AUTOR: SARA PANTOJA Y ROSALÍA VERGARA (REPORTAJE ESPECIAL)
El gobierno de Miguel Ángel Mancera propuso una ley de aguas que permitiría más participación de la iniciativa privada. Es la tercera vez que se intenta imponer una norma similar en el Distrito Federal, pese a que experiencias similares en otras ciudades han mostrado los daños que provoca la gestión del recurso en manos de particulares: cobros excesivos, beneficio para pocos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del agua, despido de trabajadores y “expropiaciones” carísimas.
Se trata de la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México (LAS), en fase de revisión en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF antes de ser enviada al Legislativo. Ramón Aguirre, director general del Sacmex, asegura que la iniciativa cuenta con el consenso de todos los grupos políticos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y que es “inminente” su aprobación.
Investigadores de la UNAM y la UAM y activistas ambientales alertan desde ahora sobre los riesgos que acarrearía aprobarla: Aumento de tarifas, incumplimiento de contratos, maltrato a ciudadanos, incapacidad de reclamo legal, cortes del servicio, mala calidad del líquido y falta de transparencia, entre otros.
La iniciativa de la LAS abrogaría la Ley de Aguas del DF vigente desde 2003. Está sustentada en el Plan Hídrico que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el 25 de marzo y en el cual se enlistan las acciones orientadas a atenuar la crisis hídrica para los próximos 25 años, con una inversión de 200 mil millones de pesos.
Según el plan, se garantizará el suministro de 100% de agua potable en 2018. En la primera etapa se rehabilitarán 3 mil 115 kilómetros de tuberías para evitar fugas, se construirán 19 potabilizadoras y 16 más se rehabilitarán. Además, se harán obras de drenaje en 15 colonias de seis delegaciones.
Datos del Sacmex indican que el drenaje en la ciudad tiene 60 años de antigüedad, en promedio; 42% del líquido se pierde por fugas; 18% de la población recibe el servicio por tandeo, particularmente en Iztapalapa y Tláhuac; 12% del agua que llega a los hogares es de mala calidad, y sólo se trata 14% del agua residual. Del total del agua en la ciudad, 60% se extrae del manto acuífero y 40% proviene de los sistemas Lerma y Cutzamala. Las autoridades ya buscan una tercera opción en el estado de Hidalgo.
“Marca Aguirre”
El propósito de la iniciativa de 163 artículos –copia de la cual tiene Proceso– es “regular la gestión integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos prioritarios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales”.
Prevé dotar de plena autonomía de gestión al Sacmex –actualmente es un órgano desconcentrado del GDF–, al darle personalidad jurídica y patrimonio propio.
En el artículo 6, fracción II, conceptualiza el agua como “un bien social, cultural, ambiental y económico”, si bien en la VI aclara que “tiene un valor económico en todos sus diversos usos” y, por tanto, debe pagarse la prestación de los servicios hidráulicos.
La propuesta faculta al Sacmex para “administrar, explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución y control”, así como para generar sus propios ingresos y aplicarlos en las obras que garanticen el servicio. Prevé que su patrimonio se forme con los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios a su cargo, los créditos que contrate, las utilidades provenientes de sus obras y los rendimientos financieros por sus inversiones.
En su artículo 18 otorga el poder al director del organismo para elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno los contratos que considere convenientes para su operación.
En entrevista, Ramón Aguirre Díaz, director general del Sacmex, explica que la iniciativa garantiza que el sistema siga siendo parte del sector público: “Va a seguir teniendo su contraloría, cumplirá con las leyes en la materia, seguirá los lineamientos que dicte el jefe de gobierno y se coordinará con las secretarías. La única diferencia es que las facultades repartidas entre seis dependencias nada más las voy a tomar yo”.
El también vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México dice que el esquema actual “es el más ineficiente posible”, pues genera problemas en el servicio y lentitud en las soluciones. “Es una de las grandes pifias del gobierno de la ciudad, un gravísimo error de concepto”.
En su opinión, la descentralización “no tiene nada que ver con la privatización. Al contrario, como la idea es no privatizar, se fortalece al propio gobierno dándole mayores facultades y autonomía a su organismo encargado de prestar el servicio”.
Titular del Sacmex desde la administración de Marcelo Ebrard, Ramón Aguirre asegura que si se aprueba la iniciativa se podrían contratar pipas de agua potable en una mañana, reclasificar colonias para el cobro en una semana y pagar trabajos urgentes para echar a andar una maquinaria cuando las empresas no quieren fiar el servicio.
