AUTOR: REDACCIÓN.
La activista, integrante de Mujeres Unidas por la Paz, quien desde febrero de 2012 buscaba a su hijo Édgar Guadalupe García Hernández –luego de que personas armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron– fue asesinada de varios tiros en la cabeza a plena luz del día.
En su afán por encontrar alguna pista para hallar a su hijo, el pasado domingo 11 –un día antes de su asesinato– una persona se habría acercado a Sandra Luz cuando estaba en un centro comercial, para ofrecerle ayuda y decirle que alguien podía decirle dónde estaba su hijo.
Al día siguiente, tras una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJ), recibió una llamada que le precisaba dónde sería el encuentro con el supuesto informante, en un punto en la colonia Benito Juárez. Junto con una compañera activista, Sandra Luz abordó un camión urbano.
Alrededor de las 16:00 horas, cuando caminaban por la calle Constitución, esquina con 20 de Septiembre, apareció su victimario, quien le disparó en la cabeza en repetidas ocasiones. En el lugar de los hechos, los peritos de la PGJ recogieron 15 casquillos de pistola calibre .9 milímetros
El martes pasado, nueve días después del homicidio, la PGJ presentó al presunto homicida de la activista: Fernando Valenzuela Rodríguez, de 25 años, quien según la dependencia fue capturado ese mismo día.
Antes de su muerte, Sandra Hernández señaló a dos personas de apellido Valenzuela –identificados inicialmente como Joel y Gabriel–, de la comunidad de Paredones, municipio de Culiacán, como responsables de la desaparición de su hijo.
Según el procurador sinaloense, Marco Antonio Higuera Gómez, el presunto asesino, Fernando Valenzuela Rodríguez, de la comunidad de Paredones, admitió haber ejecutado a Sandra Luz después de haber consumido drogas, y dijo que tomó la decisión de hacerlo porque supuestamente la activista era responsable del homicidio de su amigo José Ángel Benítez, El Zucaritas. Además, admitió haber conocido al hijo desaparecido de aquélla.
El funcionario estatal señaló que el detenido será procesado por el delito de feminicidio y que podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.
La CNDH informó en un comunicado que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó que personal del organismo se trasladara a Culiacán a fin de recabar datos para la investigación de la queja, entrevistarse con los familiares y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades competentes.
Asimismo, solicitó medidas cautelares a la PGJ estatal, a favor de los familiares de la activista.
Una vez integrado el expediente de queja y agotadas las investigaciones, señala el comunicado, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
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