AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
La propuesta, programada para dictaminarse en la sesión de este miércoles 14, generó polémica tanto en el gremio de magistrados como entre legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias.
La iniciativa, firmada por los 18 magistrados, fue votada en contra por la magistrada Bertha Leticia Rendón Montealegre, con el siguiente argumento:
“Adicionalmente de lo que la norma jurídica dispone, dentro del universo de servidores públicos, quienes administramos la justicia tenemos que ser los más sensibles al padecer humano. Tenemos la delicadísima tarea de calificar la conducta de otros y tenemos que ser el ejemplo. La pensión, jubilación o como quiera llamársele, que se asigne a quienes prestaron sus servicios en el Poder Judicial y terminaron una etapa, debe de ser acorde a las circunstancias económicas”.
En el artículo 26-D, de la iniciativa enviada por la presidenta del Tribunal, Nadia Luz María Lara Chávez, se señala: “En caso de fallecimiento del magistrado durante el ejercicio del cargo o que esté dentro de la hipótesis del retiro forzoso o voluntario, su cónyuge o concubina y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente del 75% de la remuneración mensual que debía corresponder al propio magistrado.
“El cónyuge o concubina dejarán de tener derecho si contraen matrimonio y los hijos al cumplir la mayoría de edad, salvo que se encuentren incapacitados y en caso de estar estudiando, hasta que cumplan 25 años. En caso de que uno de los beneficiarios deje de tener derecho, los restantes beneficiarios acrecentarán su derecho de manera proporcional”.
En entrevista, la magistrada Rendón Montealegre considera que también debe valorarse la pertinencia de disminuir el importe del sueldo para destinarlo a cuestiones más ingentes relacionadas con la administración de justicia: “ahora son 90 mil pesos mensuales y las prestaciones son las mismas que el resto de los servidores públicos”.
Detalla que algunas cuestiones que se plasmaron en la iniciativa pudieran rebasar el marco constitucional, específicamente lo que es la causahabiencia, es decir, el derecho que se les da a los herederos y el que se sumen los años a diestra y siniestra cuando la Constitución sólo refiere que el haber por retiro tiene que ser en el ejercicio de la magistratura: “Por eso me aparté, sin que esto implique que mi voz es la más acertada”, dice.
Rendón Montealegre explica que será el Poder Legislativo el que valorará el marco jurídico que ciñe el otorgamiento de esa prestación y acordará lo que considere procedente: “El marco constitucional refiere que los 14 años tienen que ser en ejercicio de la magistratura y no estima que pueden ser tres años magistrado y 11 años servidor público en otras labores para completar los 14 que señala la Constitución”.
–¿Hay alguna laguna de la que se aprovechan los interesados?
–No hay laguna, la Constitución es clara de que hay un derecho al haber de los magistrados, lo que hace falta es legislar el procedimiento para hacer efectivo el derecho.
Javier Bolaños, diputado del PAN, explica: Estamos en proceso de revisión de candidatos para sustituir a dos magistrados numerarios y un tercero, Andrés Hipólito, que está en debate jurídico la procedencia o no de la terminación de su cargo.
Este último, según la opinión de algunos analistas, concluye su encargo el 18 de mayo, pero en análisis de otros, dicen que es el único inamovible, porque hace algunos años –cuando existía la inamovilidad– ganó un amparo. Después hubo reformas constitucionales que cancelaron la inamovilidad y les concedieron un periodo de seis años con el derecho de ser ratificados por ocho años más”.
Hipólito Prieto se amparó por la instancia federal junto con otros magistrados que lo hicieron por instancia local. Fue el único al que se le concedió un amparo contra su destitución y se generó el concepto de inamovilidad. Ahora se asegura que hay una controversia constitucional que ya se resolvió y que dejaría sin efecto éste amparo. A esta situación se suma el hecho de que en las mismas fechas cambiará la Presidencia del Tribunal y que Nadia Luz María Lara Chávez intenta reelegirse.
Con el panista, el legislador del PRI, Isaac Pimentel Rivas, coincide en que de los magistrados, quienes deben recibir un reconocimiento especial son quienes realmente tienen toda una vida dentro del Poder Judicial como Virginia Popoca con más de 40 años de carrera y Ezequiel Honorato, con 29.
“No les vamos a proporcionar lo que demandan, ellos quieren una pensión de 90 mil pesos, hay una propuesta del PRD y del PRI que puede transitar con 60 mil. Una compañera del PRI propone asignarles 35 mil. Creo que la mayoría de los diputados ven con buenos ojos la propuesta de 50 a 60 mil pesos de por vida”, comenta.
El legislador está de acuerdo en que magistrados como Popoca y Honorato “que vienen desde abajo, desde el puesto más sencillo en el Poder Judicial hasta lograr una magistratura” se les apoye con 60 mil pesos. Para el resto, propone “candados”, por ejemplo que al momento de retirarse tengan 14 años de carrera judicial.
–¿Y que sea heredable?
–Definitivamente no. No es justo, el trabajo lo realizaron los magistrados, por lo tanto deben de disfrutarlo sólo ellos.
Así, mientras la entidad gobernada por Graco Ramírez se hunde en la inseguridad, los magistrados se enfrascan en obtener las mayores prebendas.
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