Aunque alerta: “No es magia. La descentralización no va a hacer que mañana ya no haya fugas ni que las tuberías ya no sean de 60 años de antigüedad ni que ya no tengamos 18% de la población por tandeo, pero se tendrá la certeza de que estamos cambiando la ruta del barco antes de caer al precipicio al que vamos”.
La iniciativa incluye la creación de un consejo consultivo con académicos, empresarios, organizaciones civiles y de derechos humanos y sociedad civil. Le deja a la ALDF las facultades de aprobar las tarifas propuestas por la Junta de Gobierno y definir la aplicación de subsidios. La diferencia de recursos la entregarán al Sacmex en un Fondo de Compensación.
Violación constitucional
Rodrigo Gutiérrez Rivas, especialista en derecho fundamental del agua del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alerta que con esta iniciativa se le pondría un precio al agua y se convertiría en mercancía sujeta a la lógica del negocio –ganancia y competencia–, aun cuando es un derecho humano que debe ser gestionado públicamente por el Estado.
En entrevista, asienta que el nuevo esquema significaría el primer paso a la privatización del servicio, con consecuencias peligrosas. “Lo que quieren es que le demos autonomía (al Sacmex) para que no tenga trabas. Esta es una perspectiva tecnocrática. Es increíble que un gobierno que se dice de izquierda quiera aplicar un programa de ultraderecha”.
El también coordinador del proyecto El derecho al agua: análisis desde la exigibilidad e interdependencia de los derechos fundamentales, explica que el derecho humano a este líquido está consagrado en los artículos 1 y 4 constitucionales y está protegido por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Ese ordenamiento mundial asegura que el agua debe ser tratada como un bien social y general, no como uno económico y negociable.
Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM Iztapalapa, secunda esa postura, al subrayar que la iniciativa entregaría el Sacmex a las empresas transnacionales. Afirma que, desde 1996, se quiere legalizar la concesión del servicio público en el Distrito Federal y otras ciudades del país.
Detalla que desde entonces se han dado concesiones a empresas francesas, británicas y españolas, como Vivendi Général des Eaux y Suez-Lyonnaise des Eaux que, aliada con la mexicana Preactiva Medio Ambiente y Peñoles (causante de estragos en la industria minera de Torreón), provee servicios de agua corriente, electricidad y gas en diversos países. También se han dado contratos a United Utilities, que labora con Grupo Aguas de México, creado por Grupo Gutsa.
Ofrece otros ejemplos: Veolia, asociada con ICA, opera la compañía Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V.; otra es Industriales del Agua de la Ciudad de México, filial de la francesa Suez.
“Estas compañías tienen contratos que se vencen el año que entra. De ahí el debate sobre cuál es el futuro de la gestión del agua”, alerta.
El promotor de la campaña “Agua para todos, Agua para la Vida”, asegura que al aprobar un sistema de abastecimiento con fines de lucro, la dotación de agua “deja de ser sustentable, no hay calidad ni equidad, sino puras ganancias económicas para las empresas”.
Alerta que el conflicto de la privatización se agrava cuando las empresas incumplen contratos, afectan los derechos humanos de sus clientes o causan problemas ambientales. Sus casos suelen terminar en tribunales internacionales obligando al gobierno mexicano a pagarles “ganancias esperadas” por un bien todavía no explotado.
Especialista en protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, Moctezuma Barragán comenta que la tendencia mundial es remunicipalizar el servicio, pues no funcionó concesionarlo al sector privado. Así se ha hecho, afirma, en Berlín, Atlanta y París.
En México, abunda, la remunicipalización se hizo en Ramos Arizpe, Coahuila. Ahí, Aguas de Saltillo, filial de Aguas de Barcelona, introdujo prácticas de cobro excesivo y generó repudio en la población. “Aguas de Saltillo compró el Sistema de Aguas de Ramos Arizpe en 8 millones de pesos, pero el municipio tuvo que pagar 24 millones de pesos para remunicipalizar. ¿Para qué entrar en un terreno tan desventajoso cuando hay técnicos, programas, prácticas, instituciones que se pueden hacer cargo del servicio de manera eficaz y con participación ciudadana?”, cuestiona.
En el caso de la Ciudad de México y el Plan Hídrico, asevera que se pretende concesionar a estas empresas la instalación de medidores de agua, tuberías, facturación y cobro con contratos a 15 años, “cuando en muchos países se hacen a dos o tres años y se renuevan evaluando los resultados. Eso es preocupante”.
Por eso considera que la iniciativa de ley “beneficiaría más a las trasnacionales, les facilitaría el camino para elaborar contratos de concesión y les daría más funciones para participar en el control de fugas. Además de lo que ya tienen en facturación, cobro y medidores, pueden poner sobreprecios a las tomas domiciliarias, a la reinstalación y al cambio de medidores. Entonces la economía familiar se vería afectada”.
Lo paradójico, dice, es que esto suceda en la capital del país, donde “se supone que el gobierno es de avanzada y progresista”.
Intentonas fallidas
La idea de descentralizar el Sacmex no es nueva. De hecho, este es el tercer intento de Ramón Aguirre para lograrlo. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recuerda, la propuesta no cuajó “porque el secretario de Finanzas (Gustavo Ponce) no quiso soltar los ingresos. Dijo: ‘No, pérate, ¿cómo se van a ir los ingresos del agua? Me los quedo yo’”.
Con Marcelo Ebrard el freno fue político. “Los grupos de la Asamblea empezaron a querer negociarla, a condicionar su aprobación a canonjías políticas. Gente que quería tener ciertas posiciones a cambio de que pasara. La decisión fue ‘Bueno, entonces que no pase’”.
Aguirre Díaz asegura que ahora “están todas las condiciones dadas para que se resuelva. Hemos estado trabajando, hay un consenso de todos los grupos para que la reforma salga”.
Esa prisa no se refleja en la ALDF, adonde aún no es enviada para su análisis y discusión. Además, cuando llegue, se deberá estudiar junto con otras que hay del PRD, el PAN y el PVEM.
Ernestina Godoy, priista integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua, está a favor de la descentralización pero no de la intervención de la iniciativa privada. Sugiere que el GDF contrate deuda pública para invertir en infraestructura hidráulica, en vez de dar Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) a las empresas.
El presidente de la comisión, Gabriel Godoy, del PRD, desmiente la existencia de un acuerdo parlamentario. “Sí nos hemos reunido con Aguirre, pero debemos analizar las otras propuestas”, reconoce. Se pronuncia por cuidar el carácter público del Sacmex y avalar la participación directa de la iniciativa privada sólo a través de lo que permite la Ley de Obras local.
El legislador duda que la iniciativa se discuta y apruebe en el próximo periodo extraordinario de sesiones, “pues ni siquiera se anunció entre los temas a tratar”. Tal vez se retome en el siguiente periodo ordinario, pronostica.
Aunque la aprobación de la iniciativa es un tema local, involucra a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por su relación con los sistemas Lerma y Cutzamala. No obstante, tampoco ese organismo parece estar urgido por conocerla: “Estoy en espera de que me la mande Ramón”, respondió el director del organismo, David Korenfeld, a pregunta expresa.
De aprobarse la iniciativa de LAS, el Distrito Federal se sumaría a otras ciudades cuyos congresos ya aceptaron este esquema y en poco tiempo lamentaron las consecuencias. En Aguascalientes el sistema se privatizó desde 1993 y hoy sus habitantes pagan el servicio más caro del país.
Según la lista de tarifas máximas de uso doméstico de la Conagua (2012), en esa ciudad se pagan 19.16 pesos por metro cúbico. Le siguen Morelia, con 18.5; Tijuana, con 17.95; León, con 16.82 y, en quinto lugar, la Ciudad de México, con 16.17 pesos por metro cúbico.
En Saltillo el manejo del agua potable se volvió un sistema mixto, pero a la postre los beneficiados fueron los empresarios. Ellos han reportado ganancias, y los habitantes han denunciado cortes del servicio.
Desde julio de 2013, Gloria Tobón, representante de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, alertó de las consecuencias de aceptar a la iniciativa privada en el suministro municipal.
En el estudio La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua, advirtió que el proceso de privatización de los organismos operadores avanzaba en siete ciudades bajo tres modalidades: contratos de servicios, en el Distrito Federal y Puebla; concesiones, en Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y empresas mixtas, en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
Agregó que experiencias de sistemas privatizados a escala nacional e internacional han dejado a su paso cobros excesivos, beneficio para pocos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del líquido y despido de trabajadores.
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