AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
Bastante se avanzó en las negociaciones. Iniciaron con cerca de 30 temas de desencuentro, luego llegaron a 16 muy álgidos. El asunto del prorrateo de los gastos de campaña, una de las diferencias más importantes, se resolvió entre la madrugada del domingo 11 y el lunes 12 de mayo.
Este martes 13 las comisiones unidas decidieron aprobar, en lo general, el dictamen acordado por los negociadores y que el pleno del Senado resolviera las diferencias. Además, la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario para este miércoles 14 y se espera que, a más tardar, el 16 de mayo deben ser discutidas y votadas en la Cámara de Diputados y el Senado las cuatro leyes secundarias.
Los “corchetes” no son asuntos menores. Están en la esencia de la imposibilidad de tener una reforma político-electoral definitiva que deje de pensar sólo en los términos de la partidocracia y decida pensar en los ciudadanos.
También definirá los alcances de un modelo centralizado de organización electoral que provocó la desaparición del IFE para dar paso a un órgano híbrido que es el INE.
Y, en tercer lugar, el PAN insistió en incrementar el financiamiento privado para que rebasara el tope de gastos que representaba el 10% y llegara al 25%. Este tema aún falta analizarlo en todas sus consecuencias para un país donde las donaciones de personas físicas se pueden convertir en una fórmula de chantaje y de opacidad enorme.
Modelo de Comunicación Política
El senador Javier Corral es uno de los legisladores que más ha insistido en este punto. El panista fue el único que se abstuvo en la votación de la Comisión Permanente y argumentó que aún existen serias deficiencias en los artículos del 159 al 186 dentro de la Ley General de Procesos Electorales.
Lo que se apruebe en este punto definirá las relaciones entre cuatro partes importantes de la ecuación: Los medios de comunicación y la información que manejan en el proceso electoral, los partidos políticos y sus candidatos, los ciudadanos que son las audiencias receptoras de esos mensajes y las autoridades gubernamentales.
En el proyecto de dictamen se vuelve a caer en un vicio que tanta animadversión le ha creado a los partidos políticos: La excesiva partidocracia que ignora o limita a los candidatos independientes, figura que ya ha sido aceptada en la reforma constitucional.
a) Se debe establecer que los candidatos independientes tendrán derecho de “acceso a las prerrogativas para las campañas”, incluyendo el acceso a los medios de comunicación electrónica, sin necesidad de comprar ni adquirir estos espacios.
b) En el proyecto de dictamen también es indispensable “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Pero también es necesario prohibir la transmisión de la misma publicidad o propaganda en los programas de entretenimiento.
c) Hemos visto, desde el ascenso de Enrique Peña Nieto al poder, que el uso y abuso de los infomerciales o de la inserción de menciones pagadas en programas de variedades y de espectáculos se convirtió en un modelo de despilfarro de recursos públicos y una sospechosa fórmula para mantener una doble contabilidad, sin que los organismos electorales puedan ejercer una fiscalización puntual y precisa.
El modelo Peña Nieto –impune hasta ahora porque nunca fue sancionado ni él ni el PRI- ha sido replicado y repetido por todos aquellos gobernadores, alcaldes y hasta delegados capitalinos que pretenden promoverse como candidatos o precandidatos. En este caso, se trata de respetar y admitir uno de los derechos de audiencia más importantes: Diferenciar entre información, entretenimiento y publicidad política.
d) También es necesario subrayar la necesidad de que el INE ordene la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas en las estaciones de radio y televisión que se vean o escuchen en el ámbito geográfico de la elección que se celebre, incluyendo también los canales de televisión restringida.
e) El otro punto delicado del modelo de comunicación política es la posibilidad –siempre presente– de inducir y alentar la guerra sucia en los mensajes de campaña, ya no sólo a través de medios electrónicos (radio y televisión) sino de estas nuevas y dinámicas formas de comunicación que son las redes sociales.
¿Son válidos los blog centers, la contratación de cuentas falsas y la promoción de un lenguaje de odio contra adversarios, comunicadores y periodistas? ¿Cómo se hará la vigilancia y el monitoreo en estos medios? ¿De qué manera la vigilancia respetará el derecho a la información y a la libertad de expresión de manera irrestricta?
Éstas y otras dudas aún no están resueltas. Y es el debate que vendrá, con toda su fuerza, en los comicios del 2015, tanto federales como estatales.
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