AUTOR: ARTURO RODRIGUEZ GARCÍA.
El turno tocó esta vez a Baja California y Zacatecas, pues de acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, las leyes estatales aprobadas en la materia contravienen diferentes aspectos de las reformas, constitucional y complementarias, que se hicieron el año pasado en el ámbito federal.
Hace apenas dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió los recursos de controversia constitucional contra las reformas aprobadas en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora.
En esa ocasión, el gobierno federal puso énfasis en que la legislatura local de Oaxaca ni siquiera había iniciado el proceso legislativo de modificación al marco jurídico del sector.
Según la información difundida hoy por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso la controversia contra Baja California por aprobar una Ley del Servicio Profesional Docente que invade de manera grave las atribuciones que competen al ámbito federal, de acuerdo con la reforma peñista.
Sin embargo, en el caso de Zacatecas, entidad gobernada por el PRI, no se ha especificado en qué consiste la supuesta falta a la “armonización legislativa”.
El objetivo de la Presidencia de la República radica en conseguir que la SCJN califique los motivos de controversia y, en su caso, obligue a las entidades a expedir nuevas normas acordes con lo aprobado en el orden federal.
En la mayoría de los casos el reclamo presidencial radica en que las legislaturas estatales no cedieron facultades que tenían las entidades al gobierno federal, como se pretende con las nuevas disposiciones.
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