AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
El presidente del organismo, Enrique Carpizo, dijo que existen “suspicacias” de que las tres personas encarceladas desde los primeros días de abril fueron reprimidos por su manifiesta oposición al gasoducto Morelos.
Carpizo Aguilar precisó que lo que han solicitado es para esclarecer si son verídicas las denuncias que han hecho los detenidos sobre las violaciones cometidas contra sus derechos humanos.
Al mismo tiempo, agregó, han planteado que, con base en dictámenes científicos, se deje en claro a la sociedad si el proyecto del gasoducto no implica un riesgo para el medio ambiente, para la vida de los habitantes de la región o para la propiedad ejidal.
La comisariada ejidal Enedina Rosas denunció en su oportunidad que fue detenida el 6 de abril por policías que vestían de civil, no le mostraron orden de aprehensión y que apuntaron con armas de fuego a las personas que se encontraban en el mismo lugar que ella.
A Rosas se le acusa de haberse opuesto a que la empresa Bonatti iniciara la obra del gasoducto Morelos cuando la constructora aún no contaba con permiso del ayuntamiento de Atlixco.
Además, se le procesa por robo “agravado” sin derecho a fianza por presuntamente quedarse con dos celulares de trabajadores de la constructora.
En tanto que el activista Juan Carlos Flores fue detenido el 7 de abril cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se le procesa por su supuesta participación en una protesta ocurrida hace dos años, pese a que hay testigos, videos y fotos que desmienten esa acusación.
Mientras que el líder campesino Abraham Cordero fue acusado de privar de la libertad a dos empleados del Banco Estatal de Tierra, y se le negó derecho a fianza al catalogarlo como una persona peligrosa.
El también investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM señaló que si las denuncias que han hecho públicas los tres ambientalistas detenidos son verídicas y su aprehensión se debe a una represalia por su oposición a la construcción del gasoducto, el gobierno de Rafael Moreno Valle debe ordenar su liberación inmediata.
También mencionó que los gobiernos estatal y federal están obligados a informar a la sociedad en torno a este caso, de acuerdo con lo que dictan los artículos sexto y octavo de la Carta Magna.
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