AUTOR: ICELA LAGUNAS.
En Olinalá Guerrero ella era la ley, hasta que fue detenida y recluida en una cárcel de Nayarit. Hoy, a la líder de la policía comunitaria la defienden prestigiosos abogados y ONG, mientras sus víctimas la señalan y aseguran que el gobernador la protege.
Enclavado en una montaña de Guerrero, funciona como cárcel que manejan policías de comunidad y en donde internaban a decenas de secuestrados por la Policía Comunitaria.
La policía, alejada de los gobiernos formales, fue manejada por Néstora Salgado, ahora presa en un penal de alta seguridad de Nayarit y protegida por organizaciones internacionales de derechos humanos.
También, según dicen quienes fueron víctimas de sus leyes, la defiende el despacho de abogados Gómez Mont.
Quienes fueron cautivos en El Paraíso han dado su testimonio y dicen que eran vigilados 24 horas por guardias armados con R15 y escopetas.
También relatan cómo pasaban los días y meses hacinados en el lodo y obligados a defecar en botellas de plástico y comer en medio de la inmundicia.
Víctimas de este cautiverio describen las circunstancias de la cárcel de la organización al margen del gobierno que manejaba Néstora Salgado, la comandante o “Camelia la Texana”, como es conocida en el municipio de Olinalá, Guerrero, en donde hizo valer su ley y enfrentó al Ejército y a la Marina Nacional.
Ella surgió de un movimiento “legítimo ciudadano” a finales de 2012 para tomar en sus manos la seguridad de Olinalá.
Pero líderes han denunciado que Néstora fue una creación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien con la ayuda del senador perredista Sofío Ramírez Hernández y Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá, la empoderaron.
Juan Rendón Mancilla, del Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, atestiguó el apoyo económico que el gobernador Ángel Aguirre brindó a Salgado al entregarle, a ella y sus policías, dinero y dos camionetas para las labores de vigilancia.
La policía comunitaria surgió, según relatan los líderes, porque comunidad de Olinalá estaba cansada de las extorsiones, secuestros y asesinatos cometidos por el grupo delictivo conocido como Los Rojos, vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva, que se desbocó y sembró el terror en aquella región.
El 21 de agosto del año pasado Néstora fue detenida en un operativo conjunto entre Marina, Ejército, Policía Federal y Ministerial y recluida en Tepic, Nayarit.
Actualmente ella es, para muchos, una dirigente social que con razón busca ser protegida por organismos internacionales de derechos humanos y evitar su prisión.
Sin embargo, para otros tiene un rostro diferente, el de la mujer transgresora que en base en la idea de la “reeducación”, ordenó secuestros de ciudadanos a cuyas familias les exigió el pago de un rescate.
Reporte Indigo conversó con algunas de sus víctimas, entre ellas adolescentes, hombres maduros y trabajadores del gobierno de Guerrero, secuestrados por la Policía Comunitaria al mando de la comandante Néstora.
Como presos pasaron días o meses en aquel infierno llamado El Paraíso.
Un ‘paraíso’ infernal
Los presos de El Paraíso comían una cucharada de frijoles con dos tortillas gordas de maíz, diariamente.
Las botellas de plástico de Coca Cola, partidas a la mitad, servían de inodoro.
Aún no clareaba en la montaña de Guerrero cuando eran obligados a bañarse con agua fría y secarse en su misma ropa.
Luego comenzaba una larga faena de trabajo forzado en los campos de siembra de maíz. Ni pensar en un pago.
Todo ocurría en una casa putrefacta, de adobe, techo de lámina y malla ciclónica, que servía como cárcel, como campo de concentración.
En aquellas alejadas comunidades, durante los días de cautiverio, era común que los guardias escucharan una estación de radio comunitaria en la que se debaten temas políticos y cuyos oradores conminan a sus escuchas a revelarse contra el gobierno local y federal.
En esa misma frecuencia la voz del relator exalta las hazañas de Lucio Cabañas, el maestro rural que se erigió en líder de la Sierra de Guerrero en los 60.
Un grupo de ciudadanos víctimas de la policía comunitaria que dirigía Salgado, llegaron al Distrito Federal a denunciar las acciones de Néstora Salgado.
Con sus manos ásperas de hombre de campo, Juan Rendón Mancilla muestra una identificación que lo acredita como integrante del Consejo de Orden y Vigilancia de la asociación civil Por un Olinalá Seguro.
El hombre de pelo y bigote cano habla sin tapujos, consciente de la gravedad de sus acusaciones y de las posibles implicaciones.
Pero Rendón Mancilla explica que lo que ocurre en algunos municipios de Guerrero, fundamentalmente en Olinalá, tiene una explicación que trasciende a Néstora Salgado y a sus policías comunitarios, quienes posiblemente solo sirvieron de chivos expiatorios.
¿Nexos con el narco?
Lo suelta de golpe.
“Olinalá es el paso obligado entre la montaña de Guerrero, donde se siembra la mariguana, y los estados de Puebla y Morelos, donde se comercializa”, dice Rendón Mancilla.
Por eso es que, desde que se suscitó el levantamiento de armas ciudadano de finales de 2012, a los pocos días, elementos del Ejército Mexicano y la Marina vigilan celosamente las entradas y salidas del municipio.
