El abogado de la indígena espera que la PGR acate lo que pide el Tribunal; “lo que realmente le preocupa a la PGR es que se cree el precedente de que las personas salgan absueltas cuando son injustamente llevadas a prisión, puedan pedir una reparación (del daño)”, dijo.
“Por eso estoy aquí, estoy aquí, no por el dinero ni por lo que me van a dar sino para apoyar a otras personas y que esta historia que me pasó no le vuelva a pasar a otras personas porque es muy difícil para uno estar ahí, tanto para uno como para la familia. Y gasta lo que uno no tiene”, indicó en entrevista para Aristegui CNN.
Jacinta relató que “fue muy difícil para mí y mi familia porque de tres años de no estar con mis hijos, con mi familia y todavía con una sentencia de 21 años, muy difícil con las compañeras y bueno yo no sabía hablar en español casi nada, no entendía y yo sufrí mucho por lo mismo que nos decían que era india que no querían que nos juntáramos con ellas, fue muy duro”.
Recordó que en prisión “con las compañeras que me llevaba bien eran cinco o seis, casi nadie me entendía bien y como que se fastidiaban”.
Jacinta relató cómo fue su detención: “Todo el tiempo hemos estado ahí en el tianguis de Santiago, los domingos nada más, yo siempre vendo helados, aguas frescas, paletas, ese es mi trabajo siempre. Yo no me di cuenta (que los policías se llevaran cosas) porque yo estaba dentro de la misa, allá empieza a la una la misma, me metí a misa, encargué mis cosas y salí como si nada, yo no sabía que había pasado, nada más que en ese momento cuando yo fui a otra farmacia de otro lado de la carretera a inyectarme, en ese momento iban llegando ellos y es donde me volteé yo para ver que pasaba y no supimos cómo grabaron y salí en la foto y nada más por eso”.
Tras salir de la cárcel, regresó a su comunidad y “los primeros días fueron a visitarme y me decían que me extrañaban y me llevaban un pollo o algo. Tardé un tiempo para salir al tianguis… tardé meses para regresar, porque sí me daba pena de llegar ahí con toda la gente”.
“Sí, me daba pena porque dices aunque no hubiera hecho nada pero ya ve que hay algunos que dicen ‘ella es la que estaba en la cárcel’ y entonces sí me daba pena escuchar que estaba en la cárcel y todavía de repente como que no puedo creer que estuve en la cárcel, yo sentía feo, nunca pensé que llegaría ahí. Porque yo donde vivo nunca he visto a señoras que vayan a la cárcel y menos las muchachas jóvenes, no es lo mismo una ciudad que el rancho, sí da pena porque soy la primera que fui a la cárcel”, agregó.
Disculpa pública
La Procuraduría General de la República “causó un daño material y un daño moral a Jacinta, Alberta y Teresa también, y (la resolución del Tribunal) no solamente los obliga a una indemnización sino también a una disculpa pública, son precedentes históricos”, explicó por su parte Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El abogado recordó cómo fue el proceso que enfrentó Jacinta y dos indígenas más de su comunidad: “El 26 de marzo de 2006 llegaron seis agentes federales de investigación, sin ninguna orden, sin uniforme, sin nada que avalara su proceder y decomisaron algunos tianguis en un municipio de Amealco, Querétaro, los pobladores pensaron que se trataba de un asalto”.
“Los agentes ya estaban fraguando un plan esa misma noche, era la fabricación del delito de la privación ilegal en su modalidad de secuestro. Traían a un fotoperiodista que al día siguiente publicó en un periódico de San Juan del Río que había un AFI secuestrado, donde no se ve ninguna agresión”, dijo.”
“Pero en esas fotos sacan tres caras, la de Jacinta, Alberta y Teresa y con base en esas fotos empiezan a hace acusaciones más precisas en contra de ellas, que los querían linchar… son llevadas bajo engaños al penal, no saben de qué se les acusa. Ahí empieza un proceso que nadó de muertito, los agentes jamás volvieron a pararse al juzgado, es decir las supuestas víctimas del delito nunca les importó”, señaló.
Díaz Fernández comentó que “ellas son exhibidas en los medios de comunicación… Jacinta y su familia ni siquiera sabía que tenía derecho a un defensor. Ella obtiene su libertad por conclusiones de no acusación, la PGR dice: ya no puedo sostener esta acusación y me retiro de presentar las pruebas, no lo hicieron así con Alberta y Teresa que salieron después por una apelación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Después de tres años tres meses que pasó Jacinta injustamente en prisión “planteamos presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado para que se repare el daño… la PGR dice ‘yo actué bien, no tengo ningún daño que reparar’. Esa sentencia de la PGR del 2012 se lleva al Tribunal que el 20 de noviembre del año pasado y ahora con el caso de Jacinta resuelve que sí, que la PGR es responsable porque actuó de manera irregular, causó un daño material y un daño moral a Jacinta, Alberta y Teresa también, y no solamente los obliga a una indemnización sino también a una disculpa pública, son precedentes históricos”.
También precisó que “la PGR interpuso las revisiones fiscales en contra de las sentencias, significa que no quieren acatar lo que un Tribunal ya dijo, ni lo que la primera sala de la Suprema Corte dijo, y en esa revisión vuelven a rescatar la averiguación previa, vuelven a decir que actuaron de una manera regular”.
“Lo que realmente le preocupa a la PGR, porque ahí lo manifiestan, es que se cree el precedente de que las personas salgan absueltas cuando son injustamente llevadas a prisión puedan pedir una reparación”, aseveró Díaz Fernández.
“Pero es precisamente lo que hay que hacer en este país porque hasta este momento no había ninguna vía clara para poder reparar los daños a las personas que han sido injustamente acusadas y para decirle a la autoridad piénsatela dos veces antes de hacer una violación a los Derechos Humanos como en este caso y como tantos que existen en México”, agregó.
Hay que “esperar que la PGR acate esto en beneficio de la sociedad mexicana, reconocer que esto es una violación a los Derechos Humanos”, finalizó el abogado.
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