiera ofrecido su colaboración para trasladarlas al DF a tener interrupciones legales del embarazo (ILE) cuando así lo pidieran. También sigo esperando que ella plantee la maternidad voluntaria como un eje de su política social.
Por otro lado, el pasado domingo 4, en el marco del Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, el gobernador de Guerrero anunció que presentaría una iniciativa para despenalizar el aborto. El lunes 5 Aguirre cumplió su palabra, y ahora únicamente falta que la mayoría del PRD en el Congreso local comprenda que tal reforma significa tanto acabar con la coerción a la autonomía personal que implica una maternidad no elegida, como equilibrar la situación de discriminación entre las que pueden viajar al DF y las que viven en aquella entidad. Parece que en nuestro país solamente al PRD le importa acabar con esa circunstancia de brutal desigualdad.
En México hay de madres a madres. En los medios aparecen de vez en cuando noticias sobre el patético escenario de desinterés y negligencia por las madres pobres, las que son mal atendidas en los servicios de salud, y las que paren en la calle. Al reivindicar que las vidas de todas las madres son una prioridad nacional, hay que exigir que se aborden con seriedad y profesionalismo el embarazo, el parto y el puerperio de todas las mujeres, y, por supuesto, que se enfrente el problema de los abortos ilegales. Hay que “apretar las tuercas” a las unidades ginecológicas que no cumplen con la atención obstétrica necesaria para atender bien a las gestantes y parturientas, y hay que reformar las leyes sobre el aborto en el resto del país, para que las mujeres pobres que así lo deseen puedan realizarse interrupciones legales del embarazo.
Sí, hay de madres a madres: las pobres y las ricas. Para festejar que la maternidad siempre sea una dicha se requieren un rediseño fundamental de la atención sanitaria pública y reformas a las leyes estatales. De eso lamentablemente no habló Rosario Robles, mientras que felizmente para las mujeres de Guerrero Ángel Aguirre dio un paso sustantivo en esa dirección.
¿Y?
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