AUTOR: REDACCIÓN.
En una carta que Amnistía Internacional hará pública este 13 de mayo a las 11 horas le piden al Ejecutivo cumplir con nueve acciones contra la tortura en México.
Será a las 11 horas de hoy, en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia del Distrito Federal, cuando Amnistía presente una carta dirigida al Presidente, una campaña global contra la tortura y un informe sobre esta práctica en el mundo.
En la misiva enviada por el secretario general de AI, Salil Shetty, la organización señala que es vital que en México “se adopten medidas efectivas y duraderas para abordar los actuales patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los perpetradores son o no funcionarios del Estado.”
AI señala que “una medida crucial” es la determinación del gobierno de Peña Nieto de garantizar que las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos implicados en violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas y torturas, comparezcan sin demora ante la justicia y que las víctimas reciben una reparación.
“Existe el persistente patrón de ignorar las quejas de las víctimas o rechazarlas por carecer de fundamento, en lugar de asegurar investigaciones exhaustivas e imparciales para prevenir y castigar los abusos”: AIAI le dice al Presidente que si su gobierno se compromete “en serio” con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones.
La organización también señala que es hora que el gobierno de Peña reconozca que el arraigo “no sólo es causa de violaciones graves de derechos humanos, sino también un obstáculo para el desarrollo de investigaciones penales… Le instamos a que reconsidere la negativa a cumplir la recomendación del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales de derechos humanos que han pedido su eliminación.”
AI también recomienda al Presidente que su gobierno adopte medidas “para asegurar que el sistema de justicia ordinaria investiga de forma exhaustiva, sin dilación e imparcialmente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.”
Para AI, las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército es uno de los mayores desafíos que afronta el gobierno de Peña y “sólo se superará si pone usted su credibilidad personal tras las investigaciones sobre presuntos abusos.”
Asimismo, Amnistía Internacional señala que el Mecanismo para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, establecido en junio de 2012, es insuficiente, pues continúan los ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestros y homicidios que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas como represalia por su labor.
AI insta a Peña a que garantice una dirección efectiva del Mecanismo “a fin de elaborar con rapidez un plan de acción destinado a abordar los numerosos problemas que tiene este organismo. Es vital que el Secretario de Gobernación aproveche esta oportunidad para restaurar la credibilidad del Mecanismo.”
Finalmente, AI enumera nueve medidas concretas que le pide a Peña Nieto adoptar a fin de mostrar “avances reales”. Estas son las acciones:
1.- Emitir una declaración presidencial en el sentido de que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información relativa a presuntas desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos y otras violaciones de derechos humanos será enjuiciado con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.
2.-Garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, es investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria.
3.-Revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República, así como los protocolos médicos para el examen inicial de todos los detenidos, y garantizar que las presuntas víctimas tienen acceso inmediato a expertos médicos independientes.
4.-Adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
5.- Abolir el arraigo y crear una base de datos nacional accesible donde se registren todas las detenciones.
6.- Hacer pública la base de datos revisada de 26 mil personas no localizadas o desaparecidas, y establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, el acceso rápido a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas en paradero desconocido, crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero desconocido.
7.- Garantizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado, y asegurar que se exploran todas las pistas, incluso las que sugieran los familiares y las que pudieran implicar a funcionarios públicos, a fin de conocer la verdad y conseguir justicia y reparación. Garantizar unos protocolos vinculantes para facilitar a las familias información detallada y actualizada sobre las investigaciones. Reformar la legislación nacional sobre desapariciones forzadas con arreglo a las normas internacionales.
8.- Responder a las demandas de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente garantizar que este organismo cuenta con suficiente personal adiestrado, que los planes de trabajo y recursos son suficientes para cubrir las necesidades de protección, y que la dirección del Mecanismo goza de la confianza de defensores y periodistas. Garantizar que otras agencias federales, así como los gobiernos estatales y municipales cumplen todas las medidas de protección, y que los funcionarios que no lo hagan responden de sus actos. Establecer unidades dedicadas de policías y fiscales que trabajen con arreglo a protocolos concretos acordados para investigar ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.
9.- Demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular en tránsito, con independencia de si los autores son funcionarios públicos o bandas delictivas.
CartaEPN by http://www.animalpolitico.com:
No hay comentarios:
Publicar un comentario