AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-05-2014/982483.
Fue con datos falsos que el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto desestimó el inicio de una investigación por la cual, de haberse encontrado hechos generalizados de agresiones a las mujeres y de impunidad atribuible a la ineficacia de las instituciones, el gobierno federal con el apoyo de un grupo de académicos habría intervenido a favor de la seguridad de las mexiquenses.
Es decir, el Estado de México no se negó a la emisión de una alerta de género: se opuso a que siquiera se revisara. Y para esto se apoyó en el voto de los estados priistas.
En 2007 México presumió un mecanismo internacionalmente innovador para la salvaguarda de la vida y los derechos de las mujeres. El procedimiento denominado alerta de violencia de género fue previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo reglamento, promulgada ese año.
Según la ley, la declaratoria es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado […] tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.
El ordenamiento facultó a las organizaciones de la sociedad civil para solicitar la alerta ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano titulado por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Las organizaciones que suscribieron el documento son integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cual está constituido por 43 agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos distribuidas en 19 estados del país.
De acuerdo con el Observatorio, México ocupa el lugar 16 en el mundo en asesinatos de mujeres. Según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citado por esa organización, las muertes violentas de mujeres en el país se han incrementado a partir desde 2007, año con menos hechos de este tipo desde 1985.
Hasta ahora, las organizaciones sociales han reclamado formalmente y al menos en una ocasión la implementación del mecanismo en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México.
El Observatorio registró 922 feminicidios en el Estado de México entre enero de 2005 y agosto de 2010, concentrados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán. De ese casi millar de casos, según la organización feminista, sólo 12 por ciento discurrieron en consignaciones ante un juez y únicamente entre 3 y 4 por ciento concluyeron en condenas a los asesinos.
Cuando el conglomerado de organizaciones no gubernamentales reclamó las medidas cautelares a favor de las mexiquenses afirmaba que, del conjunto de esas muertes, las autoridades desconocían la identidad de 526 feminicidas. En ese momento, según la compilación de información de la agrupación, el Estado de México era el sitio con más feminicidios sólo después de Chihuahua y Sinaloa.
La petición de alerta reclamaba la necesidad de identificar las irregularidades en que incurría el sistema de justicia mexiquense y que resultaban en un patrón de violencia sistemática y de impunidad contra las mujeres en el estado que impedían a las víctimas acceder a la justicia.
El 8 de diciembre de 2010, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia recibió la solicitud de procedencia sobre la investigación de declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Es decir, nunca se discutió siquiera si se identificaba o no la existencia del problema en el Estado de México: lo que se puso a debate fue si se promovía la conformación de un comité de expertos que estudiaran la dimensión y circunstancias de la violencia de género en la entidad. Esa comisión compartiría sus hallazgos y entonces sí, el Sistema Nacional votaría la emisión o no de la alerta de violencia de género.
El órgano intergubernamental sesionó para resolver si investigaba o no el odio a las mujeres en el Edomex el 11 de enero del año 2011.
Participaron cinco dependencias del gobierno federal y catorce oficinas estatales de la mujer. Desde el inicio de la reunión se observó el talante con que el encuentro se desarrollaría: el tema para las mexiquenses no era social sino políticamente malintencionado. Su tono fue áspero, ajustado a la respuesta ante una ofensa.
Felipe de Jesús Zamora, entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presidió la sesión, que fue conducida por María del Rocío García Gaytán, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La representación del Estado de México recayó en Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de esa entidad, quien se reconoció incapaz de sostener la argumentación legal del tema y se apoyó en Martha María del Carmen Hernández Álvarez, quien fungió como asesora jurídica para el caso y quien antes se había desempeñado como Subprocuradora de justicia en el gobierno estatal de Peña Nieto.
Alguien reclamó el protagonismo de la jurista mexiquense con el argumento de que así se duplicaba la argumentación del Estado de México, pero la moción no prosperó. Antes de esto, se sacó del recinto al representante de la organización no gubernamental que reclamaba la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ni siquiera se le permitió presenciar la discusión como simple observador, sin hacer uso de la voz.
Las funcionarias del Estado de México se opusieron al formato de la discusión, de la distribución de los tiempos dados para las intervenciones. Algunas presidentas de los institutos de la mujer de los estados priistas cedieron el tiempo de participación al que tenían derecho para que se extendiera el alegato de defensa mexiquense.
El Estado de México hizo todo lo posible por evitar el asunto llegara siquiera a la votación. Con vehemencia y un claro tono ofendido, Hernández Álvarez alegó que se trataba de “un procedimiento cuasijurisdiccional”, reclamó la presencia de un notario público y alegó que cualquier acto ahí carecería de validez jurídica, pues toda la burocracia mexicana estaba en ese momento de vacaciones. Una y otra vez llevaron la discusión a que la pretendida alerta era un tema electoral y no de género.
Resultaba clara la alusión a la trayectoria del Gobernador Peña Nieto hacia la Presidencia de la República y al interés de algunos panistas y perredistas por frenar la carrera del mexiquense. Quizá esto fuera cierto, lo que no diluye de ninguna manera la existencia del extendido e impune feminicidio mexiquense.
Durante el debate, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, quien antes fuera Subprocuradora de justicia en el gobierno de Peña y fungiera como magistrada federal, se empeñó en descalificar las cifras absolutas en función del estado y reclamó que el criterio adoptado fuera el de las tasas. Ofreció datos en este sentido, subrayando que el Estado de México vivía una situación de menor gravedad y que Ecatepec en particular tenía índices inferiores a los estatales y nacionales.
En primer lugar, Hernández, a quien en la misma sesión se le recordaría su carencia de experiencia en temas de género, mostró tasas elaboradas por cada cien mil habitantes, sin distinción de sexo, cuando por elemental criterio demográfico las mediciones con diferenciación de género se hacen entre cien mil habitantes de ese género.
El segundo aspecto interesante es que en todo momento evadió el término feminicidio cuando hizo referencia a los casos de su estado, a los únicamente se refirió como “homicidios dolosos en contra de las mujeres”.
Los datos presumidos por Hernández Álvarez simplemente no cuadran con las bases de datos oficiales de defunciones en México de la Secretaría de Salud federal, a su vez nutridas por los reportes de los registros civiles de los estados.
Alzaron la mano en contra todas las directoras de los institutos de las mujeres de los estados priistas: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua —referente histórico y mundial del odio mortal a las mujeres—, Durango, Hidalgo, Puebla —aún gobernaba Mario Marín, acusado de proteger pederastas—, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas.
También la de Nuevo León, estado que desde un par de años anteriores a la sesión vive un ascenso de la violencia en general que ha afectado a sus mujeres, asesinadas, violadas, tratadas, ejecutadas en medio de la guerra entre dos de los cárteles más poderosos y violentos del país, el del Golfo y Los Zetas.
Llaman la atención las reflexiones efectuadas por algunas funcionarias priistas al momento de votar.
“En contra y la reflexión sería que tenemos que revisar la eficacia del Sistema y de su programa que no aplica”, habló Edda Ernestina Arrez Rebolledo, de Veracruz.
“A partir del principio de no permitir que se partidice la lucha a favor de las mujeres, en contra”, sostuvo Georgina Rosado Rosado, de Yucatán.
Llama la atención la posición en contra de Guerrero y Michoacán, gobernados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya supuesta agenda política coloca en el centro el tema de género. Ambos estados constituyeron secretarías de la Mujer, es decir, trascendieron en la organización de sus administraciones públicas el nivel de los institutos pero ambos votaron contra la emisión de la alerta de género en un estado con un problema histórico de violencia contra las mujeres, quizá porque también es el caso de Guerrero y Michoacán.
Y evidentemente se pronunció por la desestimación de la alerta la propia Lorena Cruz Sánchez.
Votaron a favor de la investigación Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
También las y los representantes de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Secretaría de Educación Pública federal, Secretaría de Salud federal, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En el mismo sentido lo hizo el Distrito Federal, que si bien no tiene el problema en las dimensiones de su vecino Estado de México, tampoco puede presumir que sus mujeres estén a salvo.
Oaxaca se pronunció a favor. Tiempo después, cuando le tocó el turno de responder por sus feminicidios a la autoridad de ese estado, formada por una coalición de izquierda, su gobierno se defendería en términos no tan distintos a los que emplearan los mexiquenses.
Igualmente se pronunció por la realización de la investigación la panista de Jalisco. Guanajuato, también de Acción Nacional, se abstuvo; poco tiempo después ese estado enfrentaría una ola de feminicidios y, como siempre, una férrea oposición de su gobierno para admitir siquiera la existencia del problema. La asistente de Baja California, otro sitio en que el crimen organizado y el homicidio de mujeres se cruzan, sufrió el mismo conflicto moral.
Se lee al final de la versión estenográfica de la sesión: “Resuelve en definitiva con veinte votos en contra, once a favor y dos abstenciones la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México promovida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a. c., toda vez que la misma no fue aprobada por el Sistema”.
El 28 de noviembre de 2011, a un año menos tres días del inicio de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, su gobierno acumuló la tercera negativa para investigar la procedencia de la alerta de género en el Estado de México, a pesar de la existencia de mandato judicial para que se revise a profundidad la situación de las mujeres y el incumplimiento de las autoridades.
Entre 2008 y 2011, las organizaciones sociales solicitaron tres veces la alerta de violencia de género y las tres veces el Sistema declaró “improcedente” el recurso.
Nunca se ha llegado al momento del proceso en que el Sistema iniciara una investigación, se ha quedado estancado en la admisión de la solicitud. Desde su existencia, nunca se ha emitido la declaratoria de la AVG.
Entre 2008 y 2011 se otorgaron 19 millones de pesos para el Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta de Violencia de Género, pero únicamente se habían ejercido 1.3 millones.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, apunta en entrevista que la demanda de la alerta obedecía a varios aspectos circunstanciales de la violencia feminicida que ni siquiera se analizaron, entre estos la saña con que actúan los asesinos mexiquenses.
A diferencia de otros estados con más homicidios dolosos de mujeres —Chihuahua y Sinaloa, según los datos del Observatorio—, el Estado de México se ha mantenido, desde que las agresiones a las mujeres se estudian, en los primeros tres lugares por violencia comunitaria. Esto resulta relevante porque enfoca la ubicación de los ataques en los barrios, escuelas, lugares de trabajo.
A la vez, es recurrentemente el sitio en que más condiciones de maltrato intrafamiliar ocurren, mientras que la capacidad de protección de las autoridades al interior de los hogares con violencia es prácticamente nula. Uno de los resultados de lo anterior es que en el Estado de México alrededor de 30 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por la pareja, algún familiar o algún conocido.
Otro factor de preocupación para el Observatorio es que el Estado de México es una zona de tránsito de mujeres migrantes. Las organizaciones relacionaron este aspecto con el hallazgo de unas cien mujeres y niñas asesinadas y sin identificar en la zona conurbada a la Ciudad de México al final de la administración de Enrique Peña.
Además, las activistas identificaron en el estado la existencia de más de cuatro mil denuncias de violación sexual de comienzos de 2010 a mediados de 2011; el conjunto de casos derivó en menos de 2 por ciento de sentencias.
La falta de efectividad de la Procuraduría de Justicia mexiquense, la ausencia en ese tiempo de un banco de adn y de coordinación efectiva con la fiscalía del Distrito Federal, la posición reiteradamente machista de los funcionarios del Estado de México en el abordaje de los casos son otros elementos que el Observatorio ha intentado, sin éxito, de colocar en la discusión de una alerta de violencia de género que no funciona.
“La alerta de violencia de género es un mecanismo de simulación del gobierno mexicano sin transparencia y sin rendición de cuentas, ya que no ha tenido resultados en estos cuatro años y se ha utilizado como un ‘novedoso procedimiento’ para proyectar una buena imagen de México a nivel internacional”, ha planteado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
A la fecha, no existen reglas de operación para emitir la declaratoria de la alerta de violencia de género. Según el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la información que genere la investigación es de “la más estricta confidencialidad”, las organizaciones no gubernamentales solicitantes no han podido tener respuestas claras sobre por qué fueron declaradas improcedentes sus solicitudes.
“Todo genera un patrón de impunidad”, asienta María de la Luz. “Y respecto de la investigación para la alerta, el asunto se politizó, dijeron que nuestra intención era desacreditar a Enrique Peña Nieto, que era una cuestión política cuando él ni siquiera era candidato sino gobernador en funciones. Hicimos la petición de investigación a fines de 2010 y las elecciones fueron hasta mediados de 2012; lo único que les preocupó fue cuidar la imagen de Peña Nieto.
”Eso era muy duro para nosotras porque llevamos años denunciando el feminicidio en varios estados y que el Estado de México ya tiene un patrón y que tendríamos que empezar a poner atención, porque si no, estas cosas se desbordan. Y así ha sido: el Estado de México está entre los cinco lugares más violentos, más brutales en el tema de los feminicidios. El factor central en el Estado de México es la impunidad. Aunque el estado posee un marco normativo protector, la norma es una norma muerta porque no impacta.”
Con respecto a las adecuaciones a la ley y la tipificación del feminicidio en el Código Penal mexiquense, la feminista recuerda que la acreditación del delito pasa por la demostración del homicidio doloso y la violencia de género, entendida para el caso como la privación de la vida asociada a la exclusión, la subordinación, la discriminación o la explotación de la mujer. En un ambiente policiaco en que con frecuencia ni siquiera se identifica un solo sospechoso, lo anterior resulta imposible. La ley contempla también la agresión sexual como conducta confirmatoria de feminicidio, pero con frecuencia la práctica pericial resulta insuficiente para demostrarla. Prevé la mutilación como otro elemento determinante, sin embargo Estrada refiere como ejemplo el caso de una adolescente encontrada desnuda en un canal de aguas negras con una pierna desprendida: el Ministerio Público se negó a considerar el delito de feminicidio con el argumento de que no se había cortado una parte con significación sexual.
“Es una trampa, una gran trampa.”
PREMIO
¿Y qué ha sido de las funcionarias mexiquenses que resistieron a piedra y lodo la simple investigación de la situación de las mujeres en el estado de Enrique Peña Nieto?
Lo dicho antes: la responsabilidad institucional de los feminicidios en el Estado de México y la obstinación por maquillar el problema, por barrer los ataúdes de las mujeres debajo de la alfombra es causa de ascenso político. Lorena Cruz Sánchez es directora general del Instituto Nacional de las Mujeres. No importó que se le objetara, además de los asesinatos en su entidad, por su escasa trayectoria académica y su nulo reconocimiento como mujer abocada a la defensa de las mujeres.
Martha María del Carmen Hernández Álvarez es integrante de la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es una reiterada propuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional para ocupar un asiento como consejera del Instituto Federal Electoral, cargo que en teoría debería estar desprovisto de intereses partidistas.
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