AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
Por más de un año fueron considerados en muchas partes del país –con los mismos problemas de violencia e inseguridad– como la respuesta más legítima de una sociedad harta de los abusos del crimen organizado y sus cómplices en el gobierno, las fuerzas armadas y los policías que propiciaron un ambiente de desconfianza para cualquiera que se atrevía a denunciar.
En los meses que estuvieron operando sin el peso de los reflectores ni de las tentaciones del poder, el dinero y las posiciones políticas, las autodefensas hicieron lo que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron: arrebatar Michoacán de las manos de los Caballeros Templarios.
Con las armas en las manos los calentanos primero, y los costeños y purépechas después, avanzaron por regiones que estaban bajo el yugo de los Templarios. Les quitaron de sus dominios 24 municipios y lograron poner en cada uno de ellos grupos de autodefensas propios y hasta consejos ciudadanos que hacían las veces de alcaldes o cabildos.
José Manuel Mireles, un médico de Tepalcatepec con formación política alejada del PRI, concentró la atención de los medios por su discurso coherente y contestatario que chocaba con el oficial. Su figura alta, desgarbada y de tupido bigote, con sombrero, se hizo emblemática de las autodefensas que en el primer año mantuvieron su lejanía del gobierno federal.
Conforme pasó el tiempo el gobierno cooptó a varios de los representantes de las autodefensas que desde enero tomaron un papel protagónico en cada avance que tenían en los poblados que estaban bajo el control de los criminales Templarios.
El 4 de enero, Mireles sufrió un accidente aéreo y ante su ausencia el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, pidió que pusieran a otro representante de las autodefensas, y desde entonces trepó al escenario Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, un limonero de Buenavista Tomatlán.
Sin la presencia de liderazgo ni el discurso político independiente del gobierno, Estanislao Beltrán resultaba más cómodo que Mireles en los planes del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas, que para entonces ya eran un icono para otros grupos inconformes con la incapacidad e ineptitud del gobierno para combatir al crimen organizado.
El 24 de febrero, a su regreso a Tepalcatapec, y luego de su convalecencia por el percance aéreo, Mireles recuperó las calles y entre sus pares autodefensas no sólo el papel de vocero, sino que fue nombrado coordinador general de las autodefensas ciudadanas. Con ese cargo el médico cirujano se convirtió en “la piedra en el zapato” del gobierno del priista Peña Nieto.
Durante semanas, Castillo se reunió con las autodefensas pero sin incluir a Mireles. Asistían Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, El Comandante Cinco; Nicolás Sierra, jefe de la banda de Los Viagras, y otros más, con quienes el comisionado tomó el acuerdo para el desarme y desmovilización de las autodefensas a partir del sábado 10 de mayo.
A principios de abril, Mireles protestó por su exclusión y después de una serie de movilizaciones en varios municipios de Tierra Caliente y pueblos purépechas fue invitado a las siguientes reuniones, donde era la única voz disidente a las intenciones del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas. Además, denunció el enriquecimiento de algunos de sus compañeros y su vinculación con grupos del crimen organizado.
Para el gobierno peñista era cada vez más incómoda la presencia de Mireles y, antes de que llegara el día del desarme, se desplegó una estrategia para anularlo y desprestigiarlo, aprovechando las propias debilidades del jefe de las autodefensas.
Papá Pitufo y el Comandante Cinco, que varias veces sirvieron de mensajeros de Castillo, fueron los peones en la estrategia gubernamental: acusaron a Mireles de deficiencia mental, de aprovecharse del movimiento, de la muerte de cinco jóvenes en un enfrentamiento en Caleta de Campos y solo faltó que señalaran que también era Templario.
Lo traicionaron a pesar de haber sido compañeros de causa. El comisionado cerró la estrategia al decir que se investigaría a Mireles por la muerte de los jóvenes, así como de confirmar que ya no era más el interlocutor con las autodefensas.
Hoy el movimiento de autodefensas michoacanas dejo de existir en Tierra Caliente. Siguen operando algunas en la región de la Costa y zona purépecha, junto con las rondas y policías comunitarias. El gobierno mediatizó e inutilizó al movimiento convirtiéndolo en una fuerza rural bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la misma que fue infiltrada por el crimen organizado.
Quizá el gobierno federal apueste a que con la anulación del liderazgo de Mireles podrá controlar el movimiento de autodefensas en Michoacán y lograr una pacificación en la entidad.
Sin embargo, no toma en cuenta que ya existen municipios, como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija, que han rechazado la sumisión y por el contrario han expresado su apoyo al doctor de Tepalcatepec.
También han resaltado que persiste una intención de formar un movimiento nacional de autodefensas que pretende canalizar la expresión de inconformidad social en todo el país ante la incapacidad del gobierno federal de sofocar al crimen organizado.
La anulación del liderazgo de Mireles y la institucionalización de las autodefensas no acaba con el problema del crimen organizado en Michoacán, tampoco la detención de los líderes de los Templarios y el encarcelamiento de algunas autoridades, como el exgobernador interino Jesús Reyna.
Peor aún, los grupos que antes estaban en el estado, como el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han regresado y la estructura social que soportó por tantos años a los Templarios sigue intacta. Tal vez haya una pausa en la violencia, pero el problema a todas luces no ha sido resuelto.
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