Él fue uno de los muchos que, ante el olvido de las autoridades, sacó sus pistolas para procurar justicia por su propia mano y frenar de golpe la ola de extorsiones y crímenes que por esa fecha azotaban a Olinalá y alrededores.
Pero cuando llegaron las fuerzas federales a Olinalá –institucional como se describe– guardó sus armas y dejó la responsabilidad en los “marinos y verdes”.
Néstora y sus hermanos se negaron.
Dice que la mujer, a quien conoce de cerca, manifestó desde siempre su deseo de legalizar las policías comunitarias, de hacer valer su ley por encima de la autoridad del Estado.
Entonces se autonombró comandante de la Policía Comunitaria, pues nunca la eligió la comunidad de Olinalá, municipio que, dicho sea de paso, no forma parte de las regiones consideradas indígenas del estado de Guerrero.
Luego vino el apoyo del gobierno de Aguirre Rivero, apunta, Néstora y sus policías se sumaron y empoderaron hasta cometer excesos que están documentados en averiguaciones previas en donde se acusa a la comandante de secuestro.
Rendón Mancilla no tiene empacho en señalar que detrás de Néstora hay muchos hombres de poder y mucho dinero de por medio, intereses.
¿Cómo es que ella, Néstora, puede pagar los servicios de un despacho de abogados tan importante, que cobra en dólares, como el de la firma Gómez Mont?, cuestiona y se ríe.
Dice no desearle mal a Néstora porque al fin y al cabo, todos son conocidos y originarios de Olinalá.
Aunque la comandante tiene doble nacionalidad, mexicana y norteamericana.
Lo que sí, apunta Rendón Mancilla, es que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto para frenar los excesos de los comunitarios. Dejar en claro los alcances de la Ley 701 del Estado de Guerrero y sobre todo, que no quede en duda que por encima de todos, aplica la Constitución.
Reporte Indigo tiene en su poder documentos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a través de los cuales los comandantes regionales y de grupo de la Policía Comunitaria emiten órdenes de aprehensión en contra de agentes ministeriales por haber violado la Ley 701, que reconoce los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Néstora impuso su ley y ahora se dice víctima
¿Néstora se enfrentó a las autoridades? Claro que lo hizo.
Secuestró a Armando Patrón Jiménez, síndico procurador de municipio de Olinalá (cargo similar al de secretario de Seguridad Pública) a quien acusó de borrar evidencias en torno al crimen de dos ganaderos de la región, y de robar una vaca.
Por esas fechas ocurrió el levantón del funcionario del gobierno priista de Olinalá, y Néstora Salgado anunció a los medios de la región que lo envió a “reeducarse”.
Patrón Jiménez viajó desde Olinalá para dar la versión de los hechos.
En entrevista refiere que justo porque le pidieron ayuda para esclarecer el caso de un doble homicidio, acudió a efectuar un levantamiento de datos y ayudar a los familiares a rescatar los cuerpos.
En eso estaba, explica, cuando Néstora y sus “avispas” (como se les conoce a los integrantes de la Policía Comunitaria) llegaron hasta el lugar, comenzaron a tomarle fotos y a grabarlo.
Acto seguido ordenó su detención y traslado hasta una de sus cárceles junto con su chofer, Gustavo Rodríguez Padrón, quien también fue levantado.
En poco más de una semana que el funcionario de extracción priista estuvo privado de su libertad, Néstora y los suyos les exigieron a los familiares 500 mil pesos para su liberación y 200 mil por la de su acompañante.
Estaban en negociaciones cuando en operativo conjunto, las fuerzas federales efectuaron el rescate de 39 personas que se mantenían detenidas en “El Paraíso”, además del síndico y Rodríguez Patrón.
Lo que Néstora protagonizó en la región fue el inicio de la guerrilla, recapitula el síndico procurador, quien sin duda apunta que el problema ha tomado un claro tinte partidista, pues quien financió a Néstora fue el gobernador Ángel Aguirre, del PRD, y el gobierno de Olinalá es del PRI.
También dieron su testimonio en entrevista, Yesenia y Rubí, dos jovencitas que fueron levantadas por los comunitarios a pesar de que en ese momento eran menores de edad, y acusadas de vender droga en el centro de Olinalá.
Hoy mayores de edad, las dos jovencitas temen por la integridad de sus familiares, quienes no tienen opción para salir de Olinalá, donde pese a la detención y encarcelamiento de Néstora, están libres los hermanos de esta, quienes mantienen las amenazas contra todos aquellos que se atrevieron a denunciarla ante las autoridades o Derechos Humanos.
Eugenio Sánchez González, otro de los secuestrados por Néstora, dice con la voz entrecortada “¿Víctima Néstora? ¿Y nosotros qué?”.
El hombre de oficio carnicero que mantuvieron dos meses y cinco días privado de su libertad, describe con la mirada perdida que nunca olvidará su estancia en El Paraíso.
También, como al resto de los denunciantes, Néstora pidió dinero de rescate a su mujer, a quien amenazó con encerrarla si no retiraba las dos denuncias que interpuso contra ella desde el primer día que fue levantado por los policías comunitarios.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano tomar medidas cautelares para garantizar la integridad de Néstora Salgado García, quien se encontraría en riesgo debido a su encarcelamiento en la prisión federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Habría que preguntarle a la Comisión si conoce el lado oscuro de quien llama “lideresa indígena”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario