AUTOR: ÁNGEL PLASCENCIA.
En las filas del Consejo de la Judicatura de Jalisco hay al menos dos exdiputados, un exalcalde, un consejero panista y el hermano de un funcionario de primer nivel del Gobierno de Jalisco. Algunos de ellos no son aptos para las plazas que ocupan.
Aún así, algunos consejeros del Poder Judicial de Jalisco dieron empleo a por lo menos dos diputados panistas de dicha Legislatura.
En ambos casos, se trata de personajes que han sido señalados por una actuación irregular en su función pública.
Carlos Noel Tiscareño Rodríguez y Felipe de Jesús Pulido García, son dos exdiputados que ahora se desempeñan como “jefe de sección” y “jefe de departamento”, respectivamente, sin que existan nuevas secciones o departamentos en el Consejo de la Judicatura de Jalisco que respalden sus designaciones (véase Más jefes en el Consejo).
El primero tiene antecedentes durante su paso como contralor de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pues fue inhabilitado en agosto de 2011 por “negligencia administrativa” por periodo de un año.
Pulido García, por su parte, estuvo señalado como uno de los diputados con menos trabajo legislativo, pues en un análisis que realizó el semanario Proceso se establece que solamente tuvo siete intervenciones con una duración total de menos de 30 minutos, y no propuso ninguna iniciativa, lo anterior en el periodo del primero de febrero de 2007 al 31 de enero de 2009.
Asimismo metió a la inflada nómina del Congreso local a su hijo, su hermana, su padre y su yerno, en el mismo orden de mención: Felipe de Jesús Pulido Barrón, asistente administrativo en la Secretaría General, María Dolores, auxiliar de la misma dependencia; José Silvino Pulido, auxiliar, y Jesús Antonio Padilla Colorado, asistente.
Ambos diputados panistas que ahora laboran en el Poder Judicial de Jalisco, están adscritos a la consejera María Carmela Chávez Galindo.
En la misma adscripción de Chávez Galindo aparece el consejero del PAN estatal, Miguel Ignacio Estrada Gallegos.
Todos los puestos sobresalen por haber sido creados a pesar de que no parecen tener un lugar especifico en el organigrama.
También destaca el caso de Francisco Javier Bravo Carbajal, exalcalde de Puerto Vallarta (2006-2009), y quien fue jefe en su momento del actual presidente del consejo de la judicatura, el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes.
En este último caso llama la atención que está contratado como “secretario relator” de Vega Pámanes, a pesar de que Bravo Carbajal no es abogado. También se especula sobre su lugar de residencia, pues hasta hace poco se le veía en la ciudad de Puerto Vallarta.
Hermano del jefe de comunicación
Otro personaje que aparece entre los empleados de confianza de los consejeros es Carlos Iván Sánchez García, hermano de Gonzalo Sánchez García, director de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco.
Carlos Iván coincidió con su hermano en el Ayuntamiento de Guadalajara durante la administración del actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
En aquel entonces (abril 2013), según se reveló en Reporte Indigo, Carlos Iván fue acusado de cometer actos de proselitismo a favor de Sandoval Díaz en horarios de trabajo, durante su paso por la Unidad de Transparencia del municipio tapatío (véase Hasta donde llega el IEPC). Gonzalo fue asesor del entonces alcalde, con un sueldo mensual de 35 mil pesos.
Carlos Iván aparece en la nómina con un total de deducciones de 56,051.08 pesos y un total pagado de 14,655.16.
Los exempleados de administraciones priistas y panistas que han sido militantes activos en campañas electorales son muestra del uso de las plazas a discreción en el Consejo de la Judicatura de Jalisco.
Y sobre todo la creación de las mismas con propósitos de pagar favores a algunos diputados, que son los que designan a los consejeros.
La presencia de exdirigentes -como Felipe de Jesús Pulido- y militantes de partidos políticos es prueba de la manipulación que vive la organización de las fuerzas en el Poder Judicial de Jalisco.
También el PRD tiene su presencia, como es el caso de los dos hijos de consejero Alfonso Partida Caballero (véase Los VIP del Poder Judicial de Jalisco), militantes perredistas que aparecían también en nóminas del partido.
Tanto la Universidad de Guadalajara, el PRD, el PRI y el PAN tienen acomodados a personajes con los que están en deuda.
Y les hacen un espacio en el Consejo de la Judicatura, que los consejeros administran como una empresa privada, creando plazas con cargo al erario, aunque no sean necesarias.
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