AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ Y ARTURO RODRÍGUEZ.
Se trata de uno de los planes de infraestructura más importantes para el actual sexenio, pero a nadie se le ocurrió preguntar si los habitantes de la zona intervenida estaban de acuerdo con la edificación de las dos termoeléctricas y el gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Hoy, tanto el gobierno federal como los de Puebla y Morelos emplean toda la fuerza de los juzgados y sobre todo las amenazas y agresiones para levantar una serie de obras cuyo beneficio ni siquiera está claro.
La embestida de ambos mandatarios estatales contra quienes defienden su derecho a la autodeterminación ya provocó que 80 organizaciones civiles de distintos países, así como 90 intelectuales –encabezados por Noam Chomsky y Eduardo Galeano– firmaran un pronunciamiento para exigir que cesen la represión y a la violencia.
Además, dos visitadores de la ONU acudieron a Puebla para atender denuncias por la presunta persecución que ha emprendido Moreno Valle para desarticular la resistencia social contra diversos “proyectos de muerte”, como los llaman los vecinos de la región.
El PIM, ejecutado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prevé una inversión de 22 mil millones de pesos y se compone de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 159 kilómetros que pasaría por 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El gasoducto quedó inconcluso en el sexenio de Felipe Calderón y lo rechazan los habitantes de la zona. Los afectados son, en su mayoría, de origen náhuatl y se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
La oposición se basa en las advertencias que desde 2011 lanzaron especialistas del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias de la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Centro Universitario de Prevención de Desastres sobre el peligro de construir las termoeléctricas y el gasoducto junto al volcán Popocatépetl.
Paralelamente, académicos e investigadores han concluido en diversos foros que el PIM desencadenaría múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales.
Dos asuntos apremian al gobierno en el caso del gasoducto, cuyo costo estaba fijado en 260 millones de dólares y que, según el contrato, debía estar operando desde el 1 junio de 2013:
El primero es que el contrato SE-CPSTGN-001/2011, firmado en noviembre de 2011 con la empresa española Elecnor –ahora asociada con la también ibérica Enagás– contiene cláusulas que el consorcio podría invocar para exigir una indemnización millonaria, pus la CFE ha incumplido con obtener el derecho de vía.
El segundo es que una planta termoeléctrica debe terminarse a mediados de este año, pero necesita el gasoducto para operar.
El abogado René Sánchez Galindo, director de la ONG Colectivas, asegura que el PIM es una obra innecesaria pues en México hay capacidad de sobra para generar energía eléctrica. En 2010 el margen de reserva de electricidad del país se calculó en 47%, cuando a escala internacional se considera adecuado uno de 20%. Este año el gobierno federal no ha difundido la cifra.
Pese a ello, señala el estudioso, los gobiernos de Puebla y Morelos, “en confabulación con el federal”, han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos para imponer el PIM. Entre ellas se encuentra arriesgar la vida y seguridad de los habitantes, no respetar el derecho de consulta, emplear la fuerza pública de manera excesiva, fabricar delitos, perpetrar desapariciones forzadas y coartar la libertad de expresión y manifestación.
En un pronunciamiento que firmaron el 25 de marzo, las agrupaciones que integran el FPDATMPT advirtieron: “Se prepara una represión regional de grandes magnitudes para imponer el gasoducto, cuya estrategia encabeza Bonatti (subcontratada por Elecnor). (…) La empresa provoca a los pueblos, invadiendo sus tierras sin permiso, para después, en coordinación con los gobiernos de los estados, identificar a los opositores y demandarlos con delitos fabricados”.
Aunque los funcionarios estatales aseguran que el gasoducto tiene un avance superior a 80%, Miriam Vargas, integrante del FPDATMPT, refiere que apenas cinco de las 60 comunidades por las que atravesará han dado su permiso.
El terror en Puebla
Presto a congraciarse con el presidente Peña Nieto Moreno Valle lanzó una campaña de terror contra los opositores al gasoducto.
Entre el 6 y el 8 de abril la Procuraduría de Justicia de Puebla ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes del movimiento opositor. Al día siguiente de las capturas, el delegado en Puebla de la Secretaría de Gobernación, Juan Molina Arévalo, anunció que detendrían a más opositores de los megaproyectos, a quienes llamó “vivales”.
El 11 de abril, un grupo de hombres armados se presentó en la casa de Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el municipio de Atlixco, donde amedrentó a su familia.
Oculto desde entonces, el académico del Departamento de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias envió una carta: “Escribo invisible, escondido como si fuera un delincuente, que no lo soy, y sí como una persona amenazada, preocupado e indignado por la artera agresión que sufrió un miembro de mi familia, (…) ya que fue víctima de violencia física cuando sujetos armados entraron a mi casa de manera prepotente y, sin identificarse, la intimidaron con el encañonamiento de pistola, con jaloneos e insultos y dejaron amenazas para mi persona, con el fin de que no me metiera en nada del gasoducto”.
También el estudiante Alberto Melchor Montero, colaborador de Pérez Avilés en un programa de radio, denunció amenazas telefónicas. En protesta, alumnos y maestros de la BUAP realizaron una marcha durante la cual informaron que incluso investigadores que desarrollan tesis sobre el impacto del gasoducto han sido intimidados.
Ante las protestas, el secretario general de Gobierno poblano, Luis Maldonado Venegas, aseguró que eran jueces de Tlaxcala los que buscaban detener al profesor. Entonces Pérez Avilés envió un mensaje grabado: “No tengo ningún problema allá en Tlaxcala, no debiera tenerlo. Espero que no me lo inventen”.
En esas mismas fechas el Movimiento de Regeneración Nacional difundió que siete de sus integrantes eran buscados por grupos policiacos, mientras que la diputada Roxana Luna dijo que tenían conocimiento de seis órdenes de aprehensión contra activistas, amén de investigaciones contra otras 150 personas.
Entonces el gobierno poblano emitió un boletín para intentar aclarar lo ocurrido las últimas dos semanas: “Se manipula a la sociedad para politizar una situación legal, relacionada con la comisión de delitos en el ámbito de los fueros local y federal, en el que no sólo el gobierno del estado ha intervenido, sino que la PGR ha identificado en contra del proyecto del Gasoducto Morelos” (sic). Después, la delegación de la Procuraduría General de la República reveló que tenía indagatorias contra cinco opositores al PIM.
Desde el 13 de marzo el gobierno de Moreno Valle había puesto en jaque a los movimientos de resistencia, después de que en menos de 24 horas el Congreso recibiera, dictaminara, debatiera y aprobara una reforma a la Ley de Expropiaciones que permite al Estado apropiarse fast track de cualquier terreno que requiera para obra pública.
La semana antepasada, diferentes grupos de lucha social en Puebla formaron un frente común para repudiar la reforma. Recurrieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades en materia de Derechos Humanos y organizaciones como Front Line Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional (AI).
Presos políticos
No era la primera vez que un contingente policiaco irrumpía en los pueblos cercanos al Popocatépetl para “custodiar” maquinaria y personal de la constructora italiana Bonatti, pero la incursión del 13 de abril fue mucho más agresiva. Los contingentes policiacos cargaron contra la comunidad de Amilcingo, en Temoac, Morelos, detuvieron a seis personas, dejaron un herido de arma de fuego y presuntamente incendiaron maquinaria para inculpar a los comuneros que se oponen al PIM.
Desde 2012 la tensión en unas 90 comunidades aledañas al Popocatépetl, en Puebla, Tlaxcala y Morelos, ha derivado en denuncias por detención arbitraria, torturas y amenazas de violación sexual y de muerte contra los opositores al PIM (1870).
A partir de febrero pasado, cuando Bonatti comenzó los trabajos para el gasoducto –en calidad de subcontratista de las españolas Enagás, Elecnor, Abengoa y OHL, que obtuvieron el contrato con la CFE–, los opositores formaron grupos de vigilancia para evitar el paso de trascabos y grúas, pues insisten en que no hubo consulta para decidir la obra. También por la vía judicial han intentado evitar la construcción.
Hacia las 12:00 horas del 13 de abril, los inconformes recorrieron las inmediaciones de la normal rural de Amilcingo y salieron a la autopista Siglo XXI. En ese momento un grupo de patrulleros apareció en un puente, a unos 500 metros de donde se encontraban los comuneros. Los uniformados dispararon al aire, lanzaron gases lacrimógenos y se acercaron.
De acuerdo con el FPDTMPT ahí detuvieron a Juvenal Solís, Adán Rosales, Petra Ramírez, Victorina Ramírez, Jazmín Velásquez Ramírez y el ayudante municipal, Aarón Aguilar, a quienes se acusó de “daños, resistencia de particulares y desobediencia, ultrajes a la autoridad y lo que resulte”. Por la golpiza, Aguilar tiene lesionada la columna vertebral.
Para ir a buscar a los detenidos, los comuneros integraron una comisión que no pudo salir del pueblo. Como a las 14:00 horas unas 50 patrullas de la Policía Federal y del Mando Único morelense regresaron al poblado y aplicaron la misma agresión: abrieron fuego y lanzaron gas lacrimógeno.
Con palos, piedras y machetes los comuneros resistieron y formaron barricadas en las bocacalles para evitar el avance policiaco. Entre las 14:00 y las 16:00 horas hubo al menos dos enfrentamientos. Ahí resultó herido por dos balas de goma y una de fuego el joven Julio Solís Barranco. Sólo entonces el operativo se replegó.
La versión del gobierno de Morelos indica que cerca de las 14:00 horas unas 50 personas estaban dañando maquinaria de la constructora y que, cuando los policías intervinieron, fueron agredidos por comuneros, quienes además dañaron dos patrullas.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, un organismo ciudadano, dio la razón a los manifestantes. En un comunicado asentó que, por los testimonios que pudo recabar, los policías realizaron un “montaje” para inculpar a la comunidad y justificar la represión, por lo que exigió una investigación exhaustiva al Mando Único.
El 14 de abril, en respuesta a una nota publicada en el portal electrónico de , la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos (CESPM) declaró en una carta que “ante la magnitud de la agresión”, los policías lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a cinco personas. No reconoció la detención de Juvenal Solís, las lesiones de Aarón Aguilar ni la herida de bala de Julio Solís. Por el contrario, rechazó que durante la jornada se hayan disparado armas de fuego.
Según la CESPM, fueron trabajadores de la empresa Elecnor quienes pidieron ayuda. No obstante, en la “puesta a disposición” de los detenidos, que consta en el oficio DZO/333/2014, entregado por la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos a la fiscalía en turno, quien “denunció la situación” fue un “campesino que no quiso identificarse”.
En su texto la CESPM expuso: “La Fiscalía General del Estado informó que sólo se retuvo a Aron ‘N’ (sic), puesto que ahora se sabe que esta persona dio alojamiento a los líderes y activistas de Puebla, de los cuales un grupo presuntamente prendió fuego a maquinaria pesada, mientras otros 40 se manifestaban en el lugar de los hechos”.
El FPDTAMPT señaló que mantener detenido a Aarón Aguilar por “dar hospedaje” era absurdo. Finalmente todos los detenidos quedaron en libertad.
Desde ese día los patrullajes aumentaron en las comunidades e incluyeron presencia militar. El pasado 28 de abril fueron desplegados cientos de policías y soldados en las inmediaciones de Amilcingo.
Fuego en el volcán
La andanada represiva en Morelos se inició en septiembre de 2012, en los primeros días de mandato del perredista Graco Ramírez, quien lanzó un operativo policiaco para desalojar mujeres y ancianos que impedían el ingreso de la maquinaria a Huexca, donde se construyen dos termoeléctricas.
Un año después, el 13 de septiembre de 2013 –luego de que comuneros de Ayala Morelos, que no pertenecen al FPDTAMPT, obtuvieran un amparo contra la construcción de un acueducto para el enfriamiento de las turbinas en la termoeléctrica– la gente de Huexca protestó porque los trabajos seguían. Con una sentada colectiva intentaron impedir el paso de maquinaria, pero un contingente de policías los retiró y detuvo a Jaime Domínguez, quien denunció que fue torturado.
Durante la sesión de tortura, sostuvo Domínguez, amenazaron con violar a Samantha César, una defensora de derechos humanos que acompaña al movimiento.
De acuerdo con las activistas Samantha César y Miriam Vargas, la violencia en el estado empeoró. Ahora se han sufrido amenazas anónimas y audiencias en la Secretaría de Gobierno de Puebla, donde han llamado a los comuneros más visibles en la oposición al PIM en Nealtican, para amenazarlos con expresiones como “le puede pasar algo a su hijo” o “alguien no podría titularse”.